El sistema sanitario público navarro muestra claros signos de agotamiento y su viabilidad futura, su sostenibilidad, corre “riesgo real” de estar comprometida. Es el diagnóstico común al que han llegado cuatro gestores sanitarios que han ocupado la dirección general en el departamento de Salud del Gobierno de Navarra en alguna legislatura de los últimos treinta años y que participaron en el foro DN en Vivo, organizado por Diario de Navarra para tratar sobre la nueva ley de Salud. Hecho el diagnóstico coinciden también en el tratamiento: es preciso llevar a cabo cambios estructurales en el sistema sanitario para amoldarse a los nuevos tiempos, a las necesidades reales de la población.

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Altura de miras para una ley fundamental

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Juan Cabasés Hita, Javier Sada Goñi, Carlos Artundo Purroy y Antonio López Andrés, actual director general de Salud, recalcaron, además, que el momento de cambiar es ahora. No se puede demorar más ante los enormes cambios sociales, demográficos, tecnológicos o profesionales que han impacto en el sistema sanitario. “No es una opción no hacer nada”, apunta López.

La base en la que se tienen que sustentar los cambios es una nueva ley foral de Salud ya que la actual, que data de 1990, no contempla ni conceptualmente aspectos como la medicina de precisión o las nuevas tecnologías pero tampoco otros cambios de calado más profundo como la autonomía de gestión del sistema sanitario, que ahora pende de Función Pública, para tener herramientas que le permitan ser ágil y flexible.

Salud ha lanzado ya un anteproyecto para una nueva ley foral de Salud. Hasta el 31 de diciembre está en proceso de participación pública para recoger aportaciones, un paso previo a su aprobación por el Gobierno de Navarra y posterior debate en el Parlamento . Y en este punto los gestores también son claros: es necesario el consenso político, el máximo. “Los grupos políticos tienen la obligación de ponerse de acuerdo. Nos jugamos mucho”, asegura Sada.

HACIA LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN

Salud no es equiparable al resto de departamentos del Gobierno de Navarra, afirma Antonio López. La autonomía de gestión es un pilar que en este momento se antoja esencial, no solo para gestionar los recursos profesionales sino también los financieros. Con el sistema actual, “somos administradores, poca gestión podemos hacer”, explica.

“Estamos en un corset burocrático con el que es imposible gestionar bien, dependiendo de Función Pública y Hacienda”, añade Cabasés”. “No tiene nada que ver gestionar un hospital que otro servicio del Gobierno”, apunta Sada. Función Pública marca todas las regulaciones y normas. Eso no funciona para Salud, asegura Artundo. “Necesitamos un ámbito autónomo, con independencia del nombre”.

Por eso, el anteproyecto de la ley plantea el cambio de naturaleza jurídica del Servicio Navarro de Salud para ser una entidad pública empresarial, lo que permitiría esta autonomía que llegaría hasta los mismos centros de salud. Pero, de la mano, hablar de autonomía de gestión es hablar de rendición de cuentas. “No puede ser que una organización tres veces más grande que Volkswagen no rinda cuentas de lo que hace”, apunta López.

Supone un “cambio de chip”, no solo para profesionales sino también para gestores. “No solo vale con trabajar sino que nos tienen que evaluar”. Así, se puede saber la tasa de infección nosocomial de un hospital y compararla a nivel internacional o la tasa de amputación en pacientes diabéticos de un centro de salud. “Te doy capacidad jurídica, instrumentos y recursos y lo organizas para dar el mejor servicio. Y luego se rinden cuentas”, explica a pie de calle Artundo. Un sistema que permita que las decisiones se adopten donde se tienen que tomar, añade Cabasés.

ÁREA ÚNICA DE SALUD Y MOVILIDAD

El anteproyecto de ley contempla también un Área Única de Salud en Navarra en lugar de las tres actuales (Pamplona, Estella y Tudela). El motivo es que Salud apuesta por garantizar servicios, por ejemplo en los hospitales comarcales, aunque podría suponer la movilidad del personal sanitario.

Juan Cabesés afirma, en este punto, que la movilidad forzosa ya es posible con la normativa actual. “La ley exhibe explicitamente la idea. No añade nada”. López coincide en que se puede pero no se hace. “Y la costumbre es fuente de derecho”. En cualquier caso, incide en que la intención no es mover al personal, “ni fastidiar”, sino mantener servicios. Y explica, a modo de ejemplo, que la falta de radiólogos de guardia en Tudela supone el traslado de 20 a 25 personas a Pamplona para hacer pruebas. “La alternativa es llevar a un radiólogo a Tudela, si hay voluntarios mejor. Ya pactaré los incentivos”, añade. Ahora es más frecuente movilizar al ciudadano, lo que no casa con insistir en que es el centro del sistema, o tomar medidas, que tampoco ve adecuadas, como pagar guardias en Tudela contratando profesionales de la Clínica Universidad de Navarra.

“Si la opción es cerrar por falta de profesionales, ante esa necesidad no se entiende que no se pueda hacer”, indica. Siempre ante situaciones coyunturales, sobrevenidas y si hay imposibilidad de contratar profesionales, añade.

En este punto hubo diversas matizaciones. “Soy partidario de incentivar en vez de obligar”, dijo Sada. A lo que Artundo sugirió no perder el foco y llegar a acuerdos sustantivos sin negar el debate. “Lo primero es lo primero. Después, en desarrollos posteriores, ya se verá cómo”.

FUNCIONARIOS Y SEGUROS PRIVADOS

La población, el paciente, quiere que le operen bien, en un buen establecimiento, sin lista de espera y sin que le cueste. “El ciudadano no entiende otra cosa”, coincidieron.

Sin embargo, “los cambios profundos cuestan mucho y hay resistencias”, reconoce López. De hecho, la propuesta de cambio de naturaleza jurídica del Servicio Navarro de Salud y del Instituto de Salud Pública hacia una entidad pública empresarial ha suscitado ya el rechazo sindical puesto que, entre otros aspectos, supone el fin del régimen funcionarial en la incorporación de los nuevos profesionales en Salud, que pasarían a ser personal laboral fijo. “No es la única opción”, apunta el actual director de Salud que muestra su disposición a buscar alternativas. Eso sí, que impliquen el cambio de modelo para lograr la citada autonomía de gestión.

La situación de Navarra, en cuanto al funcionariado, es única en el Estado, recordaron. “Es un tema histórico. El funcionario lo es porque es autoridad”, apunta Cabasés. Y no es lo mismo un inspector que puede cerrar un matadero que un médico. “Nosotros mismos hemos generado una idea muy nuestra: el aplantillamiento. Todos queremos estar en plantilla”, apunta.

Según Artundo, nadie pone en cuestión la garantía de mérito, transparencia, etc. “Nadie tiene que temer perder derechos. Se trata de ganar pero sobre todo el ciudadano, el servicio”. Lo más importante es implementar fórmulas para atraer profesionales y mantenerlos, para evaluar mejor la actividad y para hacer una buena carrera profesional que no se base principalmente en la antigüedad. “Dicen que la ley permite privatizar. Pero privatizar es lo que está pasando ahora en la medida en que cada vez más personas en Navarra compran seguros privados. No podemos estar tranquilos”, añade. La insatisfacción ciudadana va a más y los seguros privados también. “Eso significa una deslegitimación, un doble pago, y conlleva una desafección en la población”.

Sada apunta el riesgo de tener una sanidad de primera y otra de segunda. “Una beneficencia, como en los años 60, y una privada que se pagará el que pueda”.

“Es un riesgo”, afirma López. De ahí la necesidad de innovar en los modelos de gestión. “Ver cómo conseguir que un profesional quiera ejercer en el sistema público, cambiando modelos de gestión y marcos normativos para competir”. Y ahí enmarca el organismo público de gestión directa. “Al ciudadano le da igual quién le provea. Pero tenemos más elementos de control desde lo público”.