Diario de Navarra

Tocamientos o relaciones sexuales no consentidas. Chantajes emocionales con el sexo como moneda de cambio. Insultos o falta de respeto por la calle. O discriminaciones en el reparto de bienes en vida o en las herencias familiares. Son las realidades que atraviesan a diario cientos, miles de personas con discapacidad intelectual en todo el mundo. Situaciones que, hasta no hace mucho o incluso ahora, han pasado desapercibidas. O que no se han detectado ni definido con este nombre y apellidos. Generalmente, por desconocimiento. Con el fin de poner estas realidades encima de la mesa y de apoyar a las personas con discapacidad, los profesionales que trabajan con ellos (psicólogos, abogados, jueces, fiscales...) y a sus familiares se acaba de poner en marcha una iniciativa: la Unidad de Asistencia a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI). Impulsada por las fundaciones Caja Navarra, la Caixa y A la par (a nivel nacional y que trabaja por la igualdad de las personas con discapacidad), cuenta también con el respaldo del Gobierno de Navarra (departamentos de Salud, Derechos Sociales, Justicia...) y de los órganos judiciales. Los expertos recuerdan que el 60% de las personas con discapacidad intelectual ha sufrido algún tipo de agresiones en alguna ocasión y que solo se conoce el 3% (ya que el resto o no se detecta o si se hace, no se denuncia por desconocimiento). Las líneas que siguen son fruto de una conversación a cuatro voces entre algunas de la personas implicada en la iniciativa: el director general de Justicia del Gobierno de Navarra, Rafael Sainz de Rozas; la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés; la director de ‘Incluye’, la Unidad de Asistencia Víctimas con Discapacidad Intelectual y la técnica del área de discapacidad, innovación y tendencias de Fundación Caja Navarra, Lidia Caballero Garralda, con más de dos décadas de experiencia en el centro de educación especial Isterria. NO SE VE NI DENUNCIA La responsable de esta nueva unidad de atención a víctimas insiste en que las propias personas con discapacidad intelectual, en muchas ocasiones, “no son capaces de reconocer la agresión”. “Por eso, tenemos que formarles a ellos, a sus familias y a los profesionales que trabajan con ellos (educación, salud, derechos sociales...)”. Las agresiones, recalca, son de tipo sexual, físico, verbal, psicológico y económico. “Nosotros intentamos arroparles, con el apoyo de una psicóloga forense y abogados especializados y acogerles”. Para ello, insiste, hay que evaluar la capacidad cognitiva de la personas y explicar bien el procedimiento que, en cada caso, se vaya a poner en marcha (denuncia ante la policía, adaptar las entrevistas en caso de tener que acudir a un juzgado...) “Presentamos informes con las necesidades de apoyo que precisan para que los profesionales que los atiendan (policías, abogados, jueces, fiscales, procuradores...) sepan cómo actuar en cada caso”. Todo ello, recalca, con un apoyo terapéutico. IGUALDAD DE DERECHO Y EN EL SERVICIO PÚBLICO El director general de Justicia del Gobierno de Navarra, Rafael Sainz de Rozas, lo tiene claro. Y así lo repite en varias ocasiones a lo largo de la entrevista. “Por mandato constitucional hay que garantizar la igualdad de derechos y tratar a las personas de acuerdo con sus características”. Recalca: “Hay que saber adaptar el servicio público y remover los obstáculos para que estas personas se encuentren con un entorno amable”. ¿Y cuáles son estas dificultades? Que la accesibilidad no es la misma para todos, dice. Y que, en ocasiones, se origina discriminación. “Cualquier ciudadano debe ejercer sus derechos con ayuda de un abogado. Pero, en este caso, debe hacerlo en un entorno amable. Para que las personas comprendan qué les están explicando, cómo exponer las pruebas, cómo reclamar...” “El ámbito penal es especialmente delicado”, insiste y recuerda que el Gobierno de Navarra impulsó hace un tiempo la Oficina de víctimas del delito. “Esta experiencia la aplicamos ahora a personas con discapacidad. No es lo mismo haber sufrido o que te acusen de haber cometido un delito cuando tienes una discapacidad que cuando no la tienes”. EVITAR LA DISCRIMINACIÓN DE JUECES Y FISCALES “De manera inconsciente, se discrimina y se cae en el buenismo en el ámbito judicial”, confiesa el director general de Justicia del Gobierno de Navarra, Rafael Sainz de Rozas. “Y es lo que hay que evitar”. El ecosistema jurídico, apunta, debe funcionar, como “una máquina”. “Aunque en los últimos quince años se ha evolucionado mucho en la discriminación. Los profesionales están más formados”. ¿Y por qué acuden las personas con discapacidad a los tribunales” Por los mismos motivos, aclara, que el resto de la población. Aunque según estudios de la Fundación A la Par (a nivel nacional y de apoyo a personas con discapacidad intelectual), en el 60% de los casos lo hacen como víctimas de agresiones sexuales. “Pero hay que recalcar que pueden ser tanto víctimas como agresores”. En ocasiones, agrega, no ha habido una agresión física pero tampoco consentimiento. FACILITAR PREGUNTAS DE ENTREVISTAS POLICIALES La directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Inés Francés, expone la dificultad para recoger los relatos. “Nosotros lo hemos experimentado porque ya estábamos trabajando con menores de edad y ahora lo vemos con las personas con discapacidad. La dificultad es similar porqué son poblaciones vulnerables”. En ambos casos, reconoce, hay que “recoger” el relato para que sea creíble. Para ello, añade, se deben facilitar las preguntas y preparar las entrevistas con los jueces, policías... “A estos profesionales también hay que formarles para explicarles cómo tienen que dirigirse a ellos”. Si no se da una situación de emergencia, insiste, no es necesario poner la denuncia en el momento sino más tarde “para poder preparar bien a las personas”. Hasta la institución que lidera, relata, han llegado hasta ahora algunos casos de abusos sexuales (“pero pocos”) de personas que viven en centros. “Pero no podemos contabilizar los que ocurren entre aquellos que viven en sus domicilios”. Lo más importante ahora, continúa su explicación, es saber qué es abuso, qué agresión y sensibilizar a las personas con discapacidad y a su entorno personal y profesional. ENSEÑAR EDUCACIÓN AFECTIVO Y SEXUAL Enseñar a las personas con discapacidad intelectual educación afectivo y sexual. “Que sepan qué es y cómo deben respetar su cuerpo”. Quien habla así es la técnica del área de discapacidad, innovación y tendencias de Fundación Caja Navarra, Lidia Caballero Garralda, que trabaja desde hace veintidós años en el centro de educación especial Isterria, de dicha fundación y en Ibero (el centro se fundó en 1966, como una iniciativa muy innovadora para la época). “Cuando hemos detectado casos de agresiones sexuales, hemos dado validez al relato desde el principio. Los profesionales cada vez se están formando más en atención psicológica, atención a la diversidad...” Que hay que hablar de esta realidad, incide, es un primer paso para darse cuenta de la realidad y afrontar los problemas. INICIATIVA PRIVADA Y PÚBLICA La responsable del área social, innovación y tendencias de la Fundación Caja Navarra, Gemma Botín, aplaude la colaboración público y privada para impulsar esta iniciativa. “Debemos acompañar a las persona con discapacidad intelectual en todos los procesos de su vida. Ver cuáles son las necesidades no cubiertas y darles respuesta. Además de las que ya existen en la Administración, podemos trabajar de la mano”. Botín recuerda que la Fundación A la Par, de la que beben para impulsar esta unidad de atención a las víctimas con discapacidad intelectual, se creó hace diez años, cuando se detectaron las agresiones que venían de muy atrás y que estaban sufriendo estas personas. La iniciativa de A la par, apunta, ha sido replicada en otras comunidades autónomas, como La Rioja o Aragón. ¿Y por qué es necesario poner esta iniciativa en marcha?, se pregunta. “Porque la relación de estas personas con discapacidad con otras no es entre iguales. Siempre depende de un tercero (su cuidador, su acompañante...) Y su propia discapacidad, en ocasiones, no les permite discernir qué está bien y qué no lo está”. Por todo ello, añade, es “tan importante” la colaboración público-privada. “La fundaciones y el Gobierno de Navarra, a través de los departamentos de Derechos Sociales, Salud, Educación, Justicia... Y los cuerpos policiales”. UN LUGAR DE APOYO EN EL CENTRO DE PAMPLONA La microcoperativa ‘Incluye’ es la que ha desarrollado la puesta en marcha de la Unidad de Asistencia de Víctimas de Discapacidad Intelectual, avalada por las fundaciones Caja Navarra, la Caixa y a la Par. Dirigida por Imelda Buldáin, se ubica en Pío XII 5, un local accesible y un punto de encuentro para todas las personas que lo precisen. FORMACIÓN PARA MÁS DE TREINTA PERSONAS Más de treinta profesionales de diferentes ámbitos se han formado a lo largo del mes de junio para saber como detectar y abordar casos de agresiones (sexuales, físicas, psicológicas, verbales, económicas...) en personas con discapacidad intelectual. Se trata de educadores de centros escpñares ordinarios y específicos, policías y guardias civiles, abogados, jueces, psicólogos forenses, trabajadores sociales... Seis de cada diez personas con discapacidad han sufrido agresiones Que las personas con cualquier tipo de discapacidad intelectual son más vulnerables que las que no la tienen no es ningún secreto. Y que, por ese grado de vulnerabilidad, sufren más agresiones tampoco debería serlo. Aunque no es un asunto muy conocido ni del que se hable con naturalidad. No se trata solo de agresiones de tipo sexual, como suele pensarse; sino también psicológicas (insultos, descalificaciones...) y económicas (quedar en un segundo lugar en el reparto de una herencia familiar...) Muchas veces, apuntan los expertos, son las propias familias las que no se dan cuenta de esta realidad y, aunque no lo hagan empujadas por la mala fe, actúan de este modo discriminatorio. De hecho y según los últimos datos de la Fundación A la Par (que a nivel nacional atiende estas realidades de personas con discapacidad), el 60% de ellas ha sufrido algún tipo de abuso en algún momento de su vida. Sin embargo, y así lo explica la directora de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI), Imelda Buldáin, tan solo el 3% de las agresiones se revelan. Del resto no se sabe nada y, en casi todas las ocasiones, quedan veladas. “A veces, no se detectan porque ni la propia persona afectada ni sus familiares son conscientes ni las saben identificar; y en otras ocasiones, aunque se detecten, no se denuncian por miedo. La gente piensa: ‘Total, ¿para qué vamos a iniciar todo ese procedimiento tan duro?” Ante esta situación, la UAVDI, impulsada por las fundaciones Caja Navarra, la Caixa y A la par, busca formar a los profesionales (y familiares) de las personas con discapacidad “para que sean conscientes de qué es y qué no es una agresión”. Así lo explica la responsable del área social, innovación y tendencias de la Fundación Caja Navarra, Gemma Botín. “El objetivo de esta iniciativa es triple. Además de la formación se busca también acompañar en el proceso y la intervención terapéutica”, añade. El acompañamiento, insiste, se refiere al acceso a la justicia. “Ayudar a hacer un diagnóstico, cómo plantear una demanda, cómo hay que hablar delante de un juez o de la policía...) Y la intervención terapéutica incluye un acompañamiento psicológico. En la unidad, dirigida por Buldáin, trabaja también la psicóloga forense experta en temas de mujer Sofía Remón. “Se ofrece un apoyo en todo el sistema; en salud, con la Policía, la justicia...” Antes de la puesta en marcha de la Fundación a la Par, el 70% de los casos se sobreseían. Ahora, el porcentaje se ha reducido al 17%.

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Agresión sexual o económica por tener discapacidad

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