El abogado Jaime Ignacio del Burgo Tajadura ha denunciado a la consejera del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, por el ‘caso Davalor’. Lo ha hecho ante la Fiscalía de Navarra en un auto con fecha del 22 de octubre de 2023. Le acusa de una posible conexión entre el Gobierno Vasco y el PNV, por un lado, y Davalor Salud, por otro. Esta empresa recibió un préstamo de 2,6 millones de euros desde el Gobierno de Navarra a través de la empresa pública foral Sodena, una cantidad que no se ha podido recuperar después de que la empresa terminara en concurso de acreedores. Estos hechos fueron objeto de una denuncia por parte de UPN que se está instruyendo en los juzgados de Pamplona.

Independientemente de esta denuncia de UPN, Jaime Ignacio del Burgo ha presentado otra, en este caso en la Fiscalía, en la que explica que, entre los diferentes acreedores de Davalor Salud existían varias entidades pertenecientes o relacionadas con el Gobierno Vasco. Y añade que Arantza Tapia Otaegui, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, a pesar de conocer “la situación económica extraordinariamente difícil” de Davalor, habló con su homólogo en Navarra en aquel momento, Manu Ayerdi, para que el Gobierno de Navarra concediera financiación a la empresa. Recuerda Del Burgo que Ayerdi había sido nombrado consejero y vicepresidente del Gobierno de Navarra en julio de 2015 y que era presidente del PNV entre 2012 y 2015, el partido al que pertenecía la consejera Tapia. El denunciante explica que el Gobierno Vasco había rechazado conceder a Davalor una ayuda de cuatro millones de euros por “la situación extrema” que vivía la empresa. De ser como lo relata el denunciante, estos hechos, según señala la Fiscalía de Navarra en un auto del 26 de octubre, constituirían un delito de tráfico de influencias, tipificado y penado en el artículo 428 del Código Penal y cometido, “siempre según el denunciante”, por la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno presidido por Íñigo Urkullu.

Pero, en este auto citado, la Fiscalía de Navarra traslada a la del País Vasco la denuncia porque considera que es el órgano competente para analizarla. La razón estriba, según la fiscalía, en que Tapia “goza de un fuero especial, en virtud del cual el órgano judicial de enjuiciamiento es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco”.