El 19 de marzo, la sesión de trabajo celebrada en el Parlamento con representantes del Concejo de Ustés (Navascués) se cerró con el compromiso de los grupos políticos de buscar soluciones. No era la primera vez que escuchaban sus demandas: les resulta imposible acometer, con los medios propios de una población de 19 habitantes, una obra de renovación de redes y pavimentación valorada en 1,5 millones de euros y con apenas 450.000 euros de ayuda del Plan de Inversiones Locales (PIL). Una obra más que necesaria dada la antigüedad y los problemas de las redes hoy existentes, ubicadas además bajo un pavimento de piedra protegido. Ahora, a punto de terminar el curso político, una solución parece vislumbrarse en el horizonte para casos como este.

UPN ha presentado este lunes en la Mesa y Junta del Parlamento, para su tramitación, una proposición de Ley foral que aspira a modificar la ley que regula el PIL. Los grupos han acordado su tramitación por la vía de urgencia y se debatirá en el pleno del 27 de junio. Plantea que el Gobierno de Navarra puedan llegar a financiar obras básicas de infraestructuras al 100% en pueblos pequeños sin recursos económicos.

“Tiene que ver con el PIL y con la realidad que sufren pueblos como Ustés, pero puede haber otros, que tienen un patrimonio arquitectónico muy importante pero no tienen presupuesto para hacer frente a unas obras como en este caso es el arreglo de las calles”, ha referido Javier Esparza, portavoz regionalista. “Creemos que hay que consolidar espacios que aportan a la cultura de nuestra Comunidad y, por tanto, habrá que ayudarles más y habrá que reconocer como excepcionales ese tipo de casos”.

Concretamente, la propuesta aspira a añadir un apartado a la ley foral 4/2022 que indique que “se podrá financiar el 100% del importe auxiliable (IVA incluido), previo informe de los servicios técnicos, jurídicos y económicos del departamento competente (...) de aquellas inversiones presentadas por una entidad local con una población inferior a 500 habitantes que cumpla, además, con una serie de condiciones”. Y cita aquí: “estar debidamente justificada la necesidad de la inversión; tener la entidad local un presupuesto inferior al importe de la parte que le correspondería asumir (el PIL financia hoy entre un 65 y un 85% de la inversión de obras de infraestructuras, IVA excluido); tener la entidad local un remanente de tesorería inferior al importe de la parte que le correspondería asumir; y tener la entidad local una deuda inferior a su presupuesto anual”. 

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