El conocido como ‘caso Davalor’ llega a su punto final. El proyecto de la fabricación de unas máquinas para controlar la visión, con una tecnología, calificada por el fundador del proyecto y por diferentes políticos, como revolucionaria y disruptiva, ha pasado página. La decisión de la jueza de archivar el asunto por defectos formales deja sin juzgar un caso que se llevó por delante nada más y nada menos que a un vicepresidente primero y responsable de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra presidido por Uxue Barkos, Manu Ayerdi, quien, posteriormente, fue consejero de Desarrollo Económico con el gobierno de la socialista María Chivite. Ayerdi dimitió 45 días después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite una querella de UPN (interpuesta en junio de 2020), en la que se le acusaba de conceder 2,6 millones de euros a Davalor sin respetar los procedimientos estipulados, algo que el afectado admitió en varias ocasiones que fue así. La ayuda se concedió a través de la sociedad pública Sodena en diferentes momentos sin contar con los informes reglamentarios. La historia hubiera sido diferente si el dinero hubiera sido devuelto y si la empresa no hubiera llegado a un concurso de acreedores, que terminó también archivado ante la insolvencia del promotor. Pero no fue así. El Gobierno no recuperó el dinero público y ese fue el motivo de la querella interpuesta por UPN, ahora archivada.

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La historia de Davalor comenzó en 2011, cuando Juan José Marcos Muñoz quiso poner en marcha una idea novedosa. “Desarrollamos innovación de primer nivel mundial”, dijo el promotor en una entrevista a este periódico en 2016. La máquina, destinada a las ópticas, se fabricaba en Jofemar, en Peralta. Medían 2,1 metros de largo y pesaban 1.200 kilos. En su día, el promotor afirmó que se habían fabricado tres. La empresa estaba ubicada en Tajonar y contaba también con la colaboración de un centro de Terrasa, un centro que visitó Ayerdi en su día antes de apoyar el proyecto. También Marcos invitó a una delegación del Parlamento para que conociera en directo el funcionamiento de producto, con la firma previa de un documento por el que se comprometían a mantener la confidencialidad sobre la visita.

El negocio previsto consistía en que el óptico pagara 3.000 euros por máquina y el paciente, 25 euros por su diagnóstico. La cuestión fundamental, y el motivo que ha llevado a reclamar responsabilidades públicas, era la financiación. Para lograrla, Marcos utilizó el conocido como sistema crowfunding, por el que se pide dinero a inversores por diferentes vías. La empresa en 2016 contaba con unos 50 trabajadores, entre los que se incluía un fichaje de la industria del vídeojuego, que se utilizaba para hacer el diagnóstico de las máquinas llamadas EVA (Evaluación de la Visión Automatizada). En varias ocasiones reunió a posibles inversores en hoteles para explicarles el proyecto. De esta manera consiguió atraer a más de 2.500 interesados, de los que más de 1.000 eran navarros y quienes, como ocurrió con el Gobierno de Navarra, no han podido recuperar su dinero.

Pero, además del apoyo privado y después de buscar socios externos sin resultado, Marcos consideraba necesaria la financiación pública. Por eso acudió a Sodena. La primera vez lo hizo cuando todavía gobernaba UPN. Los informes elaborados por la sociedad pública fueron el motivo para denegar la ayuda. Pero cuando en 2015 las elecciones llevaron al gobierno a Geroa Bai, Manu Ayerdi, como vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Económico, aprobó una primera ayuda de un millón de euros. Y aquí es cuando comienza lo ‘atípico’, en palabras del propio Ayerdi, del procedimiento de la concesión de la financiación. Porque para ello, lo primero que hizo Ayerdi fue destituir al consejo de Sodena, el que había denegado anteriormente la ayuda, formado por políticos y representantes del mundo empresarial. Seguidamente, constituyó uno nuevo más reducido y con solo miembros del Gobierno. Por decisión del propio Gobierno, y no de Sodena, se aprobó el primer millón de euros, al que siguieron otros sucesivamente, hasta llegar a los 2,6 millones de euros en total de ayudas, incluso cuando la empresa ya vivía una situación de insolvencia, un hecho que era conocido por el promotor y por el consejero. Y eso a pesar de, no solo las críticas políticas y debates parlamentarios sobre el tema, sino también de la preocupación manifestada tanto por Ayerdi como por la que era directora de Sodena entonces, Pilar Irigoien. La respuesta de ambos cargos públicos era la misma: Se trataba de un proyecto disruptivo y el apoyo estaba avalado por las patentes de la empresa. Unas patentes de las que no se supo nunca nada.

A pesar de que el partido socialista, a través de su parlamentario Guzmán Garmendia, fue uno de los adalides en la crítica a Ayerdi y a la ayuda pública, concedida en su totalidad durante el mandato de Geroa Bai, el nuevo gobierno presidido por María Chivite renovó su cargo como consejero, como una muestra de apoyo político.

La deuda, que iba engrosando las cuentas de la empresa; las ventas, que no llegaban, y los impagos a proveedores, inversores y trabajadores desembocaron en una declaración del concurso de acreedores el 3 de julio de 2018. Después de un largo y polémico proceso, fue archivado el 1 de septiembre de 2022 por insolvencia del promotor y propietario de la empresa, que dejaba una deuda de casi 20 millones de euros.

Mientras el archivo del concurso terminaba con el caso desde el punto de vista mercantil, la querella que había interpuesto UPN en junio de 2020 ante el Tribunal Supremo (por estar Ayerdi aforado como consejero del Gobierno) continuaba a su ritmo. Este órgano judicial admitió a trámite la querella el 15 de diciembre de 2020, por lo que abrió causa penal para investigarle. Esta decisión fue la decisiva para que, 45 días después, Ayerdi dimitiera, no sin antes afirmar que la querella estaba totalmente infundada. Sin embargo, con esta dimisión Ayerdi se mostraba coherente con una ley que su partido había impulsado en 2018 por la que ningún imputado/investigado podría ostentar cargo público en el gobierno.

Al dimitir, la causa de Ayerdi, que dejaba de estar aforado, fue asumida por el juzgado de instrucción número 2 de Pamplona el 9 de marzo de 2021. Y es este el que citó a declarar en septiembre de 2023 como investigados, no solo a Ayerdi, sino también a seis personas más, incluidas Pilar Irigoien (exdirectora de Sodena), Izaskun Goñi (exdirectora general de Política Empresarial), Maitena Ezkutari (exdirectora general de Turismo) y Yolanda Blanco (exdirectora general de Industria). La citación para declarar se producía después de que se confirmase que Sodena, hasta en tres informes elaborados después de la concesión del primer millón de euros (17-9-2015), se mostraba contrario a continuar financiando la empresa, informes de los que Ayerdi hizo caso omiso. Así se recogía en un expediente que el juzgado instructor había encargado a la Policía Nacional. Sin embargo, a pesar de que seguidamente el juzgado citó a los investigados, ya no declarará ninguno de ellos. Y quedará la incógnita de por qué un consejero apoyó un proyecto con dinero público a pesar de una oposición que tenía en su propia ‘casa’, Sodena. Un defecto de forma ha llevado a la jueza a archivar el caso. Aunque la resolución puede ser recurrida.

2011. Constitución de Davalor.

23-7-2015. Manu Ayerdi es nombrado vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Económico con el gobierno de Uxue Barkos. A partir de 2019 continúa como consejero en el siguiente gobierno, liderado por la socialista María Chivite.

14-9-2015. Manu Ayerdi destituye al consejo de Sodena, formado por 8 personas: 6 independientes y dos políticas. Lo sustituye por uno nuevo con tres consejeras, que eran sus directoras generales: Pilar Irigoien, Maitena Ezkutari y Yolanda Blanco.

17-9 2015. Primer préstamo de Sodena a Davalor por un millón de euros.

3-julio 2018. Concurso de acreedores de Davalor.

Junio 2020. UPN presenta una querella ante el Tribunal Supremo contra Manu Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

15 diciembre 2020. El Supremo abre causa penal para investigar a Ayerdi.

29 enero 2021. Ayerdi dimite al ser investigado por el Supremo.

9 de marzo 2021. El juzgado de instrucción número 2 de Pamplona asume la investigación de Manu Ayerdi al perder su condición de aforado.

1 septiembre de 2022. Archivado el concurso de acreedores.

Mayo de 2023. El juzgado de instrucción número 2 de Pamplona cita a Ayerdi y a seis personas más para declarar por el caso Davalor como investigados (antes se llamaban imputados).