Trabajadores del Servicio Navarro de Salud (SNS) y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) han mostrado su inquietud por las noticias que les están llegando sobre todo desde el ámbito sindical respecto a los cambios que provocaría la nueva Ley Foral de Salud, que todavía no se ha aprobado. Entre ellos se encuentra el fin del régimen funcionarial en las nuevas incorporaciones de profesionales a la red sanitaria, que serían personal laboral fijo.

Así, la intranquilidad se centra en dos campos: el cambio de la naturaleza jurídica de ambas entidades, que conllevaría eliminar el régimen funcionarial a la par que ganar autonomía de gestión respecto a Función Pública, y un posible aumento de privatizaciones en servicios sanitarios propiciado por la nueva norma, según los sindicatos.

Los cinco sindicatos de la Mesa General (LAB, Afapna, ELA, CC OO y UGT) se han mostrado contrarios a la modificación de la naturaleza jurídica del SNS y del ISPLN tal y como se plantea en el borrador de la nueva ley y demandan una negociación tras lo que algunos consideran uno de los “mayores ataques” al SNS y una “amenaza para el mantenimiento del sistema público de salud”.

El departamento de Salud, por su parte, ha negado completamente cualquier intención de que se abra la puerta a privatizaciones. “Es falso”, subrayó Antonio López, director general de Salud.

Respecto al personal, añade que el principal objetivo del cambio de la naturaleza jurídica del SNS y del ISPLN es tener autonomía de gestión respecto a Función Pública para ganar en agilidad, categorías profesionales, etc. Sí supondría que las próximas incorporaciones de profesionales serían en régimen de personal laboral fijo, pero con acceso a través de OPE y sin empeoramiento de condiciones. Y el personal funcionario actual mantiene su régimen jurídico sin cambios.

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

La disposición adicional primera de la nueva ley Foral de Salud contempla la modificación de la naturaleza jurídica del Servicio Navarro de Salud y del Instituto de Salud Pública y Laboral para convertirse en ‘entidades públicas empresariales’. Actualmente se trata de organismos públicos autónomos adscritos al departamento de Salud.

Según López, la ley 11/2019 que trata sobre el sector público institucional indica que los organismos públicos se clasifican en dos: autónomos (la figura actual) y entidades públicas empresariales, la figura que se quiere adoptar. En consecuencia, seguirían siendo organismos públicos “a todos los efectos”, con gestión directa del departamento de Salud lo que no deja “ninguna puerta abierta a la privatización, dijo.

“No es una empresa pública como Tracasa o Nasuvinsa, tal y como están indicando”. Los cambios con la nueva figura suponen dar al SNS y al ISPL más autonomía de gestión para no tener que depender de Función Pública. “Buscan que los aspectos de Salud se decidan y discutan en Salud y no en Mesa General del Gobierno”.

En cuanto al futuro personal, esta modificación conlleva que los nuevos profesionales contratados no serían funcionarios sino ‘personal laboral fijo’, con las mismas exigencias de acceso que ahora (es decir a través de OPE) y “en ningún caso con condiciones peores que las de los funcionarios actuales”, aseguró. “La única comunidad autónoma en la que los profesionales de Salud son funcionarios es en Navarra”, dijo.

Respecto al personal funcionario actual de Salud mantiene su régimen actual, “salvo que alguien quiera cambiarlo”.

Dar autonomía no es ni privatizar ni dar peores condiciones laborales, añadió. La diferencia es que al funcionario, si se cierra un servicio, se le reasigna un puesto y en el caso del personal laboral fijo se le recoloca o se le indemniza en caso de que se amortice la plaza. “En Salud no va a pasar porque las necesidades son muy altas”.

Además, el personal laboral fijo se rige, en términos generales, por el Estatuto de los Trabajadores. “El marco lo indica las leyes estatales pero las condiciones laborales (retribuciones, permisos, etc.) se deciden aquí”, indicó.

El sistema, apuntó, es muy “muy similar” al de Osakidetza.

LA RESPUESTA A LA PRIVATIZACIÓN

Antonio López insistió en que la modificación de la naturaleza jurídica no supone una puerta abierta a la privatización. “Privatizar o no servicios se puede hacer con el régimen que tenemos y con el régimen que vamos a tener. Para tener pruebas por imagen, terapias respiratorias o unidades de media estancia privatizadas o no, no se necesita ningún cambio jurídico, simplemente lanzarlo a contratación”, explicó.

De hecho hay servicios como el PADI (atención dental infantil) o la gestión de trasplantes de órganos sólidos en este régimen. “Son servicios o prestaciones que tenemos con centros privados”, así como conciertos con entidades como San Juan de Dios.

“Que seamos un organismo autónomo no da garantía de que no vaya a haber nada privatizado. Se hace en función de las necesidades. Otra cosa es que nuestro deseo es dar la gestión directa”. En definitiva, recalcó, el cambio jurídico no añade un “plus” a la privatización.

LAB: “Pone en peligro la atención desde lo público”

LAB mostró su “frontal rechazo” a la eliminación de la naturaleza actual del SNS. “Pone en peligro tanto la atención desde lo público como los derechos de la plantilla”. Y destaca la “nula intención” de promover mejoras en materia de personal. El ente público empresarial “favorece de forma clara la intención privatizadora de determinados servicios”. Eliminar la figura del funcionario es un “ataque frontal” a la autonomía del personal y pueden convivir varias figuras jurídicas en la misma administración con importantes diferencias.

AFAPNA: “Ser funcionario es una ventaja a la larga”

AFAPNA ha pedido que Salud aclare las implicaciones que las medidas que contempla la nueva norma tendrían en el personal. Rechaza el anteproyecto por las implicaciones que los cambios acarrear tanto en los servicios, SNS, ISPN como en los diferentes profesionales. AFAPNA “no va a permitir que se privatice ninguno de los sectores de la Administración Pública”. Y añade que, a la larga, ser funcionario es una ventaja. Por eso pide transparencia y escucha de los agentes.

CC OO: “El Gobierno renuncia al modelo funcionarial”

CC OO reconoce que el régimen actual del SNS no supone un blindaje absoluto contra las privatizaciones. Pero el cambio supone un “salto cualitativo” ya que lleva implícito la renuncia del Gobierno al modelo funcionarial y su sustitución paulatina por otro de régimen privado. Y una vez asumido que “lo importante es la titularidad pública y no el régimen laboral de las personas ¿por qué hacer cien contratos privados y no mil o privatizar servicios enteros?”, añade.

ELA: “Se eliminan garantías y derechos”

ELA apunta que el objetivo de cambiar la naturaleza jurídica del SNS y del ISPLN es “quitar el estatus funcionarial a nuevas incorporaciones y eliminar garantías y derechos en el sistema público de salud”. A su juicio, se trata de uno de los “mayores ataques a Osasunbidea y al ISPLN que jamás se hayan planteado”. Por eso, exige la eliminación de la disposición adicional primera y que se mantenga el sistema de salud pública con todas sus garantías y derechos.

UGT: “Hay opacidad en los derechos de los trabajadores”

UGT se muestra en contra del cambio de modelo. “Persiste una gran opacidad respecto a los derechos de los trabajadores actuales y futuros de este nuevo ente”. El cambio de naturaleza jurídica plantea “numerosas incógnitas y riesgos que modifican la situación laboral de los trabajadores que deben ser valorados cuidadosamente”. Y denuncian que se quiera implantar el modelo de forma unilateral “sin un adecuado consenso social”.