"Malestar y mucha preocupación" de los jueces, magistrados, fiscales, letrados, procuradores, abogados y funcionarios de Justicia de Navarra por la amenaza a la independencia judicial y la separación de poderes que supone el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Todos los operadores jurídicos que trabajan en la actividad diaria de la administración de Justicia han mostrado este jueves 16 de noviembre una imagen de unidad sin fisuras, en una concentración silenciosa frente al Palacio de Justicia de Navarra. Más de un centenar de personas se han puesto tras una pancarta con la frase 'Por una Justicia independiente y de calidad' en un acto de protesta inédito en la historia de la Democracia.

Prácticamente todos los jueces y magistrados de los diferentes órganos judiciales se han sumado a la concentración convocada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, a instancias de la Junta General de Jueces de Pamplona. Tal como ha destacado Paz Benito, exjueza decana, los profesionales de la Justicia, independientemente de corrientes e ideologías, están "muy preocupados" por los pronunciamientos de dirigentes políticos que han puesto en duda la independencia judicial y la separación de poderes que existe en un Estado de derecho. 

El pasado 6 de noviembre, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una declaración institucional alertando de que una ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución. Los nueve vocales que votaron a favor recibieron críticas, incluso desde el ámbito judicial, alegando que no se podía hablar de un proyecto de ley sin conocer su contenido. El día 10 se conoció el acuerdo PSOE-Junts, que incluye la posibilidad de constituir comisiones parlamentarias para sortear las trabas de los tribunales contra la exoneración de los llamados casos de lawfare. El día 13, el grupo socialista registró en el Congreso la proposición de ley orgánica de amnistía. Desde entonces, los pronunciamientos desde el ámbito judicial se han sucedido en cascada. 

"Los ciudadanos pueden estar muy tranquilos porque jueces y tribunales actuamos sometidos exclusivamente al imperio de la ley porque así lo dice la Constitución que defendemos todos los días. Garantizamos sus derechos y libertades al margen de cualquier presión política y por lo tanto rechazamos cualquier pronunciamiento en cuanto a dudas de posible persecución judicial", ha afirmado Paz Benito en declaraciones a la prensa. La titular del juzgado de instrucción número 3 ha citado expresamente las referencias al 'lawfare' y a las comisiones parlamentarias como prueblas claras de las pretensiones de intromisión en la Justicia. "La Constitución ya deja claras las funciones de cada poder del Estado. El poder ejecutivo y el legislativo son responsables de las actuaciones que tomen en sus respectivos ámbitos", ha añadido.

La Junta General de Jueces de Pamplona, en su reunión del pasado martes, ratificó íntegramente el comunicado emitido el pasado día 10 por los jueces decanos de España, que a su vez se habían adherido al texto rubricado por las cuatro asociaciones judiciales. El texto dice: "Los Jueces Decanos de España abajo firmantes ante el documento suscrito por el PSOE y Junts para facilitar la investidura, y conociendo el contenido del comunicado publicado por las Asociaciones Judiciales, (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), nos adherimos expresamente al contenido del mismo".

El comunicado de los Jueces Decanos recuerdan que el texto del acuerdo de investidura contiene "explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Según recoge el comunicado, "ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes". "Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", señala.