Diario de Navarra

La justicia debe resolver 41 reclamaciones presentadas contra el Gobierno de Navarra que superan los 300.000 euros (detalladas al final). El dinero que demandan roza en total los 160 millones de euros (159,8). Así figura en las Cuentas Generales de Navarra 2023, que ofrece la información sobre el estado de los principales litigios pendientes a 10 de junio de este 2024. Figura dentro del apartado de riesgos y contingencias, ya que son demandas judiciales en curso que pueden afectar al patrimonio de la Administración foral, ya que perder en los tribunales le puede suponer un relevante desembolso económico. La principal demanda pendiente que tiene el Gobierno de Navarra en cuanto a la cantidad reclamada es la presentada por Audenasa por la pérdida de una exención fiscal. El Ejecutivo la cifra en sus cuentas en 42,7 millones. Esta empresa es la concesionaria de la autopista AP-15 y está participada en un 50% por el propio Gobierno de Navarra y en otro 50% por el grupo Itínere. El pasado mayo, como ya informó este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dio la razón al Gobierno de María Chivite en este proceso, pero la concesionaria ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Según fuentes del Ejecutivo, se está a la espera de si este lo admite o no. POR QUÉ DEMANDÓ AUDENASA Audenasa disfrutaba desde su origen de una exención en el Impuesto de Sociedades en la parte de su beneficio equivalente al 10% de su capital social. Es decir, poniendo una cantidad ficticia para que se entienda: si su capital social hubiese sido de 100 millones, no pagaría Impuesto de Sociedades por los 10 primeros millones de euros de beneficios. En 2017, el Gobierno que presidía Uxue Barkos y la concesionaria acordaron que la cantidad que tomarían como referencia para determinar el capital social de Audenasa sería el que tenía la concesionaria desde 2004 hasta el 1 de julio de ese año, 170,4 millones de euros. No se tendrían en cuenta los aumentos o reducciones que se produjeran desde esa fecha. Eso implicaba que seguirían quedando exentos los beneficios de hasta 17 millones de euros. Sin embargo, tres días después de esa firma, la junta general extraordinaria de accionistas de Autopistas de Navarra redujo el capital social a 120,2 millones. Desde entonces se sucedieron importantes reducciones del capital social, pero se mantenía la cifra de beneficios exenta. En diciembre de 2021, en el debate de medidas fiscales de Navarra para el año siguiente, el Parlamento aprobó una enmienda de Bildu por la que a partir de 2022 se eliminaba esa exención. Audenasa reclamó sin éxito al Gobierno una compensación, como, por ejemplo, una cantidad económica directa o ampliando el plazo de concesión que finaliza en junio de 2029. La concesionaria cifró el perjuicio sufrido en 53 millones. El TSJN desestimó el recurso de la empresa y dio la razón al Gobierno. Destacó que quien suprimió la exención fiscal fue el Parlamento, no el Ejecutivo, por lo que no se le podía atribuir el haber alterado el contrato. Además, indicó que la regulación del Impuesto de Sociedades no contempla estas bonificaciones fiscales como derechos adquiridos. El tribunal rechazó que se hubiera producido un desequilibrio en el Plan Económico Financiero de la concesión que el Gobierno debiera compensar y descartó que se haya dado un enriquecimiento injusto por parte del Ejecutivo. La sentencia no es firme, dado que Audenasa ha presentado ese recurso ante el Supremo. INCREMENTO DE CANTIDADES PENDIENTES EN LITIGIOS Las reclamaciones al Gobierno de más de 300.000 euros en litigio han aumentado vertiginosamente en los últimos 5 años. En 2019 sumaban 42 millones de euros, una cantidad que se elevó a 54 millones en 2020. Al año siguiente, en 2021, las reclamaciones suponían un total de 70 millones, cantidad que en 2022 se incrementó hasta los 115 millones, para pasar a ser en 2023 de 159,8 millones de euros. Demandas por 62,4 millones por discrepancias en materia fiscal Las demandas por discrepancias en materia tributaria planteadas por empresas y entidades que superan los 300.000 euros son 15 y reclaman a la Administración 62,4 millones. La cantidad es relevante, porque aquí se sitúa la de Audenasa por esos 42,7 millones. Luego estarían los procedimientos abiertos en los que se pide al Gobierno navarro responsabilidad patrimonial por perjuicios derivados de la asistencia sanitaria, el estado de alarma y otras causas. En total suman reclamaciones por 59,6 millones. Aquí están incluidos un total de 11 procedimientos abiertos por un total de 12,2 millones de euros por presuntos daños y perjuicios sufridos por pacientes del Servicio Navarro de Salud. Los grandes litigios están relacionados también con contratos de la Administración (dos demandas suman 9,5 millones) y discrepancias con subvenciones y ayudas (cuatro procesos por 2,4 millones), con autorizaciones y licencias (hay una sobre la Instalación Solar Fotovoltaica La Nava por 24,4 millones) o con una sanción (0,5 millones). Hay un conflicto con el Estado sobre la tributación de los miembros del consejo de administración de una empresa en 2020 (0,3 millones). LITIGIOS CONTRA EL GOBIERNO DE NAVARRA Reclamaciones pendientes por más de 300.000 euros, a 10 de junio de 2024 (fuente: Cuentas de Navarra 2023).JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA1. Conflictos entre Administraciones PúblicasInterpuesto por el Estado en el Tribunal Supremo por una cuantía de 386.715 euros, contra la resolución de la Junta Arbitral de 23 de noviembre de 2022 en el conflicto de competencias para el cobro de las retenciones e ingresos a cuenta en las retribuciones de los miembros del consejo de administración de una mercantil en 2020. La Agencia Estatal de Administración Tributaria reclamó a la Hacienda Foral que le reembolsara ese dinero, pero la Junta Arbitral lo desestimó.2. ContratosLa concesionaria de la Autovía A-12 reclama al Gobierno una indemnización por la reducción del tráfico en la pandemia entre marzo y diciembre de 2020, lo que influyó en el canon que se le abonó en 2021 por el peaje en sombra. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dio la razón al Gobierno en mayo de 2023 y la empresa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La reclamación es por 9.172.814 euros. La UTE Olave N-121-A recurrió una orden foral que estimaba parcialmente su recurso frente a una resolución sobre la revisión de precios de un contrato (conversión de la N-121-A en 2+1 entre la glorieta de los túneles de Ezcaba y la travesía de Olave), por 357.252 euros.3. Subvenciones y ayudasSendos procedimientos por discrepancias con Cultura sobre el cumplimiento de los requisitos para una deducción del Impuesto de Sociedades. Las cuantías que se reclaman son 586.590 euros y 811.371 euros.Procedimiento contra la denegación de Vivienda de una subvención para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, por 669.500 euros. Procedimiento sobre una subvención de Industria para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas, por 340.000 euros.4. Autorizaciones y licenciasProcedimiento en la Sala de lo Contencioso Administrativo por 24.472.136 euros, interpuesto tras la desestimación de un recurso en relación con la “Instalación Solar Fotovoltaica La Nava”, ubicada en los términos de Tudela y Castejón.5. SancionesRecurso por una multa que interpuso el departamento de Desarrollo Rural en mayo de 2022 por una presunta infracción de la ley foral de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. La cuantía de la multa es de 500.000 euros. Hubo una sentencia desestimatoria, pero la empresa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.6. Responsabilidad patrimonial sanitariaHay 11 procedimientos abiertos por reclamaciones de responsabilidad patrimonial por presuntos daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Navarro de Salud, que demandan cantidades que oscilan entre los 320.000 euros y los 4,3 millones. Suman en total en demandas judiciales 12.254.011 euros.7. Otros supuestos de responsabilidad patrimonialHay 5 procedimientos contra el Gobierno por haber desestimado reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Administración navarra y en uno de los casos se especifica que fue por perjuicios derivados de la declaración del segundo estado de alarma durante la pandemia. En esos procedimientos se reclaman cantidades que oscilan entre los 479.277 euros este último, el relativo al segundo estado de alarma, y el que supera los 26 millones de euros. En total, las distintas reclamaciones suman 47.407.799 euros.8. Procedimientos tributariosProcedimiento interpuesto por la tributación por el Impuesto de Sociedades de los años 2012 a 2016 y por el IVA de 2013 a 2016 por 4.628.366 euros. Tras dos sentencias en su contra, la mercantil ha recurrido al Tribunal Supremo.Procedimiento por 358.942 euros por la tributación por el Impuesto de Sociedades de 2016 a 2019. Tras dos sentencias desestimatorias, la entidad ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.Procedimiento por la tributación del IRPF en 2010 , por una cuantía de 304.491 euros. Proceso por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2018 por 469.239 euros. La mercantil tiene una sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia que todavía no es firme. Procedimiento por una cuantía de 1.317.526 euros en torno a la derivación de responsabilidad por deudas originadas por una compañía mercantil. El interesado ha recurrido una sentencia desestimatoria ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Procedimiento por 42.725.745 euros interpuesto contra el acuerdo del Gobierno de Navarra que desestima la reclamación sobre el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión de la Autopista de Navarra, con ocasión de la supresión de una exención fiscal que tenía desde su origen. El TSJN dio la razón al Gobierno de Navarra, pero la empresa ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y se está a la espera de si lo admite.Procedimiento por 535.414 euros sobre derivación de responsabilidad por deudas originadas por una compañía mercantil. El interesado ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras la sentencia desestimatoria del TSJN.Procedimiento por 673.958 euros relativo a a la tributación por el Impuesto de Sociedades e IVA de los años 2014 a 2018.Procedimiento por 452.405 euros relativo al impago de deudas tributarias por el IRPF de los años 1988 y 1989.Procedimiento por una cuantía de 385.898 euros relativo a la tributación por el Impuesto de Sociedades e IVA de los años 2016 y 2017.Hay 5 procedimientos contra acuerdos del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra en relación con la solicitud de devolución de cantidades ingresadas por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de distintos recurrentes y ejercicios económicos, por una cuantía total de 10.559.227 euros.JURISDICCIÓN SOCIALProcedimiento ordinario 766/2023 del Juzgado de lo Social núm. 4, por una cuantía de 449.360 euros. Interpuesto en reclamación por responsabilidad empresarial derivada del reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta.

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El Gobierno navarro tiene pendientes 41 litigios judiciales en los que le reclaman en total 159,8 millones

La reclamación más alta es la de Audenasa, cifrada en 42,7 millones. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra dio la razón al Ejecutivo en la demanda de la concesionaria de la autopista por perder una exención fiscal, pero esta ha recurrido al Supremo

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