Navarra seguirá vinculando la ayuda mensual de 100 euros por hijo menor de tres años al nivel de renta de las familias. Sin embargo en las próximas convocatorias modificará el requisito de renta para que atienda al número de miembros de la unidad familiar. Es decir, que la ayuda se seguirá vinculando a la renta pero per cápita familiar que se calcula dividiendo los ingresos totales de la unidad entre el número de miembros computables lo que en la práctica obligará a establecer nuevas cuantías de renta para poder optar a la ayuda.

Con este cambio lo que se busca es valorar de forma más certera la capacidad económica de las familias. La convocatoria que está en vigor con 10 millones de euros presupuestados dejó fuera de la ayuda a las familias con rentas superiores a 45.000 euros procedentes de una sola persona, o 70.000 si el núcleo familiar ingresa rentas de más de una persona pero sin tener en cuenta el número de miembros lo que provocó que quedarán excluidas de la ayuda familias con una renta per cápita inferior a otras con más renta pero menos hijos y que sí pudieron optar a la ayuda.

El modelo adoptado por el Ejecutivo foral para entregar estas ayudas que en el resto de España no se vinculan a la renta había generado un gran malestar entre los afectados. Uno de ellos trasladó en agosto su queja al Defensor del Pueblo y en octubre el presidente de esta institución remitió al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo un escrito para “sugerirle” que de cara a próximas convocatorias de la ayuda la considere, en el caso de mantener el modelo actual de renta, en “términos per cápita, por entender que puede ser un indicador más adecuado de la capacidad económica o adquisitiva de las unidades familiares beneficiarias”. Bienestar Social llegó a justificar ante el Defensor del Pueblo que se optó por no establecer un criterio de renta per cápita por “simplificación administrativa” dado, explicó, que iba a ser necesario gestionar en torno a 10.000 solicitudes en un periodo de cinco meses. Aunque las resoluciones del Defensor del Pueblo no son vinculantes para la administración, que puede adoptar la decisión que considera más oportuna, en esta ocasión su trabajo no ha caído en saco roto. Derechos Sociales ha aceptado su recomendación y “ante próximas convocatorias” asegura que “se revisarán las bases de la misma para subsanar las inequidades detectadas”. Así figura en el escrito que Patxi Vera remitió hace unos días al padre afectado que acudió a la institución en busca de una solución.