El Gobierno de Navarra va a hacer un desembolso de unos 8 millones de euros el próximo mes de noviembre para subir el sueldo un 0,5% a sus cerca de 30.000 empleados. Así lo confirmó ayer la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, una vez que el Ministerio de Hacienda ha aprobado esa misma subida para todos los empleados públicos del Estado. Las subidas salariales de los empleados públicos se regulan mediante legislación básica, por lo que Navarra está obligada a replicarlas.

En concreto, esta subida del 0,5% de los salarios busca compensar los efectos de la inflación y supondrá más de 200 euros brutos de media al año por empleado (tiene carácter retroactivo para todo 2023) y viene a sumarse al incremento del 2,5% que ya se les aplica desde el mes de enero.

PRECIOS POR ENCIMA DEL 6%

La Ley de los Presupuestos Generales del Estado -en cumplimiento del acuerdo marco entre gobierno y sindicatos- contemplaba posibilidad de una subida salarial adicional del 0,5% para los funcionarios. Para ello era necesario un requisito: que la suma del IPC Armonizado de 2022 y del dato de IPC adelantado del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6 %. En el primer caso, el IPCA de 2022 fue del 5,5 %, mientras que el segundo ha alcanzado el 3,2 %, siendo la suma de ambos el 8,7 %. ejecutando así una subida de medio punto en los salarios, tal y como se acordó en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.

Sin embargo, las buenas noticias para los empleados públicos pueden no acabar aquí, ya que existe la posibilidad de que sus salarios suban otro medio punto adicional si el crecimiento del PIB de España de este año llega al 2,1%.

Por otra parte, el último consejo de ministros también ha dado luz verde a que los jueces y fiscales vean incrementado el sueldo entre 440 y 450 euros brutos al mes en su complemento de destino. Aunque el 100% de la subida no se cobrará hasta julio de 2024, ambos cuerpos empezarán ya a recibir en sus nóminas un incremento salarial del 40% del total acordado con efectos de 1 de enero de 2023.

Tras verse las caras en los últimos 8 años con María José Beaumont y Javier Remírez, los sindicatos que representan a los empleados de las administraciones navarras deberán negociar ahora sus condiciones laborales con la socialista Amparo López, hasta ahora directora de Interior. Y si la última legislatura ha estado marcada por los planes de estabilización para reducir la temporalidad del empleo público y el reconocimiento de los derechos de los interinos -logrado por vía judicial- para su equiparación con los funcionarios en asuntos como el cobro del grado, la nueva etapa que ahora comienza tendrá entre sus retos la redacción de un nuevo Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

ESTATUTO Y CARRERA PROFESIONAL

Amparo López anunció que este mismo mes de octubre van a ser convocados los sindicatos de la Mesa General de Función Pública para una primera toma de contacto y en ella les serán presentados los objetivos del departamento. Tal y como ya adelantó López en su reciente comparecencia en el Parlamento, una de las tareas prioritarias es el nuevo Estatuto. (Aunque este ha ido incorporando actualizaciones en los últimos años, el originario data de 1993).

Amparo López sugirió que este nuevo Estatuto del Personal “habrá de estar adaptado a las necesidades de la administración pública del siglo XXI” y deberá impulsar una “auténtica carrera administrativa basada en el mérito, la capacidad, experiencia y desempeño” permitiendo someter esta carrera a una “evaluación periódica del desempeño”. La carrera profesional es una reivindicación histórica de los empleados públicos, pero la Administración deberá hacer números para ver si le cuadran las cuentas.

REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD

Estos compromisos relativos a la modernización de la función pública se acompañan, dijo López, de otras necesidades específicas en materia de ingreso y provisión de puestos de trabajo. “Debemos seguir avanzando en la reducción drástica de la temporalidad aprobando las ofertas públicas de empleo precisas para transformar plazas actualmente temporales de carácter estructural en plazas fijas con el horizonte de alcanzar el 8% máximo de temporalidad”, apuntó. En concreto, preocupa el relevo generacional que habrá de producirse en la administración en los próximos años, por lo que se propone un rediseño de los principales procesos selectivos “con el fin de agilizar y reducir los tiempos necesarios para el reclutamiento de personal y cobertura de vacantes”.

Otra tarea que ha quedado pendiente de la anterior legislatura es la aprobación de un decreto que regule la valoración del euskera como mérito en el acceso a la Administración. Finalmente, será una prioridad para el Gobierno “el refuerzo de los planes de igualdad en la política de personal de la Administración Pública”.