“Los trabajadores del sector público estamos conquistando cada vez más derechos laborales, pero algunos de estos derechos claramente ponen en riesgo la sostenibilidad económica del sistema público y su sostenibilidad organizativa”. Con esta queja tan políticamente poco correcta se despachó ayer Carles Ramió, quien además de catedrático de Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra tiene la condición de funcionario desde hace más de 35 años. Recientemente ha sido nombrado por el presidente catalán Salvador Illa al frente de una comisión de expertos que pretende dar una vuelta a una administración que, como el resto de las existentes en España, considera al borde del colapso por la falta de transformaciones en los últimos años.

Carles Ramió se expresó así en una entrevista grabada que formó parte del programa de la jornada ‘La reforma de la Administración Pública: situación y retos’ organizada por la Cámara de Comptos y que fue inaugurada por la presidenta de Navarra, María Chivite.

La queja de Carles Ramió no se quedó allí sino que apuntó también hacia quienes hacen más para que esas conquistas laborales de los empleados públicos se apuntalen. No dudó en hablar de los “privilegios” de los funcionarios y de la necesidad de “limitar” la capacidad de presión de los sindicatos “restringiendo de forma drástica su actividad en la Administración Pública”. Ramió se excusó tras esta afirmación asegurando que su ideología “no es neoliberal”. “Yo soy un defensor de lo público -señaló- y lo que quiero es que lo público sobreviva, que no desaparezca, que no se haga realidad lo de ‘entre todos la matamos y ella sola se murió’, y para ello hay que tomar algunas decisiones y hacer algunas reformas que pueden ser dolorosas”.

Ramió defendió, no obstante, “que la gran mayoría de los empleados públicos están bien cualificados y tienen un desempeño por encima de la media. Yo me siento muy orgulloso de ser funcionario y en general todos somos magníficos profesionales y magníficas personas, pero nuestra acción colectiva deja mucho que desear canalizada por unos sindicatos que han maximizado unos derechos que ya son privilegios y también por actitudes corporativas de las que cuesta mucho salir de la zona de confort”.

CITAS PREVIAS Y CUELLOS DE BOTELLA

Ramió afirmó que él no propone que la Administración Pública copie el modelo del sector privado, pero también añadió que no puede ir descontextualizada de lo que ocurre en el mundo real. En lo que se refiere a materia retributiva sostuvo que en el sector público existen una tablas retributivas “que son totalmente disparatadas”. Así sostuvo que los máximos responsables tienen unas retribuciones muy bajas frente al personal de nuevo acceso. Y lo ejemplificó con su propio caso: “Mi hija, que es interina y a día de hoy realiza labores de aprendizaje, cobra el 50% de lo que yo cobro, que llevo 35 años y ocupo uno de los puestos más altos. No obstante, auguró que este tipo de puestos más sencillos serán automatizados o externalizados en un futuro.

Sobre el teletrabajo defendió que se implantó en la pandemia de un modo “sobrevenido, mal pensado” y que a día de hoy está “mal implantado”, si bien defendió su necesidad. En todo caso, criticó que la atención presencial “se ha resentido” y que la administración digital “está muy bien”, pero “el 40% de los ciudadanos no tienen competencias suficientes para interaccionar con la Administración”.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, dio a conocer este viernes la cifra de quejas ciudadanas que han llegado a su institución en los diez primeros meses del año por desencuentros con la Administración. Se trata de 1.193, una más que las que se recibieron en los doce meses del año anterior. Según Vera, de las 1.192 quejas presentadas en 2024, hubo 628 que se resolvieron de forma favorable para los ciudadanos (244 sobre la marcha y 384 tras emitir una resolución con sugerencia a las Administraciones afectadas).

Vera sugirió que a la Administración todavía le falta una práctica restaurativa. “Los ciudadanos echan en falta que la Administración pida disculpas en esos 628 casos citados”.

Vera participó en una mesa redonda junto a la consejera de Función Pública, Interior y Justicia, Amparo López; y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y alcalde de Tafalla, Xabier Alcuaz. La mesa estuvo moderada por el catedrático de la UPNA Emilio Huerta.

LÓPEZ, 'MENSAJE' A LOS JUECES

La consejera Amparo López subrayó la necesidad de defender los servicios públicos y de adecuar la Administración a los retos del siglo XXI. Recordó los esfuerzos que se están haciendo para reducir la tasa de temporalidad en el sector público, exigidos desde Europa, y ofreció algunas cifras de los procesos de estabilización. En total, la Administración foral ha celebrado 388 procesos selectivos en los que se han estabilizado 3.548 plazas y a los que han concurrido 61.349 aspirantes (muchos de ellos se presentaron a varios procesos). Hasta 2.117 personas han participado en los tribunales. López calificó el trabajo desarrollado como “arduo” e “intenso”. “Si alguien del ámbito judicial me está escuchando que tenga en cuenta esto”, sugirió en alusión a las dos cuestiones que ha elevado el TSJN al Constitucional sobre concursos de méritos, uno de ellos el de secretarios e interventores. López también defendió el trabajo que se está realizando desde la Administración foral para sacar un Estatuto de Personal en colaboración con los sindicatos. Representantes de estos últimos también participaron en la jornada a través de vídeos grabados.

Xabier Alcuaz recordó los 272 municipios que tiene Navarra, de los que el 70% suma menos de 1.000 habitantes. Insistió en la necesidad de que se aplique la reforma del mapa local aprobada en 2019 con el objetivo de brindar unos servicios públicos a toda la ciudadanía, sin que haya una Navarra de primera y otra de segunda. La jornada fue clausurada por Unai Hualde, presidente del Parlamento.