“Por favor, publica mi testimonio solo con las iniciales y hazme la foto con esta máscara, que es muy parecida a la que utilizaba en las protestas”. Nacida en Caracas y licenciada en Enfermería, N.M., de 55 años, ejerció su carrera tanto en hospitales como en diferentes plantas industriales. “Por las dificultades económicas que sufríamos en 2005 me especialicé en Educación y cambié a la docencia. Trabajé como profesora universitaria, pero no fue fácil porque el régimen nos obligaba a participar en marchas para obtener un empleo, y me negué. Por mi profesión he visto todo lo que hacen los militares en los hospitales y en las universidades. Nada ha cambiado. Entonces, se quedaban la mitad de alimentos y se lo revendían al pueblo bien caro. Yo me enfrentaba a ellos y mis denuncias siempre se archivaban. Lo mismo pasaba con el material quirúrgico. Se lo llevaban y lo revendían. Ante mis quejas, empezaron a amenazarme y tuve que mudarme”. Se queda en silencio. “Cuesta tanto recordar... Un día estuvieron a punto de matarme. Me arrollaron cuando iba conduciendo. Fue en 2017, a partir de ese momento opté por huir a través de Colombia. Primero saqué a mi hijo en avión hacia Trinidad. Mi hermana, que llevaba años en España, pagó el billete y mi salida”. Su relato abarca todo tipo de detalles que se mantienen al margen por seguridad. En este contexto, el 28 de julio detuvieron a su sobrino cuando acudía a una marcha contra el régimen. “Y no sabemos nada de él desde entonces. Algo grave está ocurriendo con los detenidos porque esta vez no hay portavoces en las cárceles como en otras ocasiones. Se lo llevaron en moto y lo han desaparecido”. Se le saltan las lágrimas. La voz se termina de romper y a partir de ahora la conversación salta por los aires. “Se me han muerto muchas personas por falta de instrumental y la falta de médicos, que se han ido del país ¿Qué haces ganando tres dólares al mes? Pagan tres dólares a todo el mundo. Sin distinciones. ¿Cómo se sobrevive así? Las estudiantes se están prostituyendo para poder salir de Venezuela. Aquello es un infierno. La gente está dispuesta a todo”.

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“No tengo miedo a dar la cara. ¿Por qué lo hago? Porque la juventud dentro de Venezuela se ha visto obligada a callar tras la última ley aprobada en agosto con la que te pueden requisar el móvil y revisarlo. Los jóvenes tienen miedo. Dar la cara es una manera de ayudar a los que se han quedado allí. No tengo miedo”, recalca. “Callar aquí es callar a los que no pueden hablar”. Este joven salió por el aeropuerto de Caracas con visado de turista hace siete meses y llegó a Pamplona, donde reside con su madre. “Quedarse en mi país es vivir sometido a lo que la dictadura ha querido durante estos 25 años. Los jóvenes solo conocemos una Venezuela que se ha ido destruyendo en el tiempo. Allí vives inmerso en una rutina en la que no puedes cumplir metas. Sin futuro profesional. Una vez que te gradúas quedas en el limbo, sin trabajo, sin ganas de seguir formándote”. Ali cuenta que la noche anterior a su partida apenas durmió. “Estaba muy triste, nostálgico, porque era consciente de que iba a partir sin saber si volveré. Mi mayor temor es volver y no reencontrarme a los amigos y familiares que dejé”. La comunicación con su familia estos días es “muy superficial”, dice, por ese miedo a que te requisen los teléfonos. Ahora trata de gestionar la tarjeta de residencia. “La idea de todos los que estamos es sacar a nuestros familiares de esa locura. Venezuela es una locura”. Ali sueña con ser odontólogo y ejercer en su país. “Pero en libertad”.

Ocurrió la mañana de un martes 16 de mayo de 2017, en San Antonio de los Altos (Venezuela). Un proyectil esférico de 11 milímetros disparado por un militar atravesó el cuerpo de un joven de 31 años llamado Diego Arellano. La bola de acero le destrozó el esternón, perforó tres veces el corazón y los pulmones y se quedó alojada en el hígado. El año en el que murió asesinado Diego también murieron por disparos otros 127 jóvenes.

Aquella mañana de mayo de 2017, Diego se disponía a acudir a su trabajo con el coche de su madre. Para esa jornada se habían convocado manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro y las barricadas bloqueaban las principales arterias de acceso a la capital. Cuatro tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bloqueaban los cuatro carriles de la avenida. Así que decidió regresar a casa, devolvió el coche a su madre y se sumó a la manifestación. A las once y media, se escuchó un grito seco. “¡Hirieron a Diego!”. Sus amigos y los paramédicos corrieron en su auxilio. Lo recogieron y lo subieron a una moto. El primero en confirmar la muerte de Diego fue Henrique Capriles Radonski, político y abogado venezolano, candidato a la presidencia de la República en dos ocasiones. La imagen de Diego muerto se viralizó. El mensaje atravesó el océano y voló hasta un parque de Pamplona, donde la hermana de Diego jugaba con su pequeño Gabriel, entonces de dos años. “Mis amigos me llamaron para preguntarme qué había pasado con Diego. Pero yo no sabía nada. Solo esperaba que no fuese mi Diego. Llamé a mi mamá y no me contestaba. Un amigo me lo confirmó”, relataba a este periódico en 2019. Dos días después, Arianna viajó a Venezuela para enterrar a su hermano, y nunca más ha vuelto.

Aunque existe toda una recopilación de material gráfico y las grabaciones de cámaras dispuestas en varios sectores y las declaraciones de los testigos, el caso de Diego se ha acabado por estancar. La familia Arellano atesora copias del expediente y trámites realizados, pero no ha sido posible la identificación de los funcionarios del destacamento involucrados aquella mañana de mayo de 2017. “Sabemos que en Venezuela no se va a hacer justicia y que el caso de Diego no es aislado. Continúa el patrón de represión del régimen”, explica la hermana de Diego, quien se ha vuelto a sentar para hablar de la situación del proceso. “Nuestro objetivo es la cadena de mando, por eso participamos en los organismos internacionales”. Hasta hoy ha sido mucho dinero invertido entre Arianna y su hermano mayor en abogados. “Y lo que nos envían son copias certificadas del caso. Desde 2017 a 2023 habrán intervenido treinta fiscales. El último, el año pasado, ordenó a un abogado ir al destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana, que es el que estaba ese día al frente de la muerte de Diego, para buscar el informe balístico de ese día que debería guardarse en el cuartel de la zona 44”. El militar responsable ha fallecido y el que le sustituye no les deja constancia de la existencia del informe. Se le escapa una sonrisa de impotencia al reproducir las palabras de los militares que fueron recogidas en uno de los últimos informes de sus abogados. “Tal cual. Están escondiendo las pruebas. Dilatándolo todo. No hay independencia de poderes. Nadie se atreve a hacer nada en contra del sistema. Lo mismo está ocurriendo con el resto de personas que han sido asesinadas durante las protestas contra el régimen”, lamenta.

Gabriel ha cumplido diez años y pregunta por su tío. Quiere saber. “La imagen de la muerte de mi hermano de alguna forma representa a la juventud que sale a la calle”.

Eglee Torres, informática, educadora y presidenta de la Asociación Venezolana Navarra (ASVENA) de 64 años, madre de dos hijos (39 y 33), los tres afincados en Pamplona desde hace dos décadas, reconoce que el régimen de Maduro está robando a Venezuela la última esperanza. “Llevamos 25 años de calvario. Una persona que es secuestrada y encarcelada por el régimen sale tocada para toda la vida por culpa de un sistema represivo interno terrible”, evidencia. Torres habla con un nudo en la garganta, sentada en uno de los bancos de los jardines de la Ciudadela. Alguien grita “¡viva Maduro!” al distinguir la bandera de Venezuela en sus manos. “Solo queremos paz”, reconduce la conversación sin darle mayor importancia. “Estos días en Venezuela estamos viviendo una aprensión mercantilista en las detenciones. Aunque no participes en ellas, el brazo armado de la revolución, formado principalmente por mercenarios cubanos y rusos en motos, te capturan y trasladan a espacios cerrados con decenas de personas hacinadas, sin baños y sin comida, y te retienen durante diez días. Allí se orinan, defecan, vomitan… y sufren momentos de psicoterror. Los dejan en libertad si los familiares pagan rescates que oscilan entre los 2.000 y 10.000 dólares, cuando el salario de un venezolano es de tres dólares al mes. Son auténticos secuestros. Después de diez días el Foro Penal -ONG que se erigió durante la época de Hugo Chávez y que está formado por abogados que viven en Venezuela y que defienden a las personas encarceladas- averigua los centros penitenciarios a los que se les trasladan y nos informan”.

Según los datos obtenidos esta misma semana, el Foro Penal precisa que hay 230 mujeres presas, además de periodistas y 114 menores de 12 a 17 años en cárceles de adultos. “Y nos consta que estas personas, incluidos menores, han sido violadas”, sigue denunciando. “Los juicios se están desarrollando sin pruebas, sin testigos, y a esto hay que sumar la nueva ley que se aprobó en agosto y con la que te pueden sustraer el teléfono y comprobar lo que hay escrito. Por eso, con más motivo que nunca, quienes residimos fuera tenemos la obligación de hablar por ellos. Somos la voz en el exilio contra la violación de los derechos humanos”.

Torres se queda en silencio y se recompone antes de continuar.

-¿Le quedan fuerzas para seguir después de tantos años?

-(Se emociona). La gente me dice que de dónde las saco. Yo viví en un país democrático con servicios públicos y derecho a la defensa. Pude estudiar gratuitamente en las universidades. Estudié en dos facultades y me gradué. Tengo una carrera de trabajo social especializada en el área educativa e informática. Siempre he defendido los derechos de la gente.

-No hay que olvidar que usted sufrió amenazas porque se negó a adoctrinar en sus clases.

-No solo he recibido amenazas en mi país, también las he tenido aquí. Me amenazaron y publicaron en las redes mi nombre para que los chavistas buscaran a mi familia en Venezuela. Todo empezó con una entrevista de radio en la que confrontaron mi testimonio con el de otra persona que no estaba contando la verdad. En cualquier caso, somos conscientes de que los activistas que llevamos la voz de Venezuela estamos identificados en los consulados.

-¿Mantiene la esperanza?

-Mi esperanza es recuperar la Venezuela en libertad que un día viví. Esta es mi fuerza. Aunque creo que nunca regresaré. Es muy duro ser una persona migrante. Ahora solo quiero facilitar a mis dos hijos la vida tan dura que han tenido que afrontar.

-¿Tiene miedo?

-El miedo es una energía. Aquí no tengo miedo. Solo un compromiso de vida. Mire, viajé el año pasado a Venezuela por primera vez en 18 años y volví horrorizada. Lo hice porque murió un sobrino en Colombia y tuvimos que extraditarlo.

-Se atrevió a viajar… ¿qué Venezuela encontró?

-Me encontré con un país en el que un yogur cuesta 2.80 dólares. Y me encontré con el miedo.

-¿Qué diferencia hay con lo que sucedió en 2014?

-En 2014 había jóvenes manifestándose, pero sobre todo éramos gente de mi edad. Ahorita la mayoría que se enfrenta al régimen son jóvenes que solo han vivido el chavismo y que nunca han conocido la democracia.

-¿Qué cree que va a ocurrir?

-Pensamos que vamos a sufrir una arremetida de sanciones a gran escala. Las bases del régimen se han quebrado y por eso las acciones que lleva a cabo son desesperadas.

-¿Cómo lo está viviendo la comunidad venezolana en Navarra?

-Con mucho horror y sufrimiento. Tenemos gente con familiares secuestrados. Un ejemplo, en la marcha que hicimos en Pamplona el 17 de agosto uno de nuestros jóvenes iba a leer a modo de simulacro una de las actas electorales en público y al final decidió no hacerlo por miedo. Tenía pensado viajar a Venezuela y temía que si lo leyese le pudiese pasar algo. Esta es la realidad.