Diferenciar iniciativa o interés en entablar relación con una persona con insistir por encima de lo razonable y acosarla hasta que te denuncie parece bastante sencillo sobre el papel. No siempre lo es y, en los casos más extremos conlleva arrestos e incluso condenas judiciales cuando hay pruebas de que el acoso consigue alterar la vida diaria de la persona a la que se dirige. Es el denominado stalking, una tipología concreta recogida desde 2015 en el Código Penal.

Esta misma semana la Policía Foral arrestaba a un hombre en la Zona Media acusado de ejercer un acoso sexual telefónico contra otra persona, una mujer, a la que efectuó más de 50 llamadas. Hubo días en los que intentó establecer una conversación con ella hasta en 18 ocasiones, a pesar de que la mujer ya le había manifestado con anterioridad que deseaba que dejara de llamarle. Existen denuncias previas por comportamientos similares en 2023 y 2024, indicaron en la Policía Foral. 

En cualquier caso, aunque el stalking fue introducido en la legislación pensando en la violencia de género, no excluye otro tipo de acosos. Sí exige que la víctima sienta intranquilidad o angustia y que pueda verse obligada a cambiar sus hábitos, sus horarios, sus números de teléfono o incluso su lugar de residencia y trabajo.

La primera condena en Navarra por un delito de stalking se produjo en 2016 y estableció una multa de 480 euros a un hombre llamó, envió mensajes de whatsapp y audios, así como fotografías a una conocida. Alejada del ámbito sexual, se dio otra actuación en Pamplona por la que la Policía Nacional arrestó a un hombre que llegó a efectuar 600 llamadas en cuatro meses en 2020 a una vecina con afán de molestarla. Los investigadores se inclinaban entonces por que fue “un problema de convivencia”.