Administración foral

Dimite un jefe en Función Pública del Gobierno de Navarra, el tercero en siete meses

Juan Antonio Sola, director del servicio de Régimen Jurídico, deja la jefatura en plena crisis por la estabilización de plazas

Mohamed Rashid Vazquez, director de Función Pública; la consejera Amparo López y su jefe de gabinete, Jokin Lecumberri.
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Rashid Mohamed Vázquez, director de Función Pública; la consejera Amparo López y su jefe de gabinete, Jokin Lecumberri. Ahora deberán recomponer su equipo
Mohamed Rashid Vazquez, director de Función Pública; la consejera Amparo López y su jefe de gabinete, Jokin Lecumberri.

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Iñigo Salvoch

Actualizado el 23/04/2024 a las 21:49

El director del servicio de Régimen Jurídico de Función Pública, Juan Antonio Sola, ha presentado su dimisión apenas un mes y medio después de haber sido nombrado para el cargo. Su marcha se produce en medio de la polémica que vive la dirección de Función Pública tras la anulación de parte del proceso de estabilización de 396 plazas de administrativo por un error en la inclusión de siete plazas. Según fuentes cercanas a este servicio, el cese podría ser firmado en la próxima sesión de Gobierno, mañana miércoles, a la par que se formalizaría el nombramiento de su sustituto, previsiblemente un funcionario del mismo servicio.

Desde la llegada del nuevo director de Función Pública, Rashid Mohamed Vázquez, este es el tercer jefe que cesa de su cargo en los últimos siete meses en esta responsabilidad.

UN CONCURSO CON POLÉMICA

El pasado miércoles se conoció que el departamento de Interior, Función Pública y Justicia va a repetir la elección de plazas en un concurso de méritos dentro del proceso de estabilización de 396 puestos de administrativo. Una serie de recursos de alzada revelaron que se habían dejado de incluir siete plazas que por cuestión de antigüedad deberían haberse estabilizado antes que otras de las aprobadas. El proceso estaba a punto de concluir y ya solo faltaba el nombramiento oficial de los empleados que habían superado el concurso y que ya habían elegido plaza.

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Desde Función Pública se admitió que, analizados los recursos de alzada, “y de cara a dotar de la mayor seguridad jurídica posible al conjunto del proceso y a los intereses de los participantes” se retraía el proceso al paso anterior, la elección de vacante.

Sin embargo, fuentes cercanas al departamento apuntan que esta decisión ha generado conflicto en el seno de la dirección general de Función Pública, donde se han enfrentado dos posturas: una, seguir adelante con la estabilización de administrativos y que los recursos se resolvieran por la vía judicial si era preciso; la otra, estimar los recursos y repetir la elección de plazas. Al final se impuso esta última, que al parecer defendía el director de Régimen Jurídico. No obstante, el conflicto generado habría precipitado la salida de Juan Antonio Sola.

CLAVES DE UN CONFLICTO

​1. Inestabilidad en un momento clave. La dirección del servicio de Régimen Jurídico acumula cambios en un momento decisivo en Función Pública. A la puesta en marcha de numerosas ofertas de empleo y procesos de estabilización de plazas se suma el plan para reformar el Estatuto de Personal. Cristina Zozaya Iribarren cesó a petición propia el 20 de septiembre, apenas aterrizado el nuevo equipo de Función Pública. Tras su marcha fue designado Alfredo Prado Santamaría quien el 28 de febrero, cuando apenas llevaba cinco meses en el cargo, cesó también a petición propia como director del Servicio de Régimen Jurídico y Previsión Social. Juan Antonio Sola sucedió a Prado en el cargo en marzo y ha presentado su dimisión en solo mes y medio.
​​2. Críticas sindicales y políticas. Los sindicatos de la Mesa General de Función Pública, LAB, Afapna, CC OO, ELA y UGT, han criticado lo ocurrido con la estabilización de los administrativos y hoy se reunen con la dirección general para abordar el asunto. Tanto UPN como PP han pedido la comparecencia de la consejera Amparo López en el Parlamento para dar explicaciones. Se teme que otros procesos, como el de conserjes y educadores especiales, puedan verse afectados también por los recursos.

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