De los 850 crímenes de la banda terrorista ETA, no han sido condenados los autores materiales de 376, más del 40%. De ellos, 312 son los casos sin resolver tras la ley de amnistía de 1977, un total de 16 en Navarra. ¿Cuál ha sido la causa en cada uno de esos atentados? Es la pregunta que han intentado responder en su investigación los periodistas María Jiménez Ramos (San Lúcar de Barrameda, Cádiz, 1988) y Florencio Domínguez Iribarren (Caparroso, 1956), director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, coautores del libro Sin justicia, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Como cuenta Domínguez en esta entrevista, una de las dificultades tras un atentado era la falta de colaboración de testigos, ya fuera por el apoyo que tenía ETA o por el clima de terror que generaba.

¿Cuáles son las principales causas de que no se haya condenado a los autores materiales de más de 300 asesinatos?

Hay varias. En 21 casos, que corresponden a 21 víctimas, todos los autores han muerto. Hay otros 38 en los que han muerto algunos de los implicados. Luego está la falta de cooperación internacional, ya que hay unos 50 casos de extradiciones denegadas por distintos motivos, con lo cual no hubo posibilidad de juzgarlos.

¿Se refiere a Francia, o a países como Venezuela?

La mayoría son de Francia. En otros casos no se ha pedido formalmente la extradición de los autores, al menos en 22 casos, al estar en países refugio de miembros de ETA que no colaboraban con la justicia española como Cabo Verde, Cuba o Venezuela. No obstante, la causa principal de que no se haya podido juzgar a nadie en muchos casos es que no se pudo identificar a los autores.

¿En cuántos casos se desconoce quiénes fueron los autores?

Eso ocurre en 131 asesinatos de los 312 sin resolver, es un 42%. De esos, 103 son de los años de plomo, finales de los 70 y la década de los 80. ¿Eso qué significa? Que hay que entender las circunstancias para ver los problemas del trabajo policial y judicial. Había una actividad terrorista muy intensa, con cientos de miembros de ETA, con unas fuerzas de seguridad acosadas que debían dedicar muchos recursos a su autoprotección, porque estaban siendo objeto de una campaña muy dura de atentados, lo que iba en detrimento de su trabajo ordinario. Además está el gran apoyo social que tenía la banda terrorista y un clima de terror que hacía que la gente no quisiera colaborar con las fuerzas de seguridad. Los testigos de los atentados decían que no veían nada.

¿Influye eso en que la mayor parte de atentados sin resolver (255) se cometieron en el País Vasco?

Sí. Si se compara con los atentados del Grapo posteriores a la amnistía, están sin esclarecer un 12% y en los de ETA cerca del 40%, teniendo el mismo sistema judicial y policial. ¿Por qué esa diferencia tan sustancial? Porque el Grapo no tenía el apoyo social que tenía ETA con todo lo que eso supone de ventajas operativas, complicidades para eludir la operación policial, ni tenía esa capacidad de intimidación social que tenía ETA que se traducía en que los testigos no declaraban nada. La señora a la que robaban el coche y estaba dos horas con el miembro de ETA que lo vigilaba en el monte no reconocía a nadie.

ETA atentó contra personas a las que acusaba de colaborar.

Ha habido una gran cantidad de asesinatos de personas acusadas de colaborar con las Fuerzas de Seguridad, y en la mayor parte de casos seguro que era falso. Eso inducía al resto de la sociedad a no relacionarse con la policía o a creer que hablar con el guardia civil del pueblo era un ejercicio de riesgo. Otra diferencia con el Grapo es que no tenía el paraguas internacional de ETA.

¿Qué otras causas hay detrás de atentados sin resolver?

A veces la investigación policial sí identificaba el comando de ETA que había cometido el atentado, como el comando Adarra que funcionaba en Hernani y que entre 1979 y 1980 comete 11 asesinatos, entre ellos el de dos guardias civiles de Goizueta en 1980. Los informes de balística acreditan que las mismas armas intervienen en los 11 asesinatos y solo se celebra un juicio, el de los dos guardias de Goizueta. Los otros 9, que tienen lugar en Guipúzcoa, no son juzgados, siguen impunes.

¿Por qué?

Porque no hay forma de poner nombres a los autores. En el banquillo no se sientan comandos, sino personas. Luego, policialmente hay un esclarecimiento importante de 181 casos de esos 312 sin resolver. La policía tiene indicios para atribuirlos a determinadas personas, pero eso no acaba en sentencias condenatorias. Llegaron a juicio 78, una cuarta parte de los casos sin resolver, pero no hay una condena a los autores materiales. Unas 50 personas son juzgadas, pero los tribunales entienden que las evidencias no son suficientes. No es una crítica, es un sistema garantista judicial. Luego hay que tener en cuenta el estado de la ciencia forense pericial. Por ejemplo, las pruebas de ADN eran impensables antes de 1992.

¿La justicia ha actuado siempre con diligencia?

Hay errores judiciales. En los casos en los que no está identificado el autor, no hay nada que hacer. En los que sí lo está, está procesado y huido se podía haber actuado para impedir la prescripción del delito, la causa estaría activa, pero no se ha hecho. Ahí hay un número significativo de casos, señores que se han ido a Cabo Verde, han estado allí 30, 33 años, han esperado a que prescribiera su causa y han vuelto.

¿Buena parte de los atentados sin resolver cometidos antes de 2003 han prescrito?

No, no. Son 20 años de prescripción, pero sólo si no se ha hecho nada, si no ha habido una acusación, unas diligencias... Es en función de cómo esté la tramitación de la causa. Una inspectora de policía fue asesinada en Zarautz en 1981 y se condenó al autor 36 años después porque no había prescrito, porque se habían hecho actuaciones judiciales que interrumpieron la prescripción. Eso evidencia que se podía hacer.

Muchas veces se pide justicia para las víctimas, pero la prescripción del delito impide que pueda haberla para todas ellas.

Eso hay que asumirlo y no se pueden alentar falsas esperanzas. No hay resoluciones milagrosas. En el caso en que la prescripción sea firme, mañana el etarra se presenta en la Audiencia Nacional con una pancarta diciendo “Soy yo” y no se podría hacer nada.

¿Un atentado terrorista cometido ahora ya no prescribiría?

Desde la reforma legal de 2010, no, pero hasta esa fecha, sí.

¿Hay algún atentado sin resolver de los que han recogido en este libro que por algún motivo destacaría especialmente?

Hay una resolución judicial que es peregrina, inexplicable, el asesinato en 1983 de un tédax de la Policía Nacional en San Sebastián, Aniano Sutil Pelayo. Estaba actuando para desactivar una bomba, esta estalla y lo mata. Primero, un juez de San Sebastián se queda con el sumario, cuando debió remitirlo a la Audiencia Nacional, y luego dictó una resolución diciendo que los hechos investigados, es decir, colocar una bomba que mata a un policía, no son motivo de infracción penal y lo archiva.

¿Cree posible que alguna vez ETA y su entorno ayuden a esclarecer atentados sin resolver?

La mayoría de los miembros de ETA no están dispuestos a eso. Es una de las líneas rojas que se trazaron cuando toman la decisión de abandonar el terrorismo, que no debe haber colaboración, delaciones... Puede haber algún caso aislado, pero la mayoría, no. Incluso no lo están haciendo presos de ETA que se disociaron en su momento, renunciaron al terrorismo y han cumplido condena y que si reconocieran alguno de los asesinatos por los que no fueron condenados no tendrían que volver a la cárcel.

¿Este libro puede ayudar a familias de las víctimas a saber qué ocurrió con su caso?

Habrá víctimas que conozcan qué ocurrió con el sumario de su familiar, pero probablemente una gran cantidad de ellas no sepan por qué su caso no llegó a una sentencia. Si el libro les ayuda a tener cierta información, sería positivo.