El Consejo de Ministros acordó este lunes que el presidente en funciones Pedro Sánchez recurra ante el Tribunal Constitucional tres preceptos de la ley navarra de Contratos Públicos.

Argumentó que los tres puntos son “contrarios” a “los principios de igualdad de trato, libre concurrencia, no discriminación, publicidad y transparencia”, principios que según el Gobierno central limitan la competencia de Navarra en la materia.

Los ejecutivos de Sánchez y María Chivite no lograron llegar a un acuerdo previo, aunque sí pactaron que el Estado no pida la suspensión de estos preceptos mientras el Constitucional delibera, por lo que se seguirán aplicando.

LOS TRES PUNTOS RECORRIDOS

Estos preceptos recurridos por el Ejecutivo central forman parte de los cambios en la Ley foral de Contratos Públicos que planteó el Gobierno foral a través de la ley de presupuestos de Navarra para 2023 (debate parlamentario que se suele aprovechar para cambiar todo tipo de normas).

El primer punto de discrepancia está en la regulación de los contratos de servicios, obras o suministros que los poderes públicos reservan para centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción. El Estado rechaza que se incluyera a los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro y a las entidades sin ánimo de lucro, promotoras al 100% de empresas de inserción, que hubieran sido calificadas con anterioridad como Centro de Inserción Sociolaboral.

El segundo precepto recurrido tiene que ver con el régimen especial para contratos relacionados con actividades docentes. La discrepancia está en que en este régimen especial se incluya a contratos que “se vayan a adjudicar por su especialidad artística y actividades similares”.

El tercer y último punto tiene que ver con la compra de medicamentos genéricos, biosimilares y medicamentos originales sin protección de patente por parte de los servicios de Farmacia dependientes del Servicio Navarro de Salud, “cuando la adquisición se haga a través de sistemas en los que no se seleccione a uno o varios proveedores de todos los demás interesados”. Fija una tramitación específica de la que discrepa el Estado. El Gobierno navarro indicó en una nota que esa última cuestión ya originó en 2022 un recurso de inconstitucionalidad.