Diario de Navarra

Entre 2021 y 2024 la dirección general de Vivienda ha recibido 76 solicitudes de propietarios afectados por la suspensión de desahucios a inquilinos vulnerables. Hay que recordar que junto a esta suspensión que se aprobó en marzo de 2020, y se ha ido prorrogando hasta diciembre de 2024, se reconoció también el derecho de los arrendadores afectados a solicitar una compensación económica siempre que lograran acreditar que la suspensión de los lanzamientos les había ocasionado perjuicio económico al encontrarse la vivienda afectada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada del inquilino en el inmueble. Pero para el grueso de los propietarios que han acudido estos años a Vivienda, y no todos lo afectados lo han hecho, acreditar el perjuicio económico sufrido no parece haber sido fácil, a tenor de la resolución de estos expedientes. De las apenas 76 solicitudes de compensación presentadas durante los últimos cuatro años, por un importe total de 462.124,64 euros, 56 de ellas, casi el 74%, han sido denegadas, lo que les ha impedido percibir las cantidades que reclamaban superior a los 400.000 euros (402.555,85 euros). Tan sólo 20 de las solicitudes han sido estimadas, seis de ellas en parte y las otras 14 íntegramente, y el importe total abonado por Vivienda ha ascendido a 59.568,79 euros, menos del 13% de la cantidad total que había sido reclamada. “Somos conscientes de que hay muchas denegaciones. El problema es que la normativa que regula el derecho de compensación es un real decreto estatal que considero que no está muy bien regulado y donde se establece todo un proceso y unos requisitos muy exigentes”, reconoce la directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, Elga Molina Roig, recordando que se trata de un decreto afectado por el período covid que se ha ido prorrogando donde se exige el cumplimiento de una serie de medidas que en la práctica son difíciles de aplicar y conducen en muchos casos a la denegación de la solicitud. Asegura que, en cuanto tenían el auto de suspensión, muchos propietarios han venido solicitando esa compensación reclamando la totalidad de los meses que han dejado de percibir la renta de alquiler. “Muchos propietarios piden la ayuda desde el principio, cuando su inquilino les deja de pagar, pero la norma exige tener el auto de suspensión. Son dos momentos distintos. Por eso en algunos casos ha habido reconocimientos parciales de ayuda”. Según explica Molina Roig, a lo largo de estos años los motivos por los que se han denegado solicitudes de compensación han sido muy variados. “No hay un caso concreto, hay varios temas que se incumplen en el proceso. Por ejemplo, que no se trata de una suspensión covid porque la ley también prevé otra clase de suspensiones, que no se cumplan los requisitos tal y como se exigen en la norma o se hayan solicitado mensualidades que no corresponden”. Según la norma, para que estos arrendadores puedan acceder a esta compensación de rentas primeramente los servicios sociales, encargados de declarar a una personas como vulnerable, deben señalar en el mismo informe de vulnerabilidad “las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna”. Y sólo si la administración competente, en Navarra la dirección general de Vivienda, no implementa esas medidas propuestas por los servicios en un plazo de tres meses desde a la firma de dicho informe, la solicitud del arrendador de compensación por las rentas impagadas recibe luz verde. Algunas fuentes consultadas aseguran, no obstante, que en muchas ocasiones los informes de los servicios sociales municipales no contienen ninguna propuesta de alternativa habitacional para la persona vulnerable, por lo que la administración foral argumenta que no incurre en incumplimiento de su implementación en tres meses, denegando así la reclamación de compensación de rentas del propietario. CLAVES SOBRE LA DECLARACIÓN DE VULNERABILIDAD Desde 2020 los inquilinos podían instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que les imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que convivan. Los principales criterios para evaluar la vulnerabilidad de un inquilino venían relacionados con su situación económica, familiar y social, que debían acreditarse mediante la presentación de informes y documentación expedida por los servicios sociales.1 Criterios económicos. El criterio económico es uno de los principales factores a tener en cuenta. Para ser considerado vulnerable, el inquilino debe encontrarse en una situación económica que dificulte el pago del alquiler. Los umbrales de ingresos son establecidos en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se actualiza anualmente. Entre los aspectos que se tienen en cuenta está que los ingresos totales de la unidad familiar no superen tres veces el IPREM, lo que en 2024 suponía unos 24.318,84 euros anuales. Un umbral que puede aumentar en función de las características del hogar, como el número de hijos a cargo o si alguno de los miembros tiene una discapacidad. Si la unidad familiar es monoparental con dos hijos a cargo, el umbral se amplía hasta cinco veces el IPREM.2 Criterios familiares. Se valoran las características de la unidad familiar para determinar si el desahucio afectaría de manera desproporcionada a personas en situación de especial vulnerabilidad, como menores, personas mayores o dependientes. Las familias con hijos menores de edad suelen ser consideradas vulnerables. También los inquilinos mayores de 65 años y las familias que incluyen miembros con algún tipo de discapacidad o dependencia.3 Criterios sociales. Entre los supuestos más relevantes están los que afectan a víctimas de violencia de género y a personas en riesgos de exclusión social.

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Navarra sólo ha abonado el 13% del dinero reclamado por propietarios por impagos de inquilinos vulnerable

76 propietarios han reclamado desde 2021 462.124€ pero Vivienda ha reconocido solo 59.568€. Vivienda lo achaca a la “elevada exigencia” de los requisitos

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