La energía eléctrica es el tema del momento. Tristemente. Y las previsiones apuntan a que en los próximos meses -quizá años- va a ser una fuente de disensiones políticas y geoestratégicas de primer orden. Quién la produce, por qué medio, a qué precio y quién la compra y quién la vende son materia de estudio y negociación en muchos gobiernos; la factura final es motivo de preocupación para ciudadanos y empresas. Pero este tipo de conflictos no es una novedad en Navarra y en Guipúzcoa. Ya hace cien años, entre 1922 y 1923, las diputaciones de los dos territorios utilizaron la energía eléctrica como medida de presión en un enfrentamiento comercial y político que en la época recibió el nombre de "pleito de las tarifas diferenciales".

El origen del desencuentro se remonta a 1917. Desde ese año, la diputación de Guipúzcoa pagaba un impuesto especial -una tarifa o arancel- por los productos navarros, entre los que se incluía la energía eléctrica que Navarra exportaba al territorio vecino. Sin embargo, Guipúzcoa quiso poner fin a la sangría de dinero que suponía esta tarifa y, el 1 de junio de 1922, decidió "cargar a determinados productos navarros con impuestos superiores a los del resto de España", según recogen las crónicas de Diario de Navarra. A ese nuevo impuesto lo denonimó "tarifas diferenciales".

La respuesta de la Diputación Foral de Navarra fue inmediata: resolvió "aumentar los tipos de exacción del impuesto de consumos establecidos sobre géneros procedentes de Guipúzcoa, en proporción de un 200 por 100, y agregar a las tarifas vigentes en la actualidad nuevos conceptos de tributación". En ese sentido, la medida estrella fue "establecer un impuesto sobre la energía eléctrica que, producida en Navarra, se comunicase con Guipúzcoa". Además, los acuerdos para el aprovechamiento de Urbasa y Aralar también quedarían en suspenso.

Durante meses, "el pleito de las tarifas" enfrentó a ambas diputaciones. Hubo varias reuniones en Bilbao para intentar desencallar el problema, a las que acudieron, por Guipúzcoa, los señores Elorza, Balmaseda, Pérez Arregui y Aguinaga y, por Navarra, los señores Oroz, Baleztena e Irujo. A pesar de los recelos entre ambas delegaciones, nada les impedía coronarlas con un almuerzo en el Club Náutico, invitados por el presidente de la diputación vizcaína, el señor Jáuregui.

Guipúzcoa no escondía sus pretensiones. Sin bien estaba de acuerdo en "abonar a la Diputación de Navarra, si el árbitro lo acordase, la cantidad proporcional a lo consignado por recaudación de arbitrios en el presupuesto actual de Navarra, durante el tiempo que dure el arbitraje", dejaba claro que esta concesión o gesto de buena voluntad no entrañaba "el más mínimo reconocimiento por la Diputación de Guipúzcoa de la procedencia de la implantación por la de Navarra de las tarifas de 1917". Es decir, ponía negro sobre blanco que compensaría los perjuicios causados a los presupuestos navarros del ejercicio de 1922, pero que no estaba dispuesta a reconocer -ni a abonar- en adelante el arancel establecido en 1917.

Finalmente, tras meses de reuniones y de perjuicios para los bolsillos de los ciudadanos de ambos territorios, Navarra claudicó. Aceptó las peticiones guipuzcoanas y, el 10 de marzo de 1923, firmó el acuerdo por el que las tarifas de 1917 quedaban sin efecto. A cambio, San Sebastián se comprometía a "facilitar, no con carácter de indemnización, que Navarra liquidara su presupuesto del ejercicio último", lo que de hecho significaba que pagaría una parte de lo que se hubiera previsto como ingresos derivados de la tarifa en el presupuesto de la Diputación de Navarra. Como ha quedado dicho, esta era una contrapartida aceptada de base por la delegación guipuzcoana...

No obstante, los diputados navarros pudieron apuntarse al menos un tanto, ya que en el laudo consiguieron que fueran sus vecinos quienes se hicieran cargo de los gastos de conservación de la carretera de Irún a Endarlatsa, que a pesar de estar situada en el término de Guipúzcoa había sido construída y mantenida por Navarra hasta ese momento. 

El laudo fue firmado, en el siguiente orden, por Jáuregui (Vizcaya), Oroz (Navarra), Elorza (Guipúzcoa), Irujo (Navarra) y Aguinaga (Guipúzcoa), y con él ambas delegaciones renunciaron a las tarifas diferenciales o de compensación y a "establecer o crear otras equivalentes", de manera que la energía eléctrica volvió a fluir, sin sobrecostes artificiales, de un lado a otro de la muga.