Desconfianza y muchas dudas entre los inmobiliarios navarros sobre el control de los alquileres

El sector inmobiliario navarro afronta con desconfianza y muchas dudas la próxima declaración de zonas de mercado residencial tensionado que afectará a 21 municipios de la comunidad y que, entre otras medidas, incluye limitaciones de precios en los nuevos contratos que se rubriquen cuando esa declaración sea firme, previsiblemente en el segundo trimestre de 2025. La preocupación por los efectos que esta declaración pueda tener sobre el mercado del alquiler es máxima y así se puso de manifiesto durante el encuentro que el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Navarra (COAPI) organizó este miércoles por la mañana en un hotel de la capital navarra. Acudieron más de 150 personas superando las previsiones de aforo y obligando a habilitar contra reloj nuevos espacios para los asistentes que iban llegando con la jornada ya iniciada.

El objetivo del evento era que la directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, Elga Molina Roig, explicara las implicaciones técnicas que tendrá esa declaración para a continuación debatir con el sector la controvertida medida. Un debate que no defraudó y en el que también fue protagonista el director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón Cuadrado.

Los cuestionamientos de los asistentes que tomaron la palabra versaron tanto sobre el sistema en sí, por los efectos que el control de los alquileres pueda tener sobre la reducción de la oferta, como por las decisiones específicas que se adoptarán en la comunidad con una declaración de zonas de mercado residencial tensionado que según se ha anticipado afectarán al 68% de la población navarra y que incluye, como reprochó uno de los asistentes, a municipios como Peralta o Cintruénigo “sin apenas movimiento” de vivienda. “Es una medida artificial y se debería impulsar que la contención de precios fuera natural poniendo más viviendas en el mercado. Para eso está el tema fiscal. Se puede castigar a los que no pongan sus viviendas vacías en el mercado”, planteó uno de los intervinientes.

“Se esta incentivando el miedo y eso hace que muchos propietarios saquen sus vivienda del mercado. Estamos haciendo un flaco favor al propio mercado. Es imposible que el mercado se regule de forma natural”, replicó Molina sin declinar en ningún momento durante los casi sesenta minutos de debate el cuerpo a cuerpo dialéctico con los asistentes.

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El único aplauso de la jornada llegó cuando una de las asistentes alzó su voz para pedir un reconocimiento para su sector, “importante, que no se puede demonizar, que ha estado al pie del cañón y que ha visto incrementado su trabajo por la carga burocrática que acarrean los cambios normativos. Ya sabemos que no podemos cobrar y que los gastos de gestión inmobiliaria y las de formalización del contrato son a cargo del arrendador, pero ¿sabe la administración lo que nos está suponiendo este trabajo?”, planteó después de que la directora general hubiera recordado este extremo al final de su intervención. “Asumo que es un sector profesional, pero tengo que explicar las cosas como son y recordar las normas. Nos han llegado al departamento reclamaciones de agentes que no están cumpliendo”, justificó la directora general de Vivienda. El director gerente de Nasuvinsa terminó reconociendo que tanto él como Molina tuvieron que escuchar cuando buscaban piso de alquiler que “los honorarios los paga el inquilino”. “Seguro que es minoritario, pero todos tenemos que hacer una reflexión sobre lo que no hace bien esta parte del mercado”, defendió.

“Gracias Elga, por su amabilidad y valentía por estar aquí”, anticipó en el arranque de la jornada el presidente del COAPI, Miguel Elizari Díez. Las explicaciones de Molina sobre las implicaciones que tendrá la declaración de zonas de mercado tensionado fueron exhaustivas pero a tener de las preguntas que varios de los asistentes le trasladaron en el turno para el debate no fueron suficientes para disipar sus temores.

Nada extraño después de que expertos de diferente índole hayan repetido como un mantra en los últimos meses las consecuencias negativas que podría tener la intervención del mercado en estas zonas calientes para el alquiler y de que el propio sector inmobiliario haya advertido de la fuerte retirada de viviendas del mercado del alquiler habitual ante la incertidumbre legislativa y jurídica, con la Ley de Vivienda como piedra angular, y el miedo a no poder recuperar sus viviendas en caso de impago tras las sucesivas prórrogas de la suspensión de lanzamientos a personas vulnerables que se acordó para hacer frente a la covid y todavía hoy mantienen paralizados decenas de procedimientos en toda España.

Consciente de la situación, la directora de Vivienda optó por empezar su intervención pidiendo confianza y reclamando al sector colaboración. “Tenemos el mismo objetivo: que el mercado sea estable y seguro. Estamos abiertos a cualquier propuesta y colaboración. Todos somos responsables a la hora de trasladar información y dar seguridad al mercado. El objetivo es frenar la escalada de precios”, defendió. El debate se inició cuando uno de los asistentes trasladó el miedo de propietarios a no poder recuperar sus inmuebles por la suspensión de lanzamientos de personas vulnerables que lleva a muchos a elegir a los inquilinos. “Son muchos los que no quieren familias extranjeros ni a parejas con hijos pequeños. Eso nos está pasando”, advirtió antes de pedir “garantías” para esos propietarios. “Los profesionales, como nos pasó en 2007, somos los primeros que recibimos los efectos no deseados de la norma. Nos cuesta alquilar a cierto tipo de personas pero para eso están los poderes públicos, para solucionar lo urgente”, abundó el presidente del COAPI.

“La paralización de los lanzamientos es una medida estatal pero somos conscientes de la problemática que genera”, admitió Molina antes de animar a los propietarios afectados por esta situación a solicitar el derecho a la compensación de rentas a la que tienen derecho. “Una de las propuestas que tenemos sobre la mesa pasa por incrementar el presupuesto que Navarra destina a este supuesto para poder compensar las rentas que se dejan de cobrar”, avanzó consciente de la urgencia de dar tranquilidad a esos propietarios que están en contra de ofrecer viviendas al mercado.

En respuesta a esa petición de “garantías” para el propietario, el gerente de Nasuvinsa no dudó en recordar que en las viviendas que se ceden a la bolsa de alquiler es el Gobierno de Navarra, a través de sociedad pública, el que asume tanto la garantía del cobro como la devolución de la vivienda en buen estado. “Estamos en vuestro barco”, enfatizó para tratar de aplacar los ánimos de la sala.

Los responsables de vivienda dejaron claro durante el debate que contrarrestar los efectos negativos que puede llegar a tener la declaración de zonas de mercado tensionado, en parte, por los agujeros del alquiler temporal, será objetivo prioritario. Lo que se pretende es introducir la obligatoriedad de registrar, también, estos contratos de alquiler temporal cuya regulación no depende de la comunidad. Hay que recordar que este registro obligatorio únicamente afecta hoy en Navarra a los alquileres habituales. La directora de Vivienda, Elga Molina Roig, aseguró que mientras no se regule este contrato temporal será difícil evitar el trasvase de caseros del alquiler habitual. Y este extremo, apostilló el director gerente de Nasuvinsa, afecta a la oferta. “Está habiendo un desvío, en parte conforme a derecho, y, en parte, fraudulento, y ese desvío está incentivado por una mala regulación estatal”, defendió asegurando que a pesar de ese desvío que afecta a la oferta el número de familias que viven de alquiler cada vez es más grande. Otra de las asistentes mostró su preocupación por el índice de precios de referencia que regulará los alquileres en las zonas tensionadas para las viviendas que se alquilen por primera vez ante el temor de que los propietarios “puedan perder dinero”. Aunque el índice todavía no ofrece datos de Navarra, que Molina presentara el precio de referencia que ofrece el sistema para una vivienda de un barrio de Tarragona, por debajo de los 500 euros, causó cierta intranquilidad. “En cinco viviendas eso es pérdida de dinero”, llegó a cuestionar la responsable de una agencia inmobiliaria de la comarca. “Una cosa son las expectativas de ganancia que pueda tener un propietario y otra cosa que de facto haya un quebranto económico. Si el mercado está tenso la propiedad gana dinero: no es lo mismo el lucro cesante que el daño emergente”, zanjó Burón.