Diario de Navarra

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción está en un primer piso de la Avenida de Bayona, en Pamplona, una sede que pertenece al Gobierno foral y de momento en ella solo está una persona, su directora Edurne Eginoa Antxo (Pamplona, 1971), que espera contar en breve con los dos primeros inspectores o investigadores que se encarguen de tramitar las denuncias que ya están recibiendo, y un asesor formador. ¿Qué es lo que ha hecho en este año y nueve meses que lleva dirigiendo esta oficina? Han sido todo trabajos de puesta en marcha de la oficina. El principal era crear el canal de denuncias (en su web https://oana.es). Lo hemos hecho con la empresa CIC, ya que contamos con la dirección general de Telecomunicaciones que, dentro de su acuerdo marco, adjudicó el contrato a la empresa que le tocaba por turno. Ha sido un trabajo constante para definir el canal conforme a la directiva de Protección del Denunciante y de Lucha contra la Corrupción, de manera que permite presentar denuncias tanto anónimas como nominales, garantizando la confidencialidad. Ahora, cuando en los próximos días se incorpore un pequeño equipo, el canal también va a permitir asignar a cada inspector o investigador los expedientes. Empezaremos con dos, pero hay presupuesto para cuatro inspectores. ¿Ahora la oficina es usted? Sí, en este momento sí. Como el canal ya está en funcionamiento, yo lo que hago es dar el acuse de recibo de esas informaciones y el análisis previo de veracidad que establece la normativa, para luego ya decidir si se archiva esa denuncia, ya que hacemos bastantes archivos con recomendaciones, o se inicia un procedimiento de investigación que requiere, claro, un órgano instructor. ¿Y para contratar a esos investigadores qué canal va a seguir, habrá algún concurso oposición? Por supuesto está previsto la oposición y el concurso oposición. La ley permite en un primer momento adscribir en comisión de servicios a funcionarios o funcionarias de otras administraciones y no ha sido una tarea fácil, porque no facilita que quieran incorporarse que sea algo nuevo, en construcción. He solicitado a Función Pública del Gobierno que, mientras, venga personal de las listas de contratación que tienen. El perfil es un TAP (Técnico de Administración Pública) rama jurídica, un TAP rama económica, licenciado en económicas, un perfil así. De momento ¿lo que ha hecho es dirigirse a funcionarios concretos? Sí, que puedan tener ese perfil, porque en la adscripción en comisión de servicios solicitas tú a la administración en la que está ese funcionario o funcionaria la adscripción. ¿Son funcionarios que conoce usted? Yo he hablado con mucha gente, pero como decía nadie daba al paso por ser algo tan nuevo. Pero para un puesto tan delicado, ¿no sería lógico abrirlo a todos los funcionarios en lugar de ir a funcionarios concretos? Una convocatoria de plazas igual lleva dos años y por eso la ley previó para un primer momento adscribir en comisión de servicios. Otras oficinas lo que hacen es poner un anuncio en un breve espacio de tiempo en diarios oficiales. Sería una opción, pero hay que ver cómo encajamos esa figura en la normativa navarra. Entiendo que si solo está usted en la oficina, los 600.000 euros de presupuesto que tenían el año pasado (en 2024 son 875.000) no se han gastado ¿no? No, para nada. Ahora presentaremos todo a la Cámara de Comptos, que este año audita las cuentas de la oficina. Los gastos han sido mínimos. Existe la vía judicial, la Fiscalía Anticorrupción, el Defensor, Comptos... ¿Qué actuación realiza esta oficina que no se pueda llevar a cabo en otra institución y justifique ese gasto público? Existen este tipo de oficinas o agencias en el resto del Estado, en Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y en Navarra. Y luego hay oficinas municipales en el área metropolitana de Barcelona y en Madrid. Fundamentalmente vienen a dar respuesta al mandato de la Convención de Naciones Unidas que plantea la creación de organismos específicos de lucha contra la corrupción. ¿No sería esa la función de la Fiscalía Anticorrupción? Aquí hacemos un trabajo en vía administrativa, enfocado en la lucha contra la corrupción, pero también en el fomento de las buenas prácticas y en la corrección de las malas. Si hay cualquier indicio de delito, el asunto iría directamente a Fiscalía. Pero al margen de que existan otras agencias en España o de que hagan un trabajo más en vía administrativa, ¿cómo explicaría a un ciudadano por qué es necesaria esta oficina? Es necesaria partiendo de ese fomento de las buenas prácticas. En la administración muchas veces se hacen las cosas mal por hábito, por desconocimiento. Este es un ente muy cercano que permite a la ciudadanía en general poner de manifiesto irregularidades que pueda conocer en su vida diaria. Y luego, más concretamente, con la ley 2/2023 (reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción), se deben crear canales internos de denuncia para que desde el puesto de trabajo se pueda poner en conocimiento esas irregularidades. Imagino que habla en este último caso de trabajadores de las administraciones públicas. De cualquier tipo de trabajador de la administración, incluso de empresas que contratan con la administración. Eso lo define perfectamente la ley. Y no tiene por qué tratarse de un delito, sino que se pueden denunciar ciertas irregularidades e incluso malas prácticas para que se realice una tarea de corrección en esos canales internos. Llevan el registro de actividades e intereses de los miembros del Gobierno y, sin embargo, tuvo que ser una denuncia la que les pusiera en alerta de la situación del consejero de Cohesión Territorial, Oscar Chivite, que era al mismo tiempo administrador único de una empresa. La gestión del registro hasta ahora la llevaba Función Pública del Gobierno y la ley la ha atribuido a la oficina. Estábamos en ese traspaso de funciones. No es una excusa, en cuanto UPN denunció esa situación, intervinimos y nos pusimos en contacto con el consejero para que lo subsanara. De hecho, al día siguiente fue a una notaría y renunció a su condición de administrador. Llama la atención que usted destacara el breve tiempo que había estado en ese cargo (25 días), porque no dejó el cargo hasta que no hubo una denuncia pública. Lo cierto es que la ley es muy clara. Es incompatible. O eres administrador o eres miembro del Gobierno, no puedes ser las dos cosas a la vez. Creo que eso ya ha quedado claro y no se va a volver a repetir. Recibimos muchas consultas de incompatibilidades. Supongo que son dudas de quienes acceden a un puesto en el Gobierno o a otro alto cargo. Hay personas que preguntan antes, que es lo que hay que hacer, y resueltas las dudas, deciden. Han abierto un procedimiento sancionador a Óscar Chivite, ¿qué pasos va a seguir ahora? En cuanto tengamos inspectores e inspectoras, uno de ellos lo instruirá. Como en todo procedimiento sancionador, se le dará traslado de la denuncia al consejero y este podrá hacer las alegaciones que estime oportunas. Luego habrá una propuesta de resolución y el expediente sancionador se resolverá con una resolución de la dirección, en este caso mía. Si se confirma que el incumplimiento de la ley es grave, ¿la sanción es publicarlo? Exacto, la sanción es publicar en el Boletín Oficial de Navarra el incumplimiento de ese artículo 3 de la ley de incompatibilidades. Esta norma es del año 96, pienso que tenemos que darle una vuelta y actualizarla. Y creo que con ocasión de la redacción del código ético y de conducta que nos encarga la ley foral a la oficina, se puede revisar tanto la ley de incompatibilidades como la que regula la oficina, actualizarlas, porque hay normas en el Estado que están más avanzadas. ¿Qué opina de que un responsable público nombre para un puesto a una persona con la que se tiene algún vínculo familiar? Habría que estudiar si existe un conflicto de intereses, habría que estudiarlo desde el punto de vista de incompatibilidades, de la relación de parentesco... Aunque sea legal, ¿qué le parece? Habría que valorar el vínculo de parentesco, no es lo mismo que nombres a tu hijo que a un familiar más lejano o a un amigo. Desde el punto de vista ético tampoco tiene la misma consideración, lo legal y ético normalmente van a la par. Luego la consideración ética igual es ya una apreciación más personal. ¿Han recibido más denuncias que tengan que ver con el departamento de Cohesión Territorial? Como decía antes, las denuncias están sujetas a la tramitación de confidencialidad. No puedo decir las que han llegado. Por supuesto que la oficina va a cumplir la normativa de transparencia de rendición de cuentas, pero desde que llegan hasta que haya una resolución definitiva, en principio están sujetas a confidencialidad. ¿Ha analizado lo que está trascendiendo de la adjudicación de las obras del desdoblamiento del túnel de Belate? ¿Qué le parece? En cierto modo es preocupante. Por una parte, pone de manifiesto que funcionan los controles internos. Luego el resultado no es conforme al reparo planteado, que en este caso no es suspensivo. Vamos a ver qué explicaciones da el consejero (Óscar Chivite) en la comparecencia parlamentaria que tiene prevista. No sé si alguien interpondrá un recurso frente a esa adjudicación, pero sí, preocupa por la importancia de la obra. Y que haya habido esas advertencias o reparos, es preocupante, sí. En ese tipo de obras es muy importante la licitación, que esta sea clara, transparente, conforme a la ley. Pero luego está el seguimiento de la ejecución de las obras. Por supuesto que se van a fiscalizar esos gastos, pero hay que hacer un seguimiento en todas las obras, fundamentalmente en las de ese calibre y tan importantes. La oficina puede abrir investigaciones de oficio, ¿en este caso lo han pensado? Vamos a esperar a las explicaciones del consejero. Ahora mismo no podríamos iniciar este expediente por la falta de medios personales, pero en cuanto se constituya el equipo lo estudiaremos. ¿Le ha llegado alguna denuncia en relación con la pandemia y con las compras de material sanitario, algo de triste actualidad? Eso sí que puedo decir que no ha llegado. ¿Y de los fondos europeos, de cómo se están gestionando, la transparencia...? De la falta de transparencia en la gestión de los fondos europeos de los Next Generation no hemos recibido una denuncia como tal. No hay un asunto pendiente en ese sentido. ¿Cuántas denuncias han recibido desde que está en marcha esta oficina? Teníamos 22 denuncias en el año 2023 y ahora en lo que llevamos de 2024 tenemos 14 denuncias ya. ¿Y algunas especialmente preocupantes? No puedo responder. Sí que puedo decir que varias de ellas se referían a la ausencia de un canal interno de denuncias en distintas administraciones, algo que como explicaba se exige ahora por ley. Hemos visto que o ya tenían ese canal, pero no se había puesto en marcha, o lo han hecho cuando se les ha requerido. Esas denuncias las hemos archivado, pero sí hemos hecho recomendaciones para que los canales tengan todas las garantías. Quería preguntarle por la vinculación con Bildu de esta oficina. Ese grupo fue el que impulsó su creación y la empezó a gestar la consejera que Bildu designó en el Gobierno cuatripartito, Mª José Beaumont (2015-2019), con quien usted era directora general. Y ahora es usted quien está al frente de la oficina. Bildu ha apoyado la oficina, como la han apoyado otros partidos, pero no tiene ninguna vinculación con Bildu, algo que puedo garantizar y asegurar. Creo firmemente en la función de esta oficina que trabaja al margen de cualquier partido político, no tienen nada que ver con ninguno. La oficina está abierta para todos ellos y para todas las personas. En aquella legislatura, Bildu anunció que iba a levantar las alfombras sobre la gestión de anteriores gobiernos de UPN. La consejera Beaumont se puso a ello y luego reconoció públicamente que no habían encontrado ilegalidad o irregularidad alguna. ¿Creo que eso se podrá decir de los sucesivos gobiernos que ha tenido Navarra? No puedo decir eso. Han pasado desde entonces ya dos legislaturas. Yo puedo hablar desde que estoy en la oficina, desde que se puso en funcionamiento el canal. El camino se hace andando, lo veremos ahora en el examen de los expedientes que nos lleguen, de posibles investigaciones que podamos hacer de oficio en adelante. La ciudadanía sí puede estar segura de que todas las denuncias que lleguen y nos corresponda hacerlo las vamos a tramitar y resolver hasta el final . DNIEdurne Eginoa Antxo (Pamplona, 1971), con dos hijos, es licenciada en Derecho, especializada en Derecho Civil Navarro, y desde 1996 secretaria de los ayuntamientos de Orbaizeta y Orbara. Fue directora general de Presidencia con la consejera Mª José Beaumont en el Gobierno de Uxue Barkos (2015-2019) y el 26 de mayo de 2022 fue elegida por el Parlamento de Navarra directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

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Edurne Eginoa: "Lo ocurrido en la adjudicación de Belate es preocupante"

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