Diario de Navarra

El Gobierno de Navarra pagó 17,8 millones a las cinco empresas que se encargaron de la conservación de las carreteras entre diciembre de 2023 y julio de 2024 a pesar de estar los contratos caducados por el retraso de más de seis meses que sufrió esta licitación. Esta “inadmisible demora” por parte del departamento de Cohesión Territorial ha recibido un toque de atención por parte de la Intervención Delegada, que advierte de los “problemas presupuestarios y de legalidad” que esto genera. El 1 de diciembre de 2023, coincidiendo con el inicio del plan de vialidad invernal, caducaron cinco contratos de conservación de carreteras. La nueva licitación salió en febrero de 2024 y la adjudicación de los nuevos contratos para el periodo 2024-2027 se publicó en julio. Se trata de cinco lotes correspondientes a otros tantos centros de conservación por un importe total de 99 millones para los cuatro años. “Si algo es conocido por parte de Obras Públicas es la fecha en que terminan los anteriores contratos cuatrienales y la fecha en que deberían estar licitados, adjudicados y formalizados los nuevos contratos: 1 de diciembre de 2023”, expone el informe de Intervención. Es más, “dado el perjuicio económico que esta situación está suponiendo para la Hacienda Pública de Navarra”, la Intervención Delegada ve necesario poner estos hechos en conocimiento de la “correspondiente autoridad para que en el ámbito de sus competencias proceda a dilucidar las responsabilidades que pudieran existir”. El interventor destaca que el propio departamento de Obras Públicas defiende la importancia de una buena gestión de la conservación de carreteras. “No reparar un bache en la capa de rodadura supone tener que arreglar todo el firme al año siguiente”, dice el expediente de contratación, que también alerta de los riesgos para la seguridad de unas carreteras en mal estado y de las reclamaciones patrimoniales, por ejemplo, en caso de accidente por un desprendimiento. ¿Por qué se produjo una demorada de más de seis meses? Obras Públicas ofrece tres explicaciones. Por un lado, la proximidad de las elecciones autonómicas y la “incertidumbre sobre la posterior formación de gobierno y sus consejeros que podría comprometer la viabilidad económica por los incrementos planteados en dichos proyectos”. Además, se planteó incluir en el pliego la construcción de nuevas instalaciones en el centro de conservación de Tudela, idea que fue desechada porque el Servicio de Presupuestos consideró que estas obras requerían de una licitación independiente. Obras Públicas también argumenta que por aquellas fechas se dio prioridad a la tramitación de otros proyectos como los túneles de Belate o los carriles bici que contaban con ayudas europeas. El interventor rechaza estos argumentos y recuerda que el 26 de julio de 2023 el Gobierno de Navarra autorizó la licitación, pero hasta diciembre no se realizó ningún trámite. RETRASOS EN LAS FACTURAS Cuando un servicio esencial, como es la conservación de carreteras, debe prestarse sin el paraguas legal de un contrato público se recurre a la figura del enriquecimiento injusto. Es decir, se le pide a la contrata que continúe realizando los trabajos y que posteriormente aporte las facturas para su abono. El pago se autoriza mediante acuerdo de gobierno en su sesión semanal. Previamente, la Intervención debe emitir un informe de omisión de omisión de fiscalización, que se publica en el Portal de Transparencia. La Cámara de Comptos ya ha advertido en varias ocasiones de la necesidad de tramitar los contratos con la suficiente antelación para que el nuevo adjudicatario comience la prestación en plazo. El interventor señala que el enriquecimiento injusto es una situación “indeseable” porque “no hay concurrencia, no hay un contrato formalizado, no hay pliegos, no hay precios unitarios, no existe una baja económica ofertada”, además de que obliga a las empresas a subrogar trabajadores, contratos seguros, modificar escrituras, etc.”. En el caso de la conservación de carreteras, el interventor añade que se han producido “importantes retrasos” en el abono a las empresas, “con el consiguiente quebranto y la generación de una situación de incertidumbre de la que en modo alguno tienen responsabilidad”. Por ejemplo, el pago de las facturas de diciembre de 2023 fue aprobado a finales de abril de 2024.

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Intervención reprocha las demoras en la conservación de carreteras en Navarra

Obras Públicas achaca a la “incertidumbre electoral” el retraso de seis meses en la adjudicación de los contratos para la vialidad invernal y el arreglo de vías

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