Veinticuatro meses después de la inauguración del primer tramo de la N-121-A (Ezcaba-Olave), la adjudicataria va a recibir el último pago por parte del Gobierno de Navarra. La buena noticia para la UTE Acciona-Construcciones Osés es que va a cobrar 657.500 euros adicionales gracias a la revisión extraordinaria de precios a causa de la guerra de Ucrania. En este intervalo de dos años ha habido una compleja pugna administrativa plagada de informes, alegaciones e incumplimiento de plazos.

Así queda reflejado en el informe de fiscalización realizado por la intervención delegada, que dada la complejidad del expediente consultó en dos ocasiones al interventor general. Finalmente fue tramitado con reparo no suspensivo y con una petición al departamento de Cohesión Territorial para “que establezca los mecanismos necesarios para evitar los incumplimientos de la normativa señalados en las consideraciones”.

El tramo I de la N-121-A fue adjudicado a Acciona-Osés, que ofreció una rebaja del 20% en el importe hasta los 8,1 millones y en los plazos de ejecución, hasta los ocho meses. No obstante, Obras Públicas le concedió dos prórrogas. En lugar de tener que terminar el 6 de octubre de 2021 tuvo de plazo hasta el 4 de abril de 2022.

El 19 de abril se firmó el acta de recepción por parte de la dirección de la obra y del servicio de Nuevas Infraestructuras, cuyo director es el funcionario de 72 años que presidió la mesa de contratación de Belate.

El 23 de abril entró en vigor el Decreto Ley Foral 1/2022 de medidas urgentes por las consecuencias económicas de la guerra. Esta ley permitía una revisión extraordinaria de precios por el encarecimiento de las materias primas en las obras públicas en ejecución a dicha fecha. Por cuatro días, Acciona-Osés no podía acogerse a esa revisión de precios.

El 17 de junio, la adjudicataria presentó un escrito de disconformidad en el que señalaba que las obras habían terminado el 26 de abril y por ello pedía la revisión de precios. Este escrito generó una controversia jurídica en el departamento de Cohesión Territorial. El interventor entendía que la contratista había firmado el acta de recepción el día 19 y era un documento público y válido. Esta controversia quedó diluida porque el Gobierno de Navarra aprobó en agosto una modificación del decreto ley, que establecía que tienen derecho a revisión de precios los contratos en ejecución a fecha de 2 de marzo de 2022. Esta modificación de fechas le vino como anillo al dedo a Acciona-Osés.

Pero surgió otro encontronazo entre Cohesión Territorial y la adjudicataria a cuenta del importe de la revisión de precios. Obras Públicas ofrecía 646.000 euros por la “construcción de carretera con mezclas bituminosas”. Acciona-Osés reclamaba más de un millón de euros al incluir barreras y señalización. Así lo expuso en un recurso presentado en febrero de 2023. Diez meses después, Cohesión Territorial estimó parcialmente el recurso de alzada, incumpliendo el plazo de tres meses para resolver.

Una vez fiscalizado el expediente, el 19 de abril de 2024 el director general de Obras Públicas firmó la certificación final de las obras y ordenó el pago de 230.500 euros de dicha certificación y los 657.500 euros (IVA incluido) de la revisión de precios por Ucrania.

En resumen, los 5 kilómetros de carretera 2+1 entre Ezcaba y Olave han costado 9,3 millones, incluidas las modificaciones en el proyecto y la revisión extraordinaria de precios.