Elisa de la Nuez: "Se deberían evitar las puertas giratorias entre la justicia y la política"

La abogada Elisa de la Nuez Sánchez-Casado es secretaria general de la Fundación Hay Derecho, entidad que puso en marcha un grupo de juristas preocupados por la situación del Estado de Derecho y a la que están incorporando a profesionales de otros sectores, porque su objetivo es llegar e implicar a toda la sociedad. “En esto todos los jugamos mucho, no es un problema solo de abogados”, explica. Abogada del Estado en excedencia, nació en Santander en 1961, aunque siempre ha vivido en Madrid. Trabaja en un despacho de abogados además de ser articulista y haber participado en varios libros. Como representante de la fundación, esta semana ha estado en Pamplona, en un acto organizado por la asociación cultural Pompaelo, para haber del informe que ha codirigido sobre la situación del Estado de derecho en España en los últimos años (2018 a 2021). ¿A qué nos referimos cuando se habla del Estado de derecho? Se podría decir que son las reglas que nos hemos dado para el juego político. En España está formado por la Constitución, las leyes y el conjunto de las instituciones, es decir, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es como cuando juegas un partido de fútbol donde hay unos jugadores, unas reglas que hay que cumplir y el árbitro debe ser independiente y neutral. ¿Cuál ha sido la principal conclusión de su informe? Tenemos un cierto deterioro del Estado de derecho que viene de lejos, pero que se ha acentuado en estos últimos años. ¿Qué sería lo más preocupante? Hay varios puntos preocupantes. Uno muy claro está en el choque que puede haber entre el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Este último es el garante del estado de derecho, de la aplicación de las leyes y la defensa de los derechos de los ciudadanos, por lo que todo lo que tiene que ver con la politización del poder judicial, con intentos de controlarlo es algo alarmante. Además hemos identificado un deterioro del poder legislativo, del Parlamento. Cada vez se legisla más por decretos leyes que son normas que hace el Gobierno, no se respetan los procedimientos, se legisla con muy mala técnica legislativa como hemos visto en algunos ejemplos recientes… Hay varias llamadas de atención pero por elegir dos diría la politización del poder judicial y el deterioro del poder legislativo. ¿El procés catalán puso a prueba el Estado de Derecho en España? Sin duda, lo tensionó muchísimo y todavía hay cuestiones que vienen de ahí. Todo el peso de enfrentarse a ese procés catalán recayó básicamente en los tribunales de justicia y en el Tribunal Constitucional, que aprovecho para decir que no forma parte del poder judicial aunque tenga nombre de tribunal. Todo eso ha facilitado los ataques desde ciertas perspectivas ideológicas contra el poder judicial. ¿Y ahora en qué papel ha quedado el poder judicial después de que el Gobierno de Pedro Sánchez pactara una reforma legal que beneficia a las personas que estuvieron implicadas? Antes de la reforma de la ley está el tema de los indultos, que claramente es una salida que va en contra de la sentencia firme del Tribunal Supremo. Ahí hay una primera vía de escape que es verdad que está contemplada en la ley, por cierto ley de 1870. La segunda es esta modificación del Código Penal de los delitos de sedición y malversación cuyo principal problema es que se dirige a un grupo de personas concretas. Eso es importante, porque las leyes siempre tienen que ser generales. Una idea básica del Estado de derecho es que uno no puede legislar para favorecer a un colectivo concreto. Se rompen de alguna manera las reglas. De alguna forma es desautorizar al poder judicial. El ciudadano ve todos los días ese reparto de cuota de poder de los partidos en órganos del poder judicial, también en el Tribunal Constitucional, ¿eso no afecta a su credibilidad? Sin duda. Aquí el árbitro de las reglas de juego constitucionales es el Tribunal Constitucional. Si lo conviertes en una especie de tercera cámara, es decir, tiene que reproducir la mayoría que hay en el Parlamento, le estás privando de la posibilidad de ejercer de árbitro, su capacidad de ser un contrapoder y ejercer esa función. Y me da igual que la mayoría sea progresista, conservadora o cualquiera. Es un tribunal que debe ejercer de árbitro y por tanto ser neutral y profesional. En la medida en que los partidos, y esto no viene de ahora, van intentando comprar al árbitro y poner a personas de su confianza política, ese papel se resiente y se resiente la legitimidad del órgano. Nos podemos preguntar si el árbitro va a estar comprado por unos o por otros, porque en esto todos los partidos lo han intentado. Con respecto al poder judicial, a mí me gusta siempre separar y dejar muy claro que la politización afecta a la cúpula judicial, no a la inmensa mayoría de los jueces, que son con los que se van a encontrar los ciudadanos. Ahí podemos estar muy tranquilos, los jueces son independientes y profesionales. Cuando los partidos juegan a la politización del Consejo General del Poder Judicial, que al final es el que hace los nombramientos de la cúpula judicial, están arrojando esa mancha o esa sospecha sobre todo el colectivo de jueces, cuando la inmensa mayoría no está en absoluto politizado ni juega a eso, pero con que haya 50 en puestos muy importantes, ya tenemos esa sospecha sobre todo el colectivo. Desde el propio Gobierno se han lanzado duras acusaciones a los jueces, hablo en concreto de la parte de Podemos y la aplicación de la ley de ‘solo sí es sí’. Es también un indicio preocupante del deterioro del Estado de Derecho cuando se empieza a deslegitimar al colectivo de los jueces por resoluciones que no le gustan al gobierno de turno. No porque lo digamos nosotros, lo dice la Unión Europea en sus informes. Una cosa es criticar una sentencia, que es legítimo, y otra, criticar a todo el colectivo diciendo “todos los jueces son machistas, todos son fachas, van en contra del gobierno”, etcétera. Ese tipo de reacciones que efectivamente se han producido desde el Gobierno con la ley del ‘solo sí es sí’ es un indicador de deterioro del Estado de derecho grave, porque se está cuestionando la labor de todo el colectivo de jueces. ¿No se deberían evitar los viajes de ida y vuelta de jueces a la política? Sin duda. Uno de los problemas que afecta muchísimo a la imagen de la justicia son esas puertas giratorias que permiten que un juez pase a la política y que cuando termine su ciclo en política vuelva a la judicatura. Eso se debería evitar estableciendo un periodo mínimo en el que alguien no pueda pasar de la política a la judicatura. Eso ocurre en muchísimos países en los que un juez puede dedicarse a la política, pero no puede volver al día siguiente a tener un puesto en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional o donde sea. Esto se evitaría muy fácilmente con una norma que lo diga así. Hay destacadas instituciones que están sometidas al reparto de cuotas partidistas. ¿Cuáles son las que más les preocupan? Se produce prácticamente en todas. La más reciente, el Tribunal Constitucional. Luego está, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial que lleva un montón de años sin renovar porque no se ponen de acuerdo en ese reparto de cromos, pero pasa también en los organismos reguladores, como son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pasa también en el Banco de España, lo acabamos de ver, en el Tribunal de Cuentas… Prácticamente en todas las instituciones cuando son instituciones de contrapeso, las que tienen que controlar al poder. Por eso, en la medida que hay ese reparto de cromos se desvirtúa esa capacidad. ¿En qué medida está afectando al Estado de derecho la polarización política existente, con la ausencia de pactos entre los grandes partidos? Mucho. La polarización impide los acuerdos transversales, por ejemplo si se intenta evitar las puertas giratorias entre justicia y política. En las instituciones no deberia haber un reparto de cromos, tantos para ti tantos para mí, sino un acuerdo transversal en los perfiles que susciten el mayor consenso del arco parlamentario. Es decir, hay cosas en el estado de derecho que sin acuerdos transversales no se pueden arreglar. O la pérdida del poder del Parlamento. Es necesario que todos se pongan de acuerdo y respeten las reglas del juego. ¿Está hoy justificado que un miembro del Gobierno navarro o del central, un parlamentario o un diputado no estén sometidos a la justicia ordinaria como el resto de ciudadanos? No está justificado en absoluto. Es uno de los temas en los que hemos dado mucho la batalla desde la fundación. Siempre pongo un ejemplo, el de la infanta Cristina y su entonces marido Iñaki Urdangarín. Son dos personas que como no tenían ese privilegio acabaron en un juzgado de instrucción en Palma de Mallorca, como cualquier ciudadano, y en cambio a un político eso no le puede pasar. Los políticos si llega el caso van a un tribunal en el que ellos han tenido capacidad de influencia, hablamos del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia. Es un privilegio. Desde todos los puntos de vista, desde la igualdad ante la ley, la justicia y la eficacia y eficiencia no es en absoluto sostenible. Además no se da en ningún país del mundo. A lo mejor se da en el caso de un presidente de república, pero nada más. Esto nació al inicio de la democracia. Ante la composición de la judicatura entonces y la posibilidad de que algún político pudiera tener problemas en un tribunal se decide ponerlos al margen del poder judicial. Ahora, después de casi 45 años de democracia, no tiene ningún sentido. Habla de la infanta Cristina pero también tenemos el caso contrario de su padre, el rey emérito Juan Carlos I ¿por qué un rey tiene que tener inmunidad? Lo que dice la Constitución, y tiene toda lógica, es la inviolabilidad referida a aquellos actos que están sujetos a refrendo. Eso quiere decir que el Rey no es responsable de las actuaciones que hace en el marco de su labor pública, porque tienen que estar siempre refrendadas por el Gobierno. Eso es razonable y se establece también en otros países con monarquías parlamentarias. El problema es cuando pasas a la esfera privada, que es lo que ha ocurrido. Eso viene de una interpretación digamos generosa del Tribunal Constitucional de lo que dice la Constitución y lo amplía a la parte privada y yo creo que ahí es donde no hay justificación. Es decir, en la parte pública tiene toda la lógica y en la parte privada, no. En su informe detectan que ha disminuido la preocupación ciudadana por la corrupción. ¿Por qué? La corrupción estuvo en unos puntos altísimos de preocupación ciudadana básicamente durante la etapa de Gúrtel y los grandes escándalos y ha pasado a un segundo plano por muchas causas. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez llega tras la moción de censura parece que de alguna forma se ha conseguido que este tema se encauce, y porque ha habido otras preocupaciones que la han desplazado como la pandemia. Nosotros queremos poner de relieve que la corrupción sigue con nosotros, no ha habido grandes cambios y sin embargo no está en el centro del debate público. La corrupción tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, la falta de controles, que el Tribunal de Cuentas está politizado y no puede ejercitar bien su labor de control, con el hecho de que a los funcionarios que deben controlar los nombra el que debe ser controlado… Todo eso no ha cambiado, a lo mejor ahora mismo se está montando otro escándalo de corrupción porque las reglas siguen siendo las mismas y no han mejorado. Y los que deben mejorar esas reglas están en las instituciones. Al final siempre tenemos el problema de a quién le interesa cambiar esto. Los que están en las instituciones no quieren muchas limitaciones al poder, es lógico. Nosotros en la Fundación tenemos muchísimo éxito entre la oposición, ¿por qué? Porque ahí los partidos ven muy claro que tiene que haber límites y controles al poder. Sin embargo, cuando llegan al gobierno ya no les parece tan bien. Debe haber unos límites al poder gobierne quien gobierne. Es una garantía para los ciudadanos y para los propios políticos. El caso de los ERE de Andalucía, con la condena a Griñán. Todo el mundo dice que es una persona honesta, pero si hubiesen tenido controles no estaría en esta situación. Nadie duda de su honestidad personal, pero la verdad es que ahí había un entramado de corrupción, se eludieron todos los controles y él era el máximo responsable político. ¿No hubiera sido mejor que esos controles se hubieran respetado y evitar al final lo que ocurrió? Los políticos no se dan cuenta de que a medio y largo plazo tener controles, contrapoderes, contrapesos, les es también útil a ellos. Sin embargo, vivimos siempre con el muy corto plazo. La gente me pregunta ¿y esto cómo se arregla? Se arregla si a los políticos les parece que a los ciudadanos les importa. Si el político detecta que hay un tema que a la ciudadanía le importa y puede condicionar su voto, esto se arregla. La pandemia supuso muchos recortes a las libertades de los ciudadanos, ¿las instituciones han aprendido de aquello para afontar una situación así de una manera distinta? Hicimos un informe sobre ello con otra fundación y creo que los expertos hemos aprendido mucho, pero yo tengo la sensación de que los políticos, no. ¿Por qué? Porque sí analizamos los problemas que se produjeron, tenemos los estados de alarma declarados inconstitucionales, tuvimos problemas de regulación y, sin embargo, no se ha tocado una letra de nada. Esperemos que no haya mañana nada parecido, pero la realidad es que no se han hecho modificaciones que permitan que si vuelve a ocurrir algo así tengamos esas reglas bien establecidas como sí ha ocurrido en otros países. La pandemia de la covid llevó a que se impusieran restricciones a la libertad de los ciudadanos. ¿Hoy se tomarían las mismas medidas? ¿Los políticos aprendieron de lo ocurrido para afrontar una situación así de manera diferente? Elisa de la Nuez cree que no. “Hicimos un informe sobre ello con otra fundación y creo que los expertos hemos aprendido mucho, pero tengo la sensación de que los políticos, no. ¿Por qué? Porque si analizamos los problemas que se produjeron, tenemos los estados de alarma declarados inconstitucionales, tuvimos problemas de regulación y, sin embargo, no se ha tocado una letra de nada. Esperemos que no ocurra mañana nada parecido, pero la realidad es que no se han hecho modificaciones que permitan que si vuelve a ocurrir algo así tengamos esas reglas bien establecidas como sí ha ocurrido en otros países”.

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