"Esta es una llamada de auxilio. No podemos más. No podemos dar una buena atención si nosotros estamos así". Con estas palabras se cerró este martes la comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra, que recibió a una representación de trabajadores de centros de menores y de todo el sector de la intervención social. El panorama que describieron supuso que todos los grupos, los del Gobierno incluidos, reconocieran la necesidad de cambiar el sistema para adecuarlo a las nuevas necesidades.  Los de la oposición fueron más allá y llegaron a hablar de "alarma social" ante las situaciones de "saturación", "agresiones", "falta de recursos especializados",  "condiciones laborales precarias" e "incumplimiento de pliegos" que los profesionales desgranaron. "No es algo puntual o de algunos recursos en concreto. Es una situación general", sostuvieron los comparecientes: Julen Ardanaz, Maitane Erro, Sara Legarda, Azahara de la Torre y Aitor Bastarrica. 

El sistema de intervención "no está atendiendo las necesidades" porque "la sociedad ha cambiado, pero los recursos, no". "Es como intentar trabajar de administrativo sin ordenador", compararon. "Por poner un ejemplo claro, actualmente hay una gran cantidad de personas terapéuticas y el sistema no está preparado para estos casos". 

SITUACIONES DE RIESGO Y AGRESIONES

Esto provoca que tanto las personas trabajadoras como las usuarias estén "a todas luces desprotegidas", sostuvieron, aportando datos como que de media tienen un parte de agresión diaria registrado. "Es tal el volumen que se ha normalizado entre las plantillas, cuando esto no debería ser así. El mensaje que se nos traslada es que esto son gajes del oficio".  En el mes de enero, tienen constancia de que en un recurso concreto se han registrado 61 agresiones verbales, 56 agresiones físicas, 47 por daños materiales y 6 por objetos arrojadizos". "Esto hace un total de 170 agresiones. En muchos otros -recursos- habrá datos parecidos". Las consecuencias recaen en las personas trabajadoras, "hay equipos con un 70% de las personas de baja", pero también en las usuarias. "Dedicas tiempo y recursos a apagar fuegos en vez de realizar una buena intervención". 

Trasladar usuarios en vehículos particulares sin cobertura del seguro o atender en solitario a una persona con perfil terapéutico en su domicilio particular son algunas de las situaciones que les ponen "en riesgo". "Los perfiles han cambiado y no decimos por gusto que nuestra salud está en riesgo. Las trabajadoras hemos recibido agresiones físicas graves, como que una persona usuaria nos agarre del cuello hasta casi la asfixia o que nos amenacen de muerte". Aun así, "las trabajadoras velamos por el bienestar de las usuarias en todo momento". 

En ocasiones, "las propias personas usuarias han sido las que han hecho la contención a otra usuaria porque nosotras, debido a los irrisorios ratios que hay, no hemos podido atender en ese momento. Y esto deja en evidencia que el sistema falla. Es una clara muestra de la ineficacia del sistema para responder a las necesidades de las usuarias y en cómo se pone en riesgo la salud de las trabajadoras". 

PETICIONES CONCRETAS

A juicio de los comparecientes, parte de estos problemas se resolverían si el Gobierno de Navarra asumiera la gestión directa de estos centros y recursos. "Es la manera de que haya una intervención coherente. Las entidades ya las conocemos todos, cada una mira por su propio beneficio". 

Otras de las peticiones que pusieron encima de la mesa fue la creación de recursos residenciales específicos para algunos perfiles, como los menores con problemas de salud mental. También pidieron la creación de una mesa de trabajo "donde las personas trabajadoras tengan voz y voto" así como "compromiso político" para el desbloqueo de los convenios que les conciernen: el de intervención social y el de la fundación Gizain. "Pedimos una equiparación salarial, que es para lo que nació". Al Gobierno de Navarra le pide "más vigilancia" para el cumplimiento de los pliegos. 

Más formación para los profesionales y la creación de un grado de Educación Social en la UPNA también figuraron entre su lista de reivindicaciones.