El secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate considera “sesgada” la noticia publicada por este periódico el día 21 sobre el escrito remitido al Parlamento de Navarra. En ese escrito este letrado “puntualizaba algunos contenidos de la comparecencia del consejero Óscar Chivite”. “Igual que quise puntualizar lo que denominaba medias verdades de los comparecientes, hago lo propio con la noticia publicada con el ruego de su rectificación”, señala. Estas son sus puntualizaciones a la noticia:

Te puede interesar

El letrado de los túneles de Belate reitera su sospecha de una adjudicación a dedo

Ir a la noticia

1. En mi escrito no puedo reiterar la sospecha de adjudicación a dedo, pues en ningún momento he afirmado eso. Lo que digo (como ya consta en voto particular) es que para evitar esa sospecha (luego corroborada por el sentido de las puntuaciones y compartida por la mayoría de la mesa, no solo por el secretario, según consta en acta firmada por todos), repito, lo que digo, es que había que motivar las puntuaciones (cuyo sentido no analizamos). A la vista del contenido del informe de valoración (para tres vocales) las puntuaciones no estaban justificadas suficientemente, por lo que jurídicamente eran arbitrarias al carecer de motivación adecuada. Siempre hay que motivar, pero más cuanto las circunstancias son las señaladas. Lo que se decía era que había que argumentar para evitar cualquier sospecha de dedazo; es más, se decía que era un derecho que tenía la oferta mejor valorada. En ningún momento se concluye en mi escrito en el sentido que apunta la noticia. Mi responsabilidad termina aquí. No puedo decir otra cosa, ni voy más allá en mi afirmación.

2. Es un hecho que consta en acta que la mecánica seguida en la puntuación viciaba el sistema colegiado de votación, pues no tiene sentido reforzar la composición colegiada de la mesa (con dos vocales más) para que, finalmente, decida uno (con independencia de quien sea éste y sus circunstancia personales; en mi escrito decía e insisto en ello, que me parece una equivocación centrarse en ese punto que será relevante en otro ámbito, no necesariamente en este). El que esa última puntuación fuese decisiva y voltease el resultado no es una opinión, es un hecho verificado y verificable. En ningún momento mi escrito concluye en el sentido que apunta la noticia; el secretario de la mesa lo que hace es fundar en esa circunstancia la necesidad de motivar el informe, precisamente para evitar los rumores.

3. Lo que afirmo en mi escrito (para lo que me dirigía a la Comisión) es la falsedad de presentar lo ocurrido como una bronca más entre los ingenieros y el resto de vocales; que para éstos la licitación del túnel de Belate resultaba compleja y prolija (vamos, que nos venía grande); que éramos incapaces de dialogar; que los votos particulares son frecuentes (no es cierto); en suma, caricaturizándolo todo en el chiste de Oroz (como citó un parlamentario).

4. En mi escrito (nada se dice en la noticia) creo dejar claro que me dirijo a la Comisión por un deber de conciencia y sin ánimo de protagonismo. Señalo a los parlamentarios (tampoco lo leo en la noticia) que lo más cómodo y fructífero a nivel personal, pasaba por no hacer nada. Insisto en que la razón de los votos y lo único que mueve la actuación del vocal secretario de la mesa es cumplir con la obligación de velar por la legalidad, dejando constancia en acta de todo lo relevante a esos efectos. En su caso, otros son los competentes para actuar.

5. Lo que critico (y considero una burla que así se afirme en sede parlamentaria) es que el control de la legalidad de la licitación quiera dejarse en manos de los intereses de las empresas (en que impugnen o no la actuación de la administración) y que se nos exijan (confundiendo interesadamente) evidencias/certezas cuando lo que se nos pide (Acuerdo de Gobierno de 2 de marzo de 2022) son sospechas e indicios. Si así quiere entenderse, sobra todo y todos.

6. En mi escrito puntualizo que se afirme, sin paliativos, la transparencia y absoluta legalidad del procedimiento; existen hechos que evidencian que eso no ha sido así (son los hechos, no la opinión del secretario): la publicación en el Portal es a raíz de la controversia; los correos se remiten a petición del Parlamento (todavía desconozco si todos o seleccionados por alguien; en este caso, dificultando su labor de control); en acta consta que no se garantizó el deber de confidencialidad; existen votos particulares que discrepan de la mayoría (con el alcance que cada cual quiera darles); la fiscalización positiva no es la común (una mera diligencia) sino que reviste forma de reparo (aunque no sea suspensivo, el informe del interventor no deja de formular un reparo); y por último, el órgano de contratación (según nos enteramos en la comparecencia) se puso en contacto con el ministerio (exhibe un certificado), con lo que de nuevo se incumple la ley (art. 100.2), que remite al órgano de contratación (ante la posible infracción del ordenamiento jurídico) al informe de la Junta de Contratación (es la mesa, y no el órgano de contratación, el competente para solicitar aclaraciones sobre la solvencia, informe de la Junta de Contratación 1/2014; precisamente eso fue lo que pedimos los vocales minoritarios).