Las agresiones de hijos a padres, una realidad oculta: "En la mayoría de los casos lloran y piden volver a verles"

Hay familias en las que impera el terror. En las que el timbre del telefonillo alerta a la madre, aterrada, de la llegada de su hijo adolescente. Porque no sabe cómo va a aparecer ni qué le va a decir. 

Porque, a veces, son las palabras, las amenazas y los chantajes los que hieren. Y otras, el dolor lo crean los empujones o los puñetazos en la cara. Muchos padres, pero sobre todo madres, son víctimas de la violencia que ejercen sus hijos, generalmente varones, contra ellos.

Una realidad terrible porque casi nadie se atreve a denunciar a las personas que más quiere. Y el pánico se enquista y solo sale a la luz en la consulta del médico de familia y se diluye en forma de tranquilizantes. 

Según los expertos, solo uno de cada diez casos de este tipo de agresiones se denuncia y recibe su correspondiente medida de corrección, según la Ley de Responsabilidad Social del Menor. En 2023, se interpusieron 4.416 denuncias, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, casi el doble que en 2006, cuando comenzó a estudiarse esta situación. Una realidad de la que se habló la semana pasada en Pamplona, durante un curso de verano de UNED sobre ‘Delincuencia juvenil y responsabilidad penal del menor’, con motivo de los 25 años de la aprobación de la ley. El presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, el profesor de Derecho Penal y Criminología de la UNIR, Alfredo Abadías Selma, fue uno de los ponentes.

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El experto recordó que este fenómeno ha ido a más en los últimos años y su visibilidad está siendo mayor. “La violencia dentro de la familia siempre ha existido pero desde 2006 se le empezó a poner nombre. Y el programa de televisión ‘Hermano mayor’, en el que se mostraban estas realidades, también influyó para que se conocieran más”. Los países occidentales, continúa su explicación, son los que más casos acumulan, a pesar de que apenas existe normativa. Y recuerda que en España estuvo a punto de aprobarse una ley pero no se hizo por motivos políticos.

En España, subraya Abadías, los datos oscilan entre las 4.200 y las 5.300 denuncias al año desde 2008 y hasta hoy. Y llaman la atención los años de pandemia. “Se creía que en 2020 se iban a disparar, al estar los jóvenes encerrados en casa. Pero ocurrió lo contrario. Los menores estaban más controlados por sus padres, no podían entablar contacto con sus pandillas ni consumir tóxicos”. Sin embargo, al año siguiente, sigue su explicación, hubo más casos. “Aunque estos números son solo la punta del iceberg. Unos padres lo último que van a hacer es denunciar a la persona que más quieren en este mundo”.

VECINOS QUE DENUNCIAN

Por eso, en muchas ocasiones, la judicialización llega por las denuncias que interponen los vecinos, los tíos... porque escuchan patadas, llantos o ven a sus familiares con golpes en la cara.

¿Y qué les ocurre a los agresores cuando se les aplican las medidas (no penas) pertinentes? “A algunos les encierran en régimen cerrado. El máximo es de ocho años, en caso de homicidio o asesinato”, explica Abadías. Existen también medidas de régimen semiabierto (ir por la mañana al instituto y por la tarde al centro) o abierto, cuando viven en sus casas pero deben presentarse ante el equipo de técnicos de menores cada semana o quince días. “El juez puede ir modulando las medidas. Relajándolas o endureciéndolas, según el comportamiento del menor”, aclara.

Los programas que se aplican, insiste el experto, no son solo para los menores sino también para los padres y la familia extensa. “Al principio, cuando la tensión resulta muy fuerte, la primera medida judicial que se aplica es la de separar al menor de sus padres. Pero, en la mayoría de los casos, lloran y piden volver a verles”, relata Abadías. En los casos de menores con enfermedades mentales o que consumen tóxicos, concluye, se proponen medidas terapéuticas, tanto en régimen cerrado, semiabierto o abierto.