El Gobierno de Navarra ya ha adjudicado 30 plazas de secretario municipal que se convocaron mediante concurso oposición para estabilización y turno libre. Salieron 31, pero una de ellas, la de la Junta del Valle del Roncal, ha quedado vacante “por la inexistencia de aspirantes aprobados con el conocimiento lingüístico del vascuence exigido por dicha entidad local”.

Pero la adjudicación de estas plazas y la habilitación de los secretarios para ser nombrados funcionarios no supondrá que puedan tomar posesión. Están afectadas por la suspensión cautelar que se decretó en diciembre de 2023 y que en octubre de este año desembocó en que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN planteara una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley foral 16/2022 que regula este proceso.

Estas dudas no afectan a estas 30 plazas, pero sí paralizan su toma de posesión porque las cuatro convocatorias (estabilización mediante concurso de méritos, procesos selectivos de estabilización y el de turno libre por concurso oposición, y proceso de traslados), con casi 200 plazas en total, estaban vinculadas porque todos tenían que tomar posesión a la vez, antes del 31 de diciembre. Por tanto, ahora sólo queda esperar a que el Constitucional resuelva, pero no existe un plazo marcado para ello y fuentes jurídicas señalan que puede tardar al menos un año.

El problema surgió primero con la suspensión cautelar inicial y luego con la cuestión de constitucionalidad. ¿La razón? Que el TSJN ve visos de inconstitucionalidad en dos apartados del artículo 6 de esta ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación en Navarra. En el caso de los secretarios, esa temporalidad afecta a más del 90% del total.

En concreto, estas dudas afectan al proceso de estabilización por concurso de méritos, con 122 plazas de secretarios y 23 de interventores. Los magistrados consideran que se puede hacer una valoración adicional a los aspirantes que han aprobado la convocatoria, pero que no es lógico hacerlo en una ley y que, además, la valoración del 45% por haber resultado aprobado sin plaza en alguna convocatoria previa “pudiera ser desproporcionado y puede determinar el resultado del concurso”.

Recuerda que sólo se ha realizado una convocatoria en 40 años, la de 2012, y que no ha existido con posterioridad la posibilidad de obtener la habilitación ni de acceder mediante concurso oposición a esas plazas. “El proceso selectivo excluye a cualquier aspirante que obtuviese su titulación con posterioridad a 2012”, indica el tribunal, que añade que esos criterios “producen dudas sobre la constitucionalidad” y sobre si no se están “proveyendo puestos concretos en vez de plazas, lo cual está proscrito por el Tribunal Constitucional”. “Pudiera inferirse que se está restringiendo el acceso al puesto de secretaría a todo aquel aspirante que no lleve un mínimo de dos años en el puesto de secretario objeto de la convocatoria”, recalca.

Ante esta paralización, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, adelantó que la solución es cambiar la ley para desligar unos procesos de otros y que, al menos, puedan tomar posesión estas 30 plazas hasta que se resuelva la cuestión de constitucionalidad. Para ello, pidió consenso al resto de grupos, aunque, por el momento, todavía no se ha llevado una propuesta al Parlamento.