Diario de Navarra

El archivo del caso Davalor por haberse prorrogado la investigación fuera de plazo va a ser recurrido por la Fiscalía y las dos acusaciones personadas, UPN, que presentó la querella inicial, y PP. El martes, la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona dio la razón a las defensas y cerró sin entrar al fondo el caso que hace tres años obligó a dimitir al vicepresidente del Gobierno de Navarra Manu Ayerdi. La Audiencia Provincial de Navarra decidirá. La fiscal del caso ya mostró su oposición a la petición de nulidad realizada en julio por las defensas. Según su criterio, el juez instructor no realizó la primera prórroga de la investigación fuera de los 12 meses como máximo que marca la ley, sino en plazo. De entrada, argumentaba que la causa tiene varios autos de incoación en el Tribunal Supremo, donde estuvo la causa hasta que Ayerdi, aforado, dimitió en enero de 2021 y el asunto pasó a Pamplona. “No podemos considerar que el Tribunal Supremo haya dado principio a la fase instructora, ya que en sus autos no se acuerda diligencia alguna”, expone la fiscal. Además, sostiene que sería “ilógico” pretender que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona consumiera los 48 días que el caso tardó en llegar del Tribunal Supremo, “cuando la causa ni siquiera se encontraba físicamente en Madrid”. La fiscal entiende también que el periodo transcurrido desde la dimisión de Ayerdi (29 de enero de 2021) hasta que el juzgado pamplonés incoa diligencias (9 de marzo) no puede computarse a efectos de plazo, pues todas las actuaciones de ese tiempo serían nulas de pleno derecho. Por tanto, el único periodo que habría que añadir a la investigación abierta en la capital navarra, argumenta, son los 8 que transcurren desde que el Supremo abre diligencias y se produce la dimisión de Ayerdi y deja de ser aforado. Sobre las seis personas imputadas en abril de este año, la fiscal considera que pretender que para ellas el inicio se sitúe en el Tribunal Supremo, donde se registró la querella en junio de 2020, “vulnera el principio de igualdad”. El PRECEDENTE DE CASERO (PP) Para fundamentar su decisión de dar por finalizada la investigación, la magistrada cita varios casos, entre ellos el que acabó con la condena reciente del exdiputado del Partido Popular Alberto Casero (conocido por su error al votar el proyecto de reforma de la reforma laboral) por unos hechos cometidos cuando era alcalde de Trujillo. En su caso, la investigación por los delitos de prevaricación y malversación se inició en un juzgado de esta localidad, pero al ser advertido del aforamiento del investigado, el juzgado se inhibió a favor del Tribunal Supremo, donde se llevó a cabo la investigación. Durante la instrucción, el abogado del diputado reclamó que la investigación tenía que haber concluido en julio de 2022, porque el plazo de 12 meses había que empezar a contarlo desde que la causa se inició en Trujillo, no desde que llegó a Madrid. El Tribunal Supremo le dio la razón porque “no se trataba de una sucesión producida por una acumulación de causas”. “Solo hay un único objeto, depurar la responsabilidad respecto de unos hechos concretos”, dijo el tribunal, que fijó el inicio de la causa en el juzgado de Trujillo.

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Fiscalía, UPN y PP recurrirán el archivo judicial del 'caso Davalor'

La fiscal argumenta que no se puede considerar el Tribunal Supremo como inicio de la investigación, pues en Madrid no se acordó ninguna diligencia

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