Gobierno foral
Obras Públicas exigió luminarias de una marca concreta pese a ser ilegal
El interventor advierte que esta decisión ha provocado un sobrecoste y una dependencia tecnológica y ve por ello indicios de delito
Actualizado el 15/03/2024 a las 12:11
El Departamento de Cohesión Territorial ha exigido una marca concreta de luminarias para varios proyectos de obras públicas a pesar de que los letrados y el interventor han advertido de forma reiterada que es una práctica ilegal que contraviene la libre competencia y que puede generar una dependencia tecnológica. “Esta circunstancia, en el caso de que hubiese sido buscada de propósito e implicase un sobrecoste para la Administración, constituiría, además, un hecho delictivo”, señala uno de los informes de fiscalización. Un sobrecoste que, según el interventor, ya se ha producido con el “consiguiente quebranto a la Hacienda Pública de Navarra”.
Esta advertencia está reflejada en un informe de fiscalización publicado por el Portal de Transparencia. Hace referencia a las obras del nuevo vial de conexión de la NA-30 entre Barañáin y Landaben. En este caso concreto, el director de nuevas infraestructuras obedece las advertencias y corrige el proyecto para eliminar las marcas comerciales para sustituirlas por las especificaciones técnicas de las luminarias.
Sin embargo, en otras licitaciones, entre ellas dos tramos de la N-121-A, el responsable de Obras Públicas hicieron caso omiso de las advertencias. “Esta intervención delegada ha venido advirtiendo reiteradamente mediante sucesivos informes de fiscalización de la ilegalidad que supone contravenir el artículo 62 de la Ley Foral de Contratos Públicos mediante la incorporación de marcas concretas en los proyectos aprobados previamente a la licitación de las obras”, señala el informe.
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El interventor cita en concreto cuatro obras: los tramos 2 y 4 de la N-121-A (enero 2020 y abril de 2023), la renovación de luminarias de los nudos de Murchante y Cárcar (agosto de 2022) y el “acuerdo marco de selección de las empresas o profesionales para la prestación de servicios vinculados a actuaciones para mejorar la eficiencia energética del alumbrado en la red de carreteras de Navarra”. En este acuerdo marco de enero de 2023 figura un estudio aportado por el director general de Obras Públicas, Pedro López, “en el que se hacen numerosas referencias a la marca Philips”.
Cabe recordar que en noviembre de 2021, Pedro López presentó en el tramo I (Ezcaba-Olabe) la instalación de un sistema de “alumbrado inteligente” con tecnología Led que a su juicio iba a suponer un considerable ahorro energético. En las rotondas de este tramo se instalaron 200 luminarias de la marca Philips, contectadas a un centro de control de tecnología Interact de Signify-Philips. López anunciaba la intención de Obras Públicas de una progresiva sustitución de 13.000 luminarias de las carreteras navarras con una inversión de 20 millones de euros.
El interventor apunta que la elección de la plataforma Interact que telegestiona todo el sistema de luminarias de la red de carreteras de Navarra se ha hecho en ausencia de un procedimiento de adjudicación. Es decir, se trata de una adjudicación ilegal.
El informe deja claro que estas decisiones están generando una dependencia tecnológica de un fabricante concreto. En el expediente del tramo II, hubo modificación del contrato de obras para incluir un nuevo proyecto de alumbrado de las intersecciones de Endériz, Etulain y Lantz. En dicho proyecto se decía: “La elección de las luminarias ha venido condicionada por el requerimiento de la Propiedad de utilizar el mismo modelo de luminaria que el proyectado para el tramo I”. Esta modificación del contrato fue objeto de reparo suspensivo por parte de intervención general debido a un sobrecoste de 3,1 millones (un 29%). De esta cifra, 228.000 euros correspondían a las nuevas luminarias. Aquel reparo suspensivo fue levantado por un acuerdo de Gobierno con el argumento de que los sobrecostes respondían a “circunstancias imprevisibles”.
EL INTERVENTOR PIDIÓ UNA INVESTIGACIÓN
En un informe de reparo de marzo de 2023, el interventor reclama que se lleve a cabo una investigación en Obras Públicas “para dilucidar las responsabilidades que pudieran existir”. “Teniendo en cuenta que las irregularidades y deficiencias advertidas (...) no se circunscriben al presente expediente sino que rebasan el acto administrativo fiscalizado, con un alcance imposible de determinar y el consiguiente quebranto que deriva para la Hacienda Pública, tanto por los sobrecostes generados a fecha de hoy como los incrementos presupuestarios que se podrían producir en un futuro, pudiera dar lugar a algún tipo de responsabilidad, se impone la necesidad de poner los citados hechos en conocimiento de las correspondientes autoridades”, afirma.
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