La fiscal superior del País Vasco ha archivado la denuncia que el abogado pamplonés y exdiputado Jaime Ignacio del Burgo presentó por la conexión que considera que existe entre el Gobierno vasco y el PNV con el caso Davalor. Esta empresa recibió préstamos por 2,6 millones de euros desde el Gobierno de Navarra a través de la empresa pública Sodena, dinero que no se ha podido recuperar al acabar la empresa en concurso de acreedores. Un error judicial en la prórroga de los plazos de investigación ha provocado que el caso Davalor, que el Tribunal Supremo abrió a finales de 2020 a raíz de una denuncia de UPN y que provocó la dimisión del entonces vicepresidente del Ejecutivo foral Manu Ayerdi (de Geroa Bai por el PNV), se cierre sin haber entrado al fondo del asunto. La Fiscalía de Navarra, UPN y PP han recurrido el archivo del caso.

Antes de que se decretase este cierre, Del Burgo presentó otra denuncia ante la Fiscalía de Navarra en la que exponía que, entre los diferentes acreedores de Davalor Salud existían varias entidades pertenecientes o relacionadas con el Gobierno vasco. Y añadía que Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad de dicho gobierno, a pesar de conocer “la situación económica extraordinariamente difícil” de Davalor, habló con su homólogo en Navarra en aquel momento, Manu Ayerdi, para que el Gobierno de Navarra concediera financiación a la empresa. Del Burgo recordaba que Ayerdi había sido nombrado consejero y vicepresidente del Gobierno de Navarra en julio de 2015 y que era presidente del PNV entre 2012 y 2015, el partido al que también pertenece Tapia . El denunciante explicaba que el Ejecutivo vasco había rechazado conceder a Davalor una ayuda de cuatro millones de euros por “la situación extrema” que vivía la empresa.

La Fiscalía navarra determinó que “los hechos así denunciados revisten, indiciariamente, los caracteres de un delito de tráfico de influencias”. No obstante, la Fiscalía de Navarra trasladó a la del País Vasco la denuncia por considerar que era el órgano competente para analizarla. Lo justificó en que Arantxa Tapia “goza de un fuero especial, en virtud del cual el órgano judicial de enjuiciamiento es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco”.

Así, la Fiscalía vasca practicó diligencias, entre ellas la toma de claraciones a Tapia y Manu Ayerdi por contactos que ambos mantuvieron. “No se acredita ninguna relación especial personal o profesional que pueda incluirse en los presupuestos jurisprudenciales de delito”, considera la fiscal superior, para quien “tampoco consta un mayor contacto por la pertenencia al mismo partido e en comunidades autónomas diferentes”.

La Fiscalía vasca interpreta que no costan elementos suficientes “que permitan acreditar que las decisiones de inversión o apoyo a Davalor tomadas desde órganos directivos del Gobierno de Navarra tengan características tan extrañas que permitan avalar que la decisión obedezca a un influjo suficiente de la consejera de Promoción Económica del Gobierno Vasco”.