Diario de Navarra

Daniel Sorando, profesor en la Universidad de Zaragoza, apuntó algunas claves sobre cómo un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda se ha convertido en fuente de profundas desigualdades en nuestro país. Lo hizo en la sala Descalzos en el ciclo Charlas en Red, con anterioridad a la aprobación de la nueva Ley de Vivienda Un estudio reciente del Consejo de la Juventud constata que los jóvenes navarros deben destinar al alquiler el 70% de su salario. ¿Qué le dice este dato? Obviamente, que las personas jóvenes en Navarra no se pueden ir solos a vivir a una vivienda de alquiler, porque no les quedaría nada para el resto de consumos. Sólo lo pueden hacer en compañía, que no siempre es algo malo, pero sí que limita sus opciones. Incluso aunque lo hagan en pareja y asuman cada uno el 35%, sigue siendo más de lo que todos los organismos internacionales consideran razonable, que es el 30%. En cualquier caso, indica el enorme coste que supone la vivienda para quien quiere formar un nuevo hogar. Esto tiene muchas consecuencias porque se retrasa cada uno de los procesos de transición a la vida adulta y, de una manera muy destacada, el tener hijos en caso de desearlo. De modo que esto hace que baje la fecundidad como consecuencia directa. Es un dato concreto que refleja un problema estructural, con raíces profundas. ¿Hasta dónde se remontan? Tiene su origen en los años 50, hace ya más de 70 años. Este modelo, que es hegemónico en España, tiene que ver fundamental con tratar la vivienda exclusivamente como un bien económico de inversión y no como un derecho social. En otros países europeos la vivienda hace una combinación entre ambos significados, es al mismo tiempo bien de inversión y derecho social. La mayor parte de los hogares en España entienden la vivienda como un modo de garantizar su seguridad social: quien tiene una vivienda, más o menos, puede jugar con ella para capear cualquier situación complicada. En otros países europeos las personas, independientemente de los recursos que tenga la familia en la que haya nacido, tienen derecho a tener techo sin que eso le suponga un coste excesivo. Eso no ocurre aquí. ¿Cómo se conjugan ambas dimensiones, la social y el derecho a la propiedad privada? Por supuesto que hay derecho a la propiedad privada pero, a la vez, el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución, que limita la libre disposición de los propietarios porque señala la función social. Esto supone, por ejemplo, que no puede haber viviendas vacías. Tenemos mucho recorrido por delante y hay que empezar ya. ¿Hablamos de topar precios para el alquiler? ¿De potenciar un parque potente de vivienda pública? De todas y a la vez. El retraso en el desarrollo es tal que no es que haya que apostar por un tipo u otro de políticas, sino que hay que implementarlas todas ya. Por un lado, no hay vivienda pública que sirva para contrarrestar el poder del mercado. En Europa en torno a un 10% son de alquiler social; hay países como Países Bajos o Dinamarca que están por encima del 20%, mientras que en España estamos entre el 1,5% y el 2%. Hay que empezar ya, pero en el entretanto hay que hacer otras cosas, como topar los alquileres en determinadas zonas. No para que los propietarios dejen de tener beneficios, sino para que no puedan tener todos los que les permite el mercado. También hay que controlar que no haya viviendas vacías y regular la vivienda de uso turístico. ¿Son medidas difíciles de llevar a la práctica porque encuentran resistencia social? Claro, y esto es muy importante. En el ámbito de la vivienda no hay soluciones virtuosas que pongan contentas a todas las partes. Hay una parte de la sociedad que se está lucrando y enriqueciendo a base de empobrecer a otra parte de la sociedad. Ahora, fundamentalmente, a través del alquiler. El otro día un estudio afirmaba que los caseros duplican en renta media a los inquilinos. Exactamente. Hay una gran brecha entre quien se puede permitir el acceso a la propiedad, o a las propiedades, y entre quienes no. Esto señala un conflicto entre partes de la sociedad y, en consecuencia, va a haber una resistencia, porque nadie cede sus privilegios de manera amable. Lo curioso de estas resistencias es que no vienen sólo de quienes hacen negocio con sus viviendas, sino de personas que sólo tienen una pero que, por el mero hecho de ser propietarios, consideran que sus intereses están del lado de los de quienes tienen varias. Hay un conflicto fuerte, que está muy atravesado tanto por la clase social como por la edad, porque ya más de la mitad de los jóvenes viven de alquiler, cosa que no sucedía antes. Creo que es un choque que va a ir a más y que va a ser muy importante en la sociedad española. ¿Hay algún país en nuestro entorno que podría servirnos de referente? Es difícil, porque España es una anomalía muy fuerte. Lo que aquí nos parece normal es muy extraño en un contexto comparado. Los países más ricos, como Alemania o Suiza , son los que tienen menos hogares viviendo en propiedad, porque allí el dinero lo dedican a la economía productiva. Sí es cierto que Portugal está haciendo cosas diferentes. Son vecinos y tienen un contexto parecido, pero están siendo mucho más valientes. Están siguiendo la estela de Estados Unidos, Canadá, Holanda o Nueva Zelanda a la hora restringir la compra de viviendas de personas extranjeras que no vayan a vivir en ellas o poniendo coto a las viviendas turísticas. En 2008 parecía que la burbuja inmobiliaria había estallado y que era imposible volver a aquello. ¿En qué momento estamos ahora? Hubo una burbuja que estalló y, una vez que el valor de las viviendas cayó, se hizo esfuerzo político muy importante para diseñar un nuevo ciclo de rentabilidad con la vivienda entre 2008 y 2014. Y se hizo con tal éxito, en términos de rentabilidad para determinados actores, que los fondos de inversión internacionales aterrizaron en España para especular con el alquiler. Junto con los fondos de inversión, de los que hemos oído hablar mucho, también hubo muchos hogares de clases altas y medias que pudieron comprar las viviendas escupidas por la burbuja inmobiliaria a precio de saldo, para empezar a venderlas o a alquilarlas una vez que se recuperara la economía. Podría decirse que se ha diseñado políticamente otro negocio inmobiliario que, en ningún caso ha facilitado el acceso a la vivienda de la población, pero sí ha conseguido volver a reflotar el mercado de la vivienda como un espacio de rentabilidad para quien se lo puede permitir. ¿Por qué seguimos sin Ley de Vivienda a finales de la legislatura? Esto es bastante impresionante. Creo que tiene que ver con el hecho de que hay una parte importante de la sociedad española que piensa que sus intereses están alineados con los de la propiedad inmobiliaria, aunque solamente tengan una vivienda. Ahí tenemos muchos votantes y creo que sobre todo el Partido Socialista tiene una gran duda sobre qué le es más rentable electoralmente. Y luego están los fondos de inversión, que tienen mucho poder a la hora de influir en las decisiones políticas. Blackstone, que es una gestora de fondos de inversión muy importante, ha amenazado varias veces con sacar del alquiler sus viviendas si se aprueban determinadas medidas, como la de topar los alquileres.

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Daniel Sorando, doctor en Sociología: "La vivienda es un conflicto fuerte que va a ir a más"

Daniel Sorando, doctor en Sociología y experto en cambio social en centros urbanos, reivindica tratar la vivienda como un derecho social y no exclusivamente como un bien de inversión. Así lo defendió en una charla en Pamplona organizada por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza

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