La Hacienda Foral de Navarra devolverá en la renta del próximo año, la que se realizará en la primavera de 2025, en torno a 150 millones de euros a miles de mutualistas que cobran una pensión de jubilación y realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales antes de 1979. Con esta devolución, la Comunidad foral dará respuesta a varias sentencias del Tribunal Supremo que han reconocido que estos trabajadores no debieron tributar por el IRPF de la pensión de jubilación que perciben sino sólo por el 75%.

Navarra era la única comunidad que hasta ahora no había podido atender en su totalidad la devolución del IRPF de los años no prescritos por una norma que aprobó en 2019 y estaba en vigor desde 2020 y que restringía las deducciones. Una norma que ahora va a ser modificada con efectos a partir del 1 de enero de 2024 para poder aplicar a partir de ese ejercicio a este colectivo la reducción tributaria correspondiente. Para el resto de ejercicios no prescritos, los años 2020, 2021, 2022 y 2023 la solución que los grupos del Gobierno y Bildu que suman mayoría han propuesto es una deducción extraordinaria en la próxima renta para recibir en un único pago y de forma automática, es decir de oficio y sin tener que solicitarlo como ocurrió con la rectificación del IRPF de 2019, la devolución correspondiente por esos cuatro años. Esta deducción tendrá un coste estimado en 2025 de 105 millones a los que se sumarán los 45 millones que a partir de 2024 costará aplicar cada año la reducción a los mutualistas. Esta solución se ha plasmado en la proposición de Ley Foral que este jueves por la mañana ha recibido el visto bueno de todos los grupos siendo aprobada por unanimidad. 

Tal y como se recoge en el texto de la proposición de ley, el importe de la deducción extraordinaria se determinará de forma individual en función de los prestaciones de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social percibidas y de sus autoliquidaciones durante los periodos impositivos 2020 y 2023 y vendrá determinado "por la cuota diferencial que hubiera dejado de ingresar si hubiera aplicado una reducción del 25%" a la parte de la prestación correspondiente a las aportaciones a mutualidades antes del 1 de enero de 1979. “La parte objeto de reducción será el resultado de aplicar al importe de la prestación percibida en 2020, 2021, 2022 y 2023 el coeficiente que resulte de dividir el número de días de cotización anteriores a 1 de enero de 1979 entre el total de días cotizados que hayan dado derecho a la prestación”, se detalla en el texto de la proposición de ley donde se remarca que “la deducción sólo se podrá aplicar si el sujeto pasivo ha tributado ante la Hacienda Foral de Navarra por el importe íntegro de las prestaciones de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social percibidas en las periodos referidos”. Además, con el cambio normativo que se ha aprobado, a partir de 1 de enero de 2024 las prestaciones de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social que deriven de aportaciones realizadas a mutualidades de previsión social no quedarán excluidas de la deducción. Aunque de momento no se ha hecho pública la cifra exacta de pensionistas que se beneficiarán de esta devolución, en base a los jubilados que solicitaron la rectificación del IRPF de 2019, el único ejercicio que hasta el momento se había podido reclamar, serán al menos 30.000. Con todo, el hecho de que ahora Hacienda, como ha avanzado este jueves la parlamentaria socialista Ainhoa Unzu, vaya a aplicar esta deducción de forma automática, es decir, a todos los afectados que tienen derecho a ella, podría elevar de forma considerable esta cifra. La Hacienda Foral ha estimado que esta deducción extraordinaria tendrá un coste estimado en 2025 de 105 millones a los que se sumarán los 45 millones que a partir de este ejercicio costará cada año la reducción de estos pensionistas. Un coste similar al que, según la propia Hacienda, tendrá en 2025 la deflactación de la tarifa (24.280.000 euros) y de los mínimos personales y familiares en un 3% (25.050.000 euros). El impacto de esta devolución a los mutualistas se ha tenido en cuenta para la aprobación del techo de gasto de 2025 presentado la semana pasada. Se trata de hecho de la principal medida fiscal prevista para el próximo año.

Aunque la iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, los portavoces de UPN, PP y VOX han aprovechados sus intervenciones para criticar que se haya tardado tanto en corregir la normativa foral y poner de relieve el peso que en la decisión final habían tenido las reivindicaciones del colectivo de mutualistas. Varios de los afectados se trasladaron ayer hasta Parlamento para seguir la sesión.

LAS CRÍTICAS DE UPN A "LA NAVIDAD VENEZOLANA" 

El más crítico ha sido el portavoz de UPN, Javier Esparza, que ha aprovechado unas palabras de la socialista Unzu afirmando que no recordaba “ningún tipo de iniciativa de semejante envergadura impulsada por los grupos” para manifestar que, “al estilo Nicolás Maduro” a la socialista sólo le había faltado “declarar la Navidad”. “Esto no es un regalo, es un derecho reconocido que tienen y lo que hace el Gobierno es arreglar una situación que ellos mismos generaron aprobando una ley que penalizaba a algunos navarros. De Navidad venezolana nada de nada”, ha reprochado a la parlamentaria Ainhoa Unzu que se ha encargado de la defensa de la iniciativa. “Se ha equivocado en el tono y en las formas. Esto no es ninguna dádiva venezolana ni una lluvia de millones, es articular una ley para dar solución a un derecho reconocido”, le ha replicado la socialista.

También la popular Irene Royo ha querido aprovechar su intervención para recalcar que “habían sido los mutualistas los que han estado luchando por esta causa justa” recordando que aunque los socios de Gobierno quieran visibilizar que ha sido una iniciativa suya, “todos sabemos que no es así”. “Ha sido una insistencia de los mutualistas. Es un derecho que se les había negado”, ha concluido.

En la misma línea el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha defendido que los socios de Gobierno habían actuado “por el movimiento social y las sentencias del Tribunal Supremo”, ante “una agresión a los pensionistas navarros, y todo por el afán recaudatorio del Gobierno progresista que tenemos”. “Nos alegramos enormemente de que se subsane el error cometido”.

La solución recogida en la ley que este jueves se ha aprobado en el Parlamento no satisface por completo las demandas de algunos despachos de abogados que en los últimos meses se han encargado de la defensa jurídica de jubilados de la Comunidad foral que realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales. Es el caso, por ejemplo, del despacho Garde Asociados que aunque aprueba la eliminación del apartado de la disposición transitoria segunda de la normativa navarra que desde 2020 impedía aplicar la reducción a los mutualistas que percibieran su prestación a través de la Seguridad Social, discrepa del porcentaje de reducción a aplicar.

Como explica la letrada Elisa Azcona, dicho importe debería ser del 100% de la parte proporcional de la prestación correspondiente a las aportaciones realizadas a mutualidades hasta 1979 y no del 25% como se ha aprobado. Un criterio, justifica, que “se aplicó y ha sido aceptado hasta la fecha” para calcular la reducción aplicable respecto de las aportaciones realizadas entre 1967 y 1979 “porque ni unas ni otras redujeron la base imponible”.

En definitiva, concluye esta especialista, como “ninguna de las aportaciones realizadas en su día a las mutualidades fueron objeto de reducción o minoración de la base imponible, la parte de la prestación que se corresponda con dichas aportaciones ha de quedar excluida de la base imponible”. Asegura que el criterio utilizado en la ley que se ha aprobado en el Parlamento sólo sería aplicable “si no pudiéramos conocer el importe que de las prestaciones realizadas en su día no haya sido objeto de reducción”. Pero considera que “en este caso se sabe que el importe que fue objeto de reducción fue cero y, por tanto, la reducción ha de ser equivalente a la totalidad de la prestación percibida que se corresponda con las aportaciones a la mutualidad”.

La especialista entiende que la deducción extraordinaria operará, pese a su denominación, de un modo similar a las retenciones. Es decir, que no quedará limitada por el importe de la cuota sino que, en caso de que ésta fuera positiva, la deducción extraordinaria la minorará hasta agotarla y en caso de que fuera negativa el saldo a devolver se incrementará en el importe de la deducción extraordinaria. “Es lo correcto porque si se hubiera configurado como una deducción podrían darse casos en los que la deducción fuera superior a la cuota a pagar del ejercicio 2025 privando al contribuyente de un importe que le corresponde”.

Con todo, considera que para reparar el perjuicio ocasionado a estos contribuyentes se debe reconocer también el derecho al abono de intereses de demora, algo que en la rectificación de las declaraciones del ejercicio 2019 ya se ha hecho abonando un tipo anual del 3,75% entre el uno de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022 y del 4,0625% a partir del uno de enero de 2023 tal y como se estableció en la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre