38 días pueden ser decisivos para abrir o no el ‘caso Davalor’, archivado a finales de 2023. Son los días que separan el 29 de enero de 2021, la fecha de la dimisión de Manu Ayerdi, que era entonces consejero de Industria del Gobierno y principal investigado en el caso Davalor, y el 9 de marzo de 2021, día en el que el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, abre diligencias contra Ayerdi. La dimisión del consejero, impulsor principal como presidente de Sodena, de los 2,6 millones de euros que concedió la sociedad pública a Davalor, y que no han podido ser recuperados, se había producido pocos días después de que el Tribunal Supremo le citara como investigado.

Ante la querella interpuesta por UPN en junio de 2020 contra Ayerdi, por presuntos delitos de prevaricación y caudales públicos, era este Alto Tribunal el encargado de la instrucción del caso por estar Ayerdi aforado. Precisamente, por ser investigado, el entonces consejero dimitió, con lo que perdió el aforamiento y pasó su causa a verse en el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona. Como la instrucción, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede durar más de 12 meses, en caso de que se exceda ese tiempo debe concederse una prórroga dentro de ese plazo. Y aquí empieza las interpretaciones de la ley.

El juez de instrucción aprueba la prórroga el 18 de febrero de 2022, dentro de los 12 meses si se parte del 9 de marzo de 2021, cuando la causa pasa al tribunal de Pamplona. Pero se considera fuera de ese plazo si se parte de que el procedimiento comienza el 14 de diciembre de 2020, que es cuando el Alto Tribunal abre causa a Ayerdi. Esta última tesis es la asumida por el Juzgado de Instrucción y la que le lleva a archivar el caso.

La fiscalía y UPN no dudaron en que los plazos de la prórroga fueran los adecuados y el caso siguió adelante. Pero en mayo de 2023 la jueza de instrucción (después de que el anterior dejara el cargo) cita a declarar, además de a Ayerdi, a seis personas más. Entonces, Martín Zudaire, abogado de tres de las investigadas, interpone un recurso con el argumento de que la primera prórroga y, por consiguiente, las sucesivas, se concedieron fuera de plazo. El argumento que utilizó es que, en su opinión, el caso comienza el 21 de enero de 2021, cuando el Tribunal Supremo abre diligencias contra Ayerdi. Por lo que la prórroga del 8 de febrero se producía fuera de 12 meses exigidos. Este recurso es aceptado por la jueza de instrucción, quien decide en diciembre de 2023 archivar el caso. Es así cómo el asunto Davalor, que tantos ríos de tinta ha hecho correr, podía quedar en agua de borraja sin llegar a tocar el fondo, simplemente por un defecto de forma.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como UPN y, más tarde, el PP, recurrieron el archivo de cierre del caso. Sus argumentos fueron expuestos este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial. La fiscal consideró que durante los 38 días en los que la causa estuvo paralizada al inhibirse el Tribunal Supremo en favor del Juzgado de Pamplona, ningún órgano judicial podía investigar. Por esta razón, mantuvo que la primera prórroga “fue acordada en plazo” y que “todas las prórrogas acordadas con posterioridad son válidas”. Además, la fiscal defendió que de los plazos debe excluirse el mes de agosto y los días inhábiles de Navidad. En la misma línea se mostraron los abogados de UPN, Guillermo Chaverri, y del PP, Juan Pablo Valencia.

Después de las tres intervenciones de quienes firmaron los recursos contra el archivo, intervinieron los letrados de los siete investigados. Ya solo queda esperar a que el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial (formada por tres magistrados) decidan reabrir el caso y citar a los investigados a declarar o enterrar para siempre el caso que se llevó un día por delante a un consejero del Gobierno de Navarra. Y eso sin haber llegado al fondo del caso.

El abogado Martín Zudaire entró en el caso Davalor tarde. La juez de instrucción citó a declarar en mayo de 2023, además de al exconsejero Manu Ayerdi, a seis personas más: Pilar Irigoien (exdirectora de Sodena), Izaskun Goñi (exdirectora general de Política Empresarial), Maitena Ezkutari (exdirectora general de Turismo), Yolanda Blanco (exdirectora general de Industria), Juan José Marcos (impulsor de Davalor) y Javier Baztarrika. Zudaire asumió la defensa de las tres primeras. De repente, el caso, desde la querella interpuesta por UPN en junio de 2020, dio un vuelco cuando entró en el caso Zudaire. Fue él quien abrió la caja de los truenos al plantear que el caso podía archivarse por haber presentado la prórroga de la instrucción fuera de plazo. Y a ese argumento se sumaron los demás investigados.

Martín Zudaire explicó que, al comenzar el estudio del caso, pidió las diligencias y se fue en San Fermín a Zarauz. “Por las tardes lo iba mirando. Me sorprendía que el caso llevara tres años, cuatro prórrogas y que no se hubiera tomado declaración en este tiempo ni a testigos ni a querellados. Empecé a buscar si había problemas de plazos. Y los encontré”, añade después de la vista judicial.

Para argumentar su posición, Zudaire citó en numerosa jurisprudencia. “La jurisprudencia es muy clara. En caso de inhibición (cuando un tribunal se inhibe en favor de otro, como es este caso, que pasó del Tribunal Supremo al Juzgado de Pamplona) se computa el primer auto de incoación del procedimiento, que, en este caso, es del Tribunal Supremo. Por eso, cuando el Juzgado de Pamplona presenta la prórroga han pasado más de 12 meses. El plazo es contundente. Es evidente y está clarísimo. Se les ha pasado el plazo para prorrogar y todo lo demás son excusas”, explicó. Añadió el abogado que se ha hecho una mala instrucción, algo que durante la vista ha sido una crítica generalizada.

Seguidamente, asumieron las mismas tesis que Zudaire, los letrados de los diferentes investigados. Intervinieron Itziar Charterina (abogada de Ayerdi), Fernando Martínez Chocarro (de Javier Baztarrika), Lara Jarsun (de Yolanda Blanco) y Juan Manuel Alonso (de Juan José Marcos). El abogado de Baztarrika resaltó el hecho de que su defendido es el único que no ha tenido nada que ver con el Gobierno de Navarra y no ha formado para de Sodena.