Diario de Navarra

Nuria Díaz Abad es una de las veinte vocales que forman parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que ejerce funciones de gobierno dentro del Poder Judicial y cuya finalidad es garantizar la independencia de los 5.500 jueces españoles en el ejercicio de su función. Un magnífico objetivo que se encuentra en la cuerda floja después de cuatro años en los que PSOE y PP no han sido capaces de llegar a un acuerdo para la renovación de sus vocales. Díaz Abad, abogada del Estado y europeísta, es una de las vocales que propuso en su día el PP y fue ella quien lideró el voto particular contra el nombramiento como fiscal general del Estado de la exministra Dolores Delgado. Nuria Díaz Abad ofreció ayer una conferencia en la Universidad de Navarra por la celebración del patrono de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort. Concepción Saez, compañera suya en el CGPJ, ha presentado su dimisión asqueada por el bloqueo. ¿Entiende su decisión? El Consejo está en una situación difícil porque llevamos cuatro años sin renovación y la solución a esta situación no puede ser sino la renovación. Pero no comparto la presentación de la renuncia, ni sé si el presidente la va aceptar. Nosotros al tomar posesión juramos o prometimos cumplir fielmente las obligaciones de nuestro cargo, lo que implica llevar adelante todo lo que es la gestión de la carrera judicial. Incluso pienso que el abandono de las funciones podría dar lugar a una responsabilidad penal. PSOE y PP asumen ya que el bloqueo del poder judicial va a continuar hasta pasadas las elecciones generales. ¿A qué nos conduce esta situación? Me parece muy lamentable que haya un órgano constitucional que no se renueve en plazo y que tampoco se haya previsto un mecanismo de desbloqueo. Veremos que dice la Unión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho, porque el año pasado ya dirigió dos recomendaciones muy claras a España. En primer lugar, la inmediata renovación del Consejo y a continuación adaptar la elección del turno judicial a los estándares europeos, lo que implica la elección directa de los jueces por sus colegas. Ninguna de las dos cosas se ha hecho. ¿El poder judicial es el juguete roto de la lucha partidista entre PP y el PSOE? Yo no diría eso, pero los partidos políticos tienen que tener un respeto hacia las instituciones, lo que implica ser capaces de llegar a acuerdos para cumplir con los plazos y la renovación que se les exige. ¿Qué consecuencias prácticas está teniendo la falta de renovación del Consejo? Para forzar la renovación del Consejo, en 2021 se cambió la ley y se nos quitó la competencia de seguir realizando nombramientos discrecionales. A día de hoy, si no se va a producir la renovación de este órgano, se nos debería devolver la competencia. No podemos asistir impávidos a que los magistrados del Tribunal Supremo se vayan jubilando y no podamos designar otros nuevos. Es la situación que más preocupa, el número de vacantes en el Supremo está haciendo que se resienta su actividad y que esté dictando mil sentencias menos al año. Cambiando de tercio, ¿qué opina sobre las consecuencias de la controvertida ley del ‘solo sí es sí’ habiendo sido el propio Consejo General del Poder Judicial el que advirtió mediante un informe de los efectos que podía tener? Es una responsabilidad del legislador. En el anteproyecto de ley orgánica , que se sometió a informe del Consejo a petición del Ministerio de Justicia, ya advertíamos que al unificar los tipos penales y rebajar las penas, el más favorable se aplicaría retroactivamente y, por tanto, nos enfrentaba a un proceso de revisiones. A pesar de nuestro informe, que en eso momento era preceptivo y no vinculante, se decidió seguir adelante con el proyecto, lo que es una responsabilidad política. ¿Advertían ustedes de las más de 700 rebajas de penas y 70 excarcelaciones? Lógicamente, en ese momento no se pudo hacer un estudio de a cuantas personas podían afectar las revisiones. Pero lo que nosotros sí advertíamos claramente es que se iba a producir la aplicación retroactiva de la ley más favorable y eso iba a abrir un proceso de revisiones. ¿Entiende la contumacia en el error, que no se corrija la ley? De nuevo, es un problema del legislador. Y aunque este llegue a corregir la ley, esa modificación solo se va aplicar a quienes delincan a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. El efecto de la actual normativa va a durar muchos años porque no sólo se trata de las revisiones producidas, sino que muchos de los delitos que se sigan cometiendo bajo el imperio de esta ley van a tener esas penas más bajas. Por eso es importante legislar bien. Ana Obregón ha decidido ser madre a los 68 años mediante un vientre de alquiler y el asunto ha encendido el debate. ¿Qué reflexiones éticas y jurídicas le suscita la gestación subrogada? Es un tema muy complejo. Tengo mi opinión personal sobre ello, pero pienso que es un asunto que hay que abordar desde muchos puntos de vista y se sale un poco de mi ámbito de actuación. ¿No podría llegarle este asunto el mes que viene al Consejo General del Poder Judicial si el Ministerio del ramo decide regularlo y les pide un informe preceptivo? Sí, sí, y tendríamos que tomar una postura, pero exigiría analizarlo con detalle. La jurisprudencia actual va a proteger el interés del menor, pero la utilización de la mujer que supone la maternidad subrogada también plantea muchísimas cuestiones. Ya hemos visto como en algunos países hay auténticas ‘granjas’ de mujeres produciendo niños. Es un tema con muchas aristas, éticas, jurídicas, morales...

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Nuria Díaz: "Fuimos claros sobre los efectos que tendría la ley del 'solo sí es sí"

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano que realizó el informe sobre la ley más polémica de la legislatura, aunque no se tuviera en cuenta. Pero hoy preocupa el bloqueo al que lo tienen sumido PSOE y PP.

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