Diario de Navarra

Eglee se despidió de su madre con un abrazo y partió de su país para siempre. Estaba a punto de emprender un viaje que se adentraría de madrugada por las carreteras más peligrosas de Venezuela hacia la frontera con Colombia. Llevaba una pequeña maleta, unos euros y sus dos pasaportes, uno español y otro venezolano que tenía caducado. Se le habían acabado los dólares y era imposible obtener más dentro del país. Al subir al autobús y sentarse junto a la ventana, empezó a llorar. La respiración empañó el cristal y los pensamientos regresaron a su hogar, a la casa en la que creció y que hoy se mantiene arruinada por el paso del tiempo. Pensó en la Venezuela que dejaba atrás: gente con hambre y sin esperanza que sobrevive con tres dólares al mes, en los barrios sin luz, agua y gas, en la represión, los encarcelamientos, los jóvenes que quedan en el limbo después de graduarse, en las estudiantes que se prostituyen para poder escapar, en el miedo... Recordó la última mirada de su madre al despedirse y a la que quizás no iba a volver a abrazar nunca más. Era la primera vez que volaba a su país después de 18 años en el exilio y tenía claro que no iba a volver. Sentada en el autobús, frente al vaho de los recuerdos, Eglee se acordaba de cómo el régimen de Hugo Chávez la obligó a adoctrinar a estudiantes a los que enseñaba y a lo que ella se negó. Era una mujer de 44 años, docente e informática, con una fortaleza enfocada hacia los derechos humanos, pero tenía dos hijos menores a los que debía proteger. Una mujer con suerte, se decía frente al cristal, porque había vivido la miel de la democracia antes de la irrupción en el poder de Chávez. El autobús arrancó y entonces se escuchó al chófer advertir a los usuarios de que podrían sufrir ataques de asaltantes. La angustia la mantuvo en vilo. El vehículo se detenía una y otra vez por las sucesivas averías mecánicas. Contabilizó hasta diez contratiempos. En cada uno de ellos pensaba en un posible secuestro y también en el “coyote” que esperaba en la frontera. Un colombiano que no conocía de nada y con el que habían contactado a través de un familiar. Se supone que le ayudaría a llegar con seguridad a la oficina de Extranjería en Cúcuta (Colombia). A lo largo de todo el viaje no pudo dejar de llorar. El autobús llegó a su destino doce horas después. Al amanecer. Con mucho retraso. Al entrar en la terminal, recibió un mensaje en su móvil del coyote. “Los patriotas cooperantes no me permiten entrar a la terminal, tienes que salir sola”, le informó. “Ten cuidado, hay gente vigilando a gente”. Venezuela se había convertido en un país donde todo el mundo desconfía de todos. Un policía la frenó al bajar y le pidió identificarse. En realidad, lo que buscaba era dólares. ¿Y si descubren que también soy ciudadana española y me secuestran?, se preguntaba. A falta de dólares le entregó unos euros y así pudo continuar. Hasta ese momento había tenido que pagar en cuarenta puestos de control para evitar problemas. Dejó atrás la terminal y se encontró con el coyote. Tras recibir una serie de instrucciones de su guía, atravesaron en coche el peligroso puente Simón Bolivar. Aunque se encontraba nada menos que en la conocida como “zona roja” de Colombia, territorio controlado por las guerrillas, ella respiró aliviada al distinguir el rótulo que le daba la bienvenida. En la oficina de Extranjería se colocó detrás de dos turistas españoles con mochilas a los que no les habían sellado el pasaporte en Venezuela, el mismo problema que tenía ella con el suyo. El coyote esperó fuera y entró. La gestión fue rápida. La policía comprobó el pasaporte español y estampó el sello. Ella, bloqueada por el terror vivido, abrazó al coyote con un llanto desconsolado. Sucedió hace un año. Eglee Torres, de 64 años, vecina de Pamplona desde hace dos décadas y presidenta de la Asociación Venezolana Navarra (ASVENA), era la primera vez en su vida que se había sentido “al límite” en su país. “Nunca antes había vivido tanta locura, tanto miedo, me sentía una delincuente huyendo de mi propia tierra”. Torres recuerda aquella experiencia sentada en uno de los bancos de la Ciudadela en la capital navarra junto a otros cuatro compatriotas -tres mujeres y un hombre- que también se han visto obligados a huir. “Lo peor de todo es la normalización de la vulneración de los derechos humanos que estamos sufriendo. No nos respeta ni la gente que nos gobierna. Somos personas de segunda clase. No vale la pena nuestro sufrimiento. Existe tanta corrupción que el dinero no vale nada”. UNA BOLSA DE COMIDA AL MES Dos latas de sardinas, un kilo de harina, otro de lentejas, 4 kilos de arroz, una porción de mortadela y un saco pequeño de azúcar. Esta es la cesta básica por familia en Venezuela. Estos paquetes, conocidos como cajas CLAP, forman parte de un programa de distribución del gobierno que distribuye desde el año 2016 casa por casa y una vez al mes para hacer frente a la crisis económica. En realidad, las cajas acaban vendiéndose al mejor postor y es muy raro que lleguen a la población más necesitada. Así lo denuncia otra de las protagonistas de este reportaje, la misma joven venezolana de 26 años que protege su identidad en la fotografía superior envuelta con la bandera de su país. Se cubre “por temor” a las represalias que pueda sufrir su familia si la reconocen. Ella lleva en Pamplona siete meses. Se vio obligada a huir hace siete meses “por hambre”. Su voz, como la de la presidenta de ASVENA y la del resto de la comunidad venezolana asentada en Navarra, se ha convertido en la punta de lanza contra las violaciones de los derechos humanos que la población venezolana lleva sufriendo en los últimos 25 años, con mayor intensidad si cabe tras las últimas elecciones celebradas el 28 de julio. Unos comicios que la oposición liderada por María Corina Machado y la comunidad internacional cuestionan revelando que los datos que tienen en su poder confirman que el ganador ha sido el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia. El rechazo generalizado de países América Latina, Estados Unidos y Europa ha sido inmediato ante la declaración del Tribunal Supremo otorgando el triunfo a Nicolás Maduro. Por el contrario, los gobiernos de Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua insisten en reconocer a Maduro, quien aún no ha autorizado a publicar las actas. En un contexto de profunda crisis humanitaria, sin acceso a alimentos y medicamentos, los venezolanos afincados en Navarra reconocen que ya no tienen nada que perder y sienten miedo, como nunca antes lo habían experimentado, porque han aprobado una ley que les prohíbe expresarse. Una ley que los cooperantes del régimen aplican con puño de acero a pie de calle sustrayendo incluso los teléfonos de los viandantes para comprobar los mensajes enviados y recibidos. “Hemos tocado fondo”, esgrimen. La mayoría de la población sufre inseguridad alimentaria grave y, encima, el sistema público de salud está colapsado. De hecho, casi tres cuartas partes de los centros públicos de salud del país sufren escasez de medicamentos, equipos y personal. El 90% de los servicios públicos de salud no funcionan y los que siguen abiertos, según el informe semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales, el 55% carece de acceso habitual al agua y los pacientes deben llevar su propio material quirúrgico. El año pasado murieron 127 personas debido a los cortes de electricidad en los hospitales. La situación ha empeorado aún más debido a un incremento brusco de la inflación y a la devaluación de la moneda nacional. Según el Banco Mundial, Venezuela presentaba en agosto la tercera mayor tasa de inflación alimentaria del mundo. El 74,5% de las personas carecen de acceso regular a agua potable y el 89% de los hogares padece inseguridad alimentaria. El costo de la cesta de comida para una familia venezolana de cinco miembros equivalía en octubre de 2023 a unos 494 dólares al mes, cuando el salario mínimo mensual era de 3,67 dólares. Situación que no ha cambiado. A la inseguridad alimentaria se suma la represión. Quienes critican al gobierno son objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. Tal y como está sufriendo familiares y amigos de esta comunidad en el exilio asentada en Navarra. La política de castigo aplicada por el gobierno del régimen venezolano ha aumentado desde el 28 de julio electoral. Las cifras actualizadas las publicaba el 26 de agosto el Foro Penal, institución nacional formada por abogados que se encarga de proteger a los civiles. En treinta días han sido detenidas 1.624 personas adultas (230 mujeres) y 114 menores. Desde 2014 se han registrado 17.462 detenciones políticas, según detalla el Foro Penal. En julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos denunció demoras prolongadas e impunidad en la investigación sobre las muertes durante las protestas de 2014, 2017 y 2019. En 2017 fue asesinado en una de estas manifestaciones Diego Arellano, hermano de Arianna, vecina de Pamplona de 41 años, quien continúa desde entonces su lucha en busca de justicia, pagando a abogados privados y movilizando a decenas de fiscales en busca de la copia del registro balístico que debería estar guardado en el cuartel del destacamento. “Pero nos dicen que las pruebas han desparecido”, denuncia Arellano. En este escenario, hay más de 7 millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar el país. En Navarra hay empadronadas 3. 642 personas y otras muchas viven aquí sin papeles a la espera de asilo. Estudiante 26 años: “Hui del hambre” “Por favor, no me identifique, ni siquiera con las iniciales, y que tampoco se me vean los ojos. Los cierro, ¿vale?. “ Esta es la petición de la joven de 26 años de la fotografía de la izquierda, vecina de Pamplona desde hace nueve meses. Viajó a Navarra a través de Colombia, donde conoció a su pareja. “Mi familia sigue en Venezuela y siento temor por lo que le pueda pasarles”, explica. Fue estudiante de Administración de Empresas pero no pudo terminar por la falta de recursos. “El hambre me empujó a huir. A veces solo comías una o dos veces al día. Incluso me desmayé en una cola de recogida de alimentos. La gente está desesperada”. Respecto al futuro, se muestra pesimista. “Creo que vamos a sufrir mucho derramamiento de sangre”. El 2 de agosto detuvieron a un familiar en una protesta. “Mi mamá ha ido a visitarle y está golpeado”. También relata que habla con su madre cada día, “pero no mucho porque nos dice que tenemos los teléfonos intervenidos”.

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