Navarra y el Estado han sellado este viernes el acuerdo por el que se modifica la ley que regula el Convenio Económico Económico y que, entre otros cambios, incluye la gestión y recaudación por parte de la Comunidad foral de los dos nuevos impuestos que aprobó el Estado en la ley 7/2024 de 20 de diciembre.

Se trata del impuesto complementario para garantizar un gravamen mínimo del 15% por parte de grupos multinacionales o nacionales que tengan una facturación anual superior a los 750 millones de euros. Es la transposición de una directiva europea.

El otro tributo es el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

Desde el Gobierno ya indicaron que de momento no tienen una cifra sobre cuánto supondrá en recaudación para Navarra la gestión de ambos tributos.

El acuerdo, con los cambios legales, se ha firmado este viernes en las reuniones vía telemática de los representantes de Navarra y el Estado en la Comisión Negociadora y en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico.

SE MODIFICAN 22 ARTÍCULOS DE LA LEY

En total se modifican 22 artículos de la ley, una disposición adicional y tres transitorias, con la inclusión de los dos nuevos impuestos y otros cambios, muchos de carácter técnico.

Según destacó el Ejecutivo, incluye la ampliación de la competencia normativa para Navarra en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes; la elevación de 10 a 12 millones de euros del volumen de operaciones para tributar en cifra relativa en el Impuesto sobre Sociedades, en IVA y en el Impuesto del Juego, o la aplicación del régimen de diferimiento del ingreso del IVA a la importación para las empresas navarras. El acuerdo recoge un nuevo ajuste fiscal del Impuesto Especial de fabricación sobre los líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros productos relacionados con el Tabaco.

EN VIGOR, PARA 2026

Tras esta firma, los cambios en la ley del Convenio Económico Navarra-Estado deberán ser aprobados por el Gobierno foral, que los remitirá al Parlamento, donde deben ser aprobados por mayoría absoluta (al menos 26 de los 50 parlamentarios).

Luego, la modificación legal pasará por el Consejo de Ministros para tramitarlo en las Cortes Generales y finalmente se publicará en el BOE. Arasti espera que se publique antes de final de año, para que los cambios puedan entrar en vigor en 2026.