“Está todo muy parado”. Es una de las frases más recurrentes de este año en el Palacio de Justicia ante la sucesión de huelgas de estos meses. Entre enero y marzo pararon los Letrados de la Administración de Justicia; la huelga prevista por jueces y fiscales no llegó a consumarse en mayo; los funcionarios llevan dos meses en huelga y hoy volverán a salir a la calle en Pamplona. Este miércoles, abogados y procuradores se concentraron frente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al igual que lo hicieron en toda España, para denunciar lo que califican de “colapso” y de una situación “muy grave”. Reclaman, de una vez por todas, un pacto por la Justicia que permita ofrecer un servicio público de calidad, en lugar de un servicio que “lleva meses semiparalizado y no parece haber importado ni importar mucho, o al menos no lo suficiente, a los gobiernos”.

En su manifiesto, leído por la decana de los abogados de Pamplona, Blanca Ramos, los abogados hicieron una cronología de cómo se ha llegado a esta situación concreta. La Justicia quedó paralizada primero por la pandemia, tras la que costó recuperar la normalidad, y este año ha sido “gravemente herida por la sucesivas huelgas”. Unos paros, critican, que se han dado “sin un control efectivo del cumplimiento de los servicios mínimos y sin viso de solución, sin implantar medidas de transformación proyectadas en las Conferencias Sectoriales de Justicia, ni avanzar en los proyectos de ley que en estas se habían consensuado”. Dentro de los últimos paros, entre los abogados y procuradores se quejan de que la suspensión de juicios, por ejemplo, no sea comunicada hasta la misma hora de la vista, con el consiguiente perjuicio a profesionales y personas intervinientes en el pleito.

Reunidos frente a la puerta del Palacio de Justicia de Pamplona, decenas de abogados (estaban representados los colegios de Pamplona, Tafalla, Tudela y Estella), a los que se sumaron procuradores, se concentraron ayer con sus togas para pedir la implicación “de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de soluciones”. “A unos y a otros exigimos la urgente e inmediata reactivación del servicio público, por el bien de la ciudadanía”.

Pero las reclamaciones de los letrados van más allá de esta situación coyuntural. Reclaman medios materiales y personales para abordar todas las reformas que la Justicia necesita, y también exigen “un trato digno, para los profesionales y para la ciudadanía”. “No podemos permitir que se lesionen sus derechos, tampoco la falta de respeto a nuestra profesión, que se manifiesta especialmente en injerencias inadmisibles por parte de algunos poderes públicos, en trato desconsiderado, impasibilidad ante el derecho a la conciliación, en una justa valoración del trabajo que realizamos, o desprecio a la labor que se lleva a cabo por los profesionales y los Colegios”.

Asimismo, los abogados reivindican “la garantía de la asistencia jurídica gratuita a la ciudadanía que carece de recursos económicos y merece un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados y que perciban una compensación digna que ampare todas las actuaciones efectuadas”, para lo que se reclama la aprobación de una Ley Orgánica de Derecho de Defensa.

Los funcionarios de Justicia continúan con sus movilizaciones por toda España después de que dos meses de huelga tras paros parciales no hayan servido para que el Ministerio de Justicia se siente a negociar. Reclaman “funciones claras y retribuciones justas” . Este miércoles, el comité de huelga (formado por los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT) emitió un comunicado en el que denuncian la “lamentable” actitud del Gobierno central, “que continúa mirando hacia otro lado mientras la Justicia de este país se desangra”. “El Gobierno tiene que negociar una solución a un conflicto que ha provocado por su inacción y desprecio a los trabajadores”.