Según la ley de estabilidad presupuestaria, “no se puede exigir” a los ayuntamientos que sus presupuestos tengan superávit (que los ingresos superen los gastos). Así lo aseguró este jueves la parlamentaria de UPN Mª Jesús Valdemoros, que acusó a los socialistas de “mentir” y “manipular” al presentar en el pleno una iniciativa en la que acusan a UPN, PP y Vox de que los consistorios deban cerrar 2024 con un superávit del 0,2% del PIB por lo que votaron en el Senado.

EL ORIGEN DE LA INICIATIVA

El Senado vetó los objetivos de estabilidad planteados por el Gobierno central, que incluían un límite de déficit para las comunidades de régimen común del 0,1% del PIB y para los ayuntamientos, de 0 (presupuestos equilibrados). El Ministerio de Hacienda sostiene que por eso se tendrá que aplicar lo que inicialmente trasladó a Bruselas (en abril de 2023), y que establecía para 2024 el equilibrio presupuestario en las Comunidades y el 0,2% de superávit para los ayuntamientos.

Ese fue el motivo de la moción planteada este jueves en el Parlamento navarro por el PSN, rechazando el veto del Senado. Fue aprobada con el apoyo de PSN, Geroa Bai, Bildu y Contigo-Zurekin y el voto en contra de UPN, PP y Vox.

“Señor (Ramón) Alzórriz, veo que está inmerso en la tarea de enredar y embarrar”, sostuvo Valdemoros dirigiéndose al portavoz parlamentario del grupo socialista. “Esta moción es una clara prueba, además de estar teledirigida desde Madrid con toda la pinta de venir por el canal del señor Santos Cerdán”.

La portavoz de UPN indicó que ahora lo que tienen las comunidades del régimen común y los consistorios es un “vacío legal” en relación con el déficit, algo que los socialistas “podían haber evitado” negociando, dado que en el Senado no tienen mayoría. Indicó que UPN votó “no” porque suponía validar unos presupuestos del Estado que no iban a responder “al interés general”, basados en previsiones “inverosímiles”.

Agregó que ante el veto del Senado no se podría imponer lo que el Gobierno central trasladó a la Comisión Europea en abril, ya que no tiene rango legal y, además, no recogía límites que se deben cumplir, sino estimaciones de lo que prevé que pueda pasar.

La portavoz del PP Irene Royo coincidió con UPN al señalar que a lo que se puede obligar a los ayuntamientos es a cerrar con equilibrio sus cuentas.

Emilio Jiménez, de Vox, dijo que votaron en contra en el Senado por considerar que el Gobierno central “no está comprometido con el equilibrio”, sino con “la inestabilidad presupuestaria”.

ES UNA CAMPAÑA DEL PSOE

El socialista Javier Lecumberri reconoció que esta iniciativa forma parte de una campaña del PSOE en toda España y por eso han presentado esta propuesta en otras instituciones.

Lecumberri no aludió a lo sostenido por UPN y PP de que por ley no se puede obligar a los ayuntamientos al superávit. Centró sus críticas en UPN, PP y Vox, señalando que por su veto en el Senado los ayuntamientos y las comunidades de régimen común tendrán que reducir sus inversiones, cuando muchos consistorios ya han aprobado sus presupuestos, algo que también criticaron Bildu, Geroa y Contigo-Zurekin.

El parlamentario del PSN aseguró que ese superávit recortará el gasto de los ayuntamientos navarros en 41 millones, aunque reconoció que obtuvieron esta cifra tras aplicar “una regla de tres”.

El PP o Geroa Bai recordaron al socialista que ese 0,2% de superávit era lo que el propio Gobierno de Pedro Sánchez planteó a la Comisión Europea en abril.

Los portavoces de EH Bildu y de Geroa Bai, Adolfo Araiz y Pablo Azcona, pusieron sobre la mesa la posibilidad de que Navarra pudiera tener voz al establecer los límites de déficit de sus ayuntamientos.

Araiz se preguntó si el Convenio Económico permite que se pueda fijar el déficit de las entidades locales de Navarra a través de la comisión coordinadora Navarra-Estado.

Geroa sostiene que Navarra “tiene competencias históricas y para legislar en materia de administración local”, para que sus entidades locales no se vean afectadas por esa senda de déficit, dijo Azcona. Ha presentado una moción para pedir al Gobierno que defienda esos derechos y que las entidades “puedan disponer de sus recursos”.