El sindicato CCOO ha denunciado que en Navarra una persona dependiente tiene que esperar casi siete meses, 204 días, para que se valore su situación y se le asigne una prestación. Así se indica en el informe ‘El impacto de la dependencia en Navarra’ que analiza la situación de este sistema de atención y en el que el sindicato propone un plan de choque para fortalecer el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Según el informe, la demora ha empeorado un 12% ya que ha pasado de 174 días de espera media a los 204 registrados el año pasado.

Con todo, la situación en la Comunidad foral es mejor que en otras comunidades, ya que la espera media es de 333 días. Solo Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Castilla y León adelantan a Navarra en este aspecto.

En total, hay 529 personas en lista de espera. De ellas, según el informe, 458 han sido valoradas pero están a la espera del Plan Individualizado de Atención y, por lo tanto, de la asignación de una prestación. Y otras 71 personas aguardan la valoración de su situación de dependencia y el grado de la misma.

“En una situación de dependencia y deterioro cognitivo siete meses es una barbaridad”, apuntó Joseba Eceolaza, secretario de Políticas Públicas y Sociales de CCOO, que presentó el informe junto a Chechu Rodríguez, secretario general de CCOO. Además, dijo, la ley fija un plazo máximo de 180 días para reconocer una prestación.

MÁS DE 16.000 PERSONAS

Según el informe, desde que se aprobó la ley de Dependencia en 2006 en Navarra han sido protegidas más de 35.000 personas, lo que coloca al SAAD como un sistema importante para la calidad de vida de las personas con dependencia y estratégico para la Comunidad foral.

Actualmente, hay 16.475 personas con algún tipo de dependencia que reciben 23.151 prestaciones, lo que supone 1,4 por persona. Engloban desde la teleasistencia hasta la ayuda a domicilio, centros de día-noche, atención residencial, prestación económica vinculada al servicio, de cuidados familiares y de asistencia personal. El estudio revela que en los últimos seis años las prestaciones se han incrementado un 30%, de 17.706 en 2018 a las más de 23.000 actuales.

Entre las prestaciones más comunes que se dan en Navarra está la prestación económica para cuidados familiares (42,15%), muy por encima de la media estatal que es del 29,9%. Y, este sentido, el informe destaca que Navarra es una de las comunidades que más utiliza las ayudas económicas en detrimento de la prestación de servicios, cuando la ley otorga carácter prioritario a los servicios frente a la prestación económica. “Es un incumplimiento que venimos arrastrando desde hace años”.

Así, el servicio de ayuda a domicilio (SAD), uno de los apoyos que fomenta la autonomía y la pervivencia en el hogar, solo se reconoce en el 4,9% de los casos, por debajo de la media estatal, aunque las horas al mes doblan la media estatal, con 56,7 para personas dependientes en grado I y 97,6 en casos de grado III.

El informe pone de relieve que el empleo en los cuidados es una oportunidad que es necesario aprovechar. De hecho, el volumen de empleo que genera es importante y llega a 13.000 personas trabajadoras en el ámbito de los servicios sociales. De ellas, 5.558 trabajan en centros residenciales.

El estudio añade que más del 50% de las personas beneficiarias del SAAD (16.400) son atendidas con servicios profesionales y que desde la pandemia, en 2020, ha sumado 1.628 empleos. “Genera un fuerte impacto”, afirma. En concreto, supone el 4,3% de las personas ocupadas en Navarra, cuando en el conjunto de España son el 3,6%.

Sin embargo, matiza que en este sector se arrastra una tasa de parcialidad muy alta y, teniendo en cuenta que se trata de un sector feminizado, redunda en las brechas salariales y de oportunidades que lastran las carreras de cotización de miles de mujeres, añade. Del total de personas asalariadas en este sector, 3.300 trabajan a jornada parcial, lo que supone un 28,5% de parcialidad. De ellas, 1.134 tienen además un contrato temporal.

PREPARAR NAVARRA

El informe de CCOO destaca que Navarra se debe preparar para una mayor presión asistencial en dependencia, lo que implica ampliar los servicios, construir más residencias, centros de día, de atención a la discapacidad, más contratación de personal, etc.

Añade que el incremento de personas en situación de dependencia, y por tanto el esfuerzo económico y social del Gobierno, ha sido creciente. Por eso, aboga por la planificación mediante un plan de choque que aborde un aumento del gasto público, ayudas para los ayuntamientos que quieran recuperar la gestión de las residencias de propiedad municipal pero gestión privada con ánimo de lucro o más formación, entre otras medidas.