Política
La amnistía de Sánchez borra los delitos de todo el 'procés' y alcanza a 309 encausados
El PSOE, que quería firmar el texto con todos sus socios, tuvo que registrarlo en el Congreso en solitario ante ‘peros’ de última hora de Esquerra
Publicado el 14/11/2023 a las 05:00
La polémica ley de amnistía del procés, aceptada por Pedro Sánchez como moneda de cambio para su investidura después de años de defender su inconstitucionalidad, está ya a punto de iniciar su singladura en el Congreso de los Diputados. Los socialistas, que tenían intención de registrar la norma en el Congreso junto a todos sus socios, a excepción de Coalición Canaria, lo hicieron finalmente en torno a las 18:00 horas de este lunes en solitario después de que ERC alegara que veía preciso pulir algún “fleco técnico”. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, dio por sentado, no obstante, que el texto, que ahora se pretende tramitar por el procedimiento de urgencia, saldrá adelante por mayoría absoluta de 178 votos (PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu y BNG) en “unas semanas” y que Sánchez será reelegido sin problemas el jueves.
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Los socialistas han pasado meses negociando el alcance de esta medida contestada de antemano por la oposición, por algunos (no muchos) sectores del PSOE y por buena parte del mundo judicial con el partido del prófugo Carles Puigdemont, uno de sus principales beneficiarios, y también los republicanos, que, no obstante, ya advirtieron la semana pasada, después de que se diera a conocer el acuerdo entre socialistas y postconvergentes, de que exigirían una última revisión. Finalmente, como demandaban los partidos independentistas, el conjunto de delitos amparados por la norma será amplio. Y el plazo del que dispongan los tribunales para aplicar la ley, breve: un “máximo” de dos meses a partir de su aprobación.
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La proposición de ley -entregada para su lectura a aliados como el PNV o Bildu este lunes mismo, tan solo minutos antes de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convocara oficialmente para este miércoles y jueves la investidura- fija como amnistiables “todos los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, [...] entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023”.
Es decir, que también afecta, por ejemplo, a las causas abiertas por el Tribunal de Cuentas contra el expresidente Artur Mas y otros altos cargos de su gobierno, contra Puigemont o contra Oriol Junqueras. Aunque, en caso de que ya haya sentencia firme, no se contemplan ni la devolución del dinero pagado ni indemnizaciones.
Además de esas causas, más o menos evidentes, la iniciativa, pendiente aún de su calificación por parte de la Mesa del Congreso, señala expresamente como agraciados a quienes, dentro de esa misma horquilla temporal de más de once años, cometieron otros delitos que “no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas”. Es lo que Junts venía describiendo como casos de ‘lawfare’ o persecución judicial con fines políticos.
El texto pactado por los socialistas y los secesionistas no menciona expresamente esa práctica blandida por Puigdemont en su campaña de internacionalización del procés. Es más, en el preámbulo de la proposición se remarca que “España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales”.
Pero hay pocas dudas de que bajo el paraguas de los actos no estrictamente vinculados al ‘procés, el ‘expresident’ ha querido cobijar a personas de confianza a las que presenta como víctimas de persecución ilícita.
Con toda probabilidad, por ejemplo, se extinguirá la causa contra el jefe de su oficina, Josep Lluis Allay, investigado por malversación de fondos públicos por un viaje a Nueva Caledonia para asistir como observador a un referéndum. La proposición está redactada, de hecho, casi a su medida al incluir “aquellas actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares”.
Otro caso que los postconvergentes englobaban en esa supuesta actuación espuria de los jueces, recogida en el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts y rebatida de forma unánime por todas las asociaciones de jueces sin excepción, es el del exconsejero de Interior Miquel Buch, condenado por fichar a un sargento de los Mossos d’Esquadra para que ejerciera de escolta de Puigdemont tras su huida de España.
A priori, el texto lo ampara tanto a él como al mosso Lluís Escolá.
Lo que no está tan claro es en qué medida comprende al abogado del expresident, Gonzalo Boye, acusado de blanqueo de dinero en una causa con el narcotraficante Sito Miñanco. La iniciativa registrada contempla el olvido de las causas contra “quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables” del procés, pero solo en lo que se refiere a actos relacionados “directa o indirectamente” con el mismo.
Tampoco parece que pueda servir para borrar los antecedentes penales de la presidenta de Junts, Laura Borràs, a la que Esquerra se negaba a dejar ‘limpia’ por su caso de corrupción como dirigente de la Institució de Lletres Catalans.
A quienes sí será aplicable la norma de 16 artículos es tanto a los CDR como a los implicados en la causa de Tsunami Democrátic responsables de los disturbios contra la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 y sobre los que, en algunos casos, pesa la acusación de terrorismo. A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cambio, la amnistía les será de aplicación solo en caso de que no estén acusados de delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes que “superen un umbral mínimo de gravedad”. Fuentes de la Moncloa cifran en 400 los beneficiados por la ley; 73 de ellos, policías y guardias civiles.
SIN ARREPENTIMIENTO
La proposición de ley cuenta, al margen del articulado, con una extensa exposición de motivos, a la que se dedican doce páginas de veintitrés. Ese preámbulo fue uno de los asuntos más discutidos con Junts. Entre otras cosas, porque lo socialistas lo consideraban fundamental para poder sortear los eventuales recursos ante el Tribunal Constitucional y Puigdemont y los suyos se negaban a expresar el mínimo arrepentimiento.
Bolaños aseguró este lunes que es esa parte del texto, sin fuerza normativa pero valor interpretativo, la que explica que, a diferencia de la proposición de ley de amnistía que registraron los independentistas en 2021, la suya sea “plenamente constitucional”.
El preámbulo de aquel otro texto, rechazado por la Mesa del Congreso con el voto del PSOE, presentaba al independentismo como víctima de un Estado represor. El socialista evita cualquier reproche por los actos cometidos durante el procés, que enmarca como consecuencia casi natural del malestar generado en Cataluña por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010.
Pero, además de defender que la amnistía cabe en el ordenamiento jurídico español y que está aceptada en el derecho europeo, también subraya que “no hay democracia fuera del Estado de derecho”.
Además, y a pesar de la enorme contestación que ya ha levantado la mera discusión de la amnistía al procés, con protestas (en algunos casos violentas) en toda España, la justifica con el argumento de que servirá al “interés general” y generará “un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político”.
La patronal disiente de esa aproximación. En un comunicado, tras celebrar un comité extraordinario de urgencia, la CEOE advirtió de que los pactos de investidura, que incluyen la amnistía, crean un “clima de negocios complicado”. E incluso el secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió al PSOE de que urge hacer pedagogía y ofrecer una explicación “alternativa” de lo que está pasando.
Una tramitación de urgencia para facilitar su aprobación
La proposición de ley de amnistía registrada este lunes en el Congreso por el PSOE será tramitada por la vía de urgencia para que sea aprobada en veinte días, frente a los dos meses que podría dilatarse el proceso tras la reforma propuesta por el PP en el Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta de decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley que se aprueba este martes.
La portavoz del partido socialista en la Cámara alta, Eva Granados, ya anunció que llevará esta reforma al Tribunal Constitucional, pero el PSOE no esperará a que se resuelva para iniciar los plazos.
Y es que con el Ejecutivo con sus competencias limitadas por encontrarse en funciones, la norma tiene por delante un sinuoso camino que se dilucidará en las Cortes pese que al utilizar la fórmula de proposición de ley no necesita los informes preceptivos del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, la proposición de ley de amnistía registrada añade varios preceptos dirigidos a lograr una rápida aplicación y a evitar que los jueces puedan paralizar su aplicación mediante cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o los tribunales europeos.
La primera parada será en la Mesa del Congreso -el órgano encargado de declarar la admisibilidad de las distintas iniciativas- el martes de la semana que viene, día 21. Aquí el quid de la cuestión estará en la opinión de los letrados, aunque a priori, y dada la mayoría progresista de cinco miembros frente a cuatro, no supondrá una traba
Una vez que la Mesa dé luz verde, se debatirá por primera en el pleno del Congreso, donde cada grupo parlamentario podrá dar su opinión sobre la norma y posicionarse. Esta primera votación permite que la iniciativa sea enviada a la comisión pertinente.
Durante los siguientes días -que al tratarse por la vía de urgencia reduce el plazo de dos a una semana- los partidos podrán registran enmiendas. Después, la comisión deberá redactar el dictamen que será votado, por segunda vez, en la comisión.
Tras pasar por la comisión, la proposición de ley se deberá volver a debatirse en el pleno del Congreso. Dado que la norma tendrá carácter orgánico, serán necesarios los votos de todos los socios del Gobierno para alcanzar los 176 ‘síes’ que requiere una mayoría absoluta.
“COMPLICADO, NO IMPOSIBLE”
El principal obstáculo estará en el Senado, donde el PP ya ha hecho valer su mayoría absoluta con la reforma del Reglamento del Senado. Teniendo en cuenta que enero es un mes inhábil, el PP podría retener la norma en la Cámara alta hasta mediados del mes de marzo antes de que el texto sea devuelto de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.
Fuentes de la presidencia de esta cámara apuntan a que “es complicado, pero no imposible” que la ley de amnistía se apruebe dentro del actual periodo de sesiones si se tiene en cuenta la tramitación exprés que se llevó a cabo para la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar la malversación el año pasado.
Sólo transcurrieron 41 días, desde el 11 de noviembre en el que el PSOE y Unidas Podemos registraron el texto en el Congreso hasta el 22 de diciembre el Senado, donde los socialistas y sus aliados tenían mayoría dieron luz verde definitiva pese a la amenaza constante de que el TC paralizara la norma al completo.
Tanto en el caso de que la mayoría en el Senado tumbe la iniciativa como si introduce enmiendas, la proposición de ley tiene que volver de nuevo al Congreso para que la mayoría del bloque de la investidura vuelva a hacer valer sus 176 escaños para levantar el veto del Senado. Sólo entonces la ley de amnistía estará aprobada y en vigor.
