Diario de Navarra

Presos de ETA que han cumplido condena en los últimos meses en la cárcel de Pamplona y han nacido en Euskadi han pedido su traslado a los centros de Zaballa y Martutene, en el País Vasco, al considerar que tienen más opciones de obtener beneficios penitenciarios. Que los reclusos reclamen cumplir sus penas en las prisiones más próximas a su entorno es habitual, no lo es tanto que justifiquen esa solicitud porque piensan que en un lugar determinado lo van a tener más fácil para lograr permisos, progresiones de grado... La diferencia es que en Navarra la gestión sigue en manos de Instituciones Penitenciarias mientras que en Euskadi depende del Gobierno vasco. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, el acercamiento de presos de ETA a cárceles de Euskadi y Navarra ha sido constante. La dispersión ha desaparecido. Un centenar de ellos ya cumple su condena en las dos comunidades. Los tres más alejados están en Estremera (Madrid). 7 PRESOS DE ETA EN PAMPLONA Sare y Etxerat señalaron que en la prisión de Pamplona hay siete miembros de ETA. Según sus datos, no se está adoptando «la más mínima actitud proactiva», se observan «retrocesos» y se sigue «sin acordar propuestas favorables ante cada petición de permisos por parte de los presos». Y sin ese aval, lograr que el juzgado dé el visto bueno es imposible. Una «posición inmovilista» que, añaden Etxerat y Sare, supone «una línea de actuación divergente con la que se mantiene en las prisiones gestionadas por el Gobierno vasco». Basauri, Zaballa y Martutene están desde el pasado octubre en manos del Ejecutivo de coalición PNV-PSE, mientras que la de Navarra sigue administrada por el Ministerio del Interior. La concesión de los beneficios o las progresiones de grado recae en última instancia en los jueces, pero la política de cada administración es clave porque sirve para allanar el camino. En el caso de Euskadi, tiene un papel central el ex juez de la Audiencia de Álava Jaime Tapia, fichado por la consejera Beatriz Artolazabal como asesor en política penitenciaria. El departamento de Justicia ha insistido en que uno de los puntos claves de su gestión es la justicia restaurativa con el objetivo declarado de facilitar la resocialización del interno. Y eso pasa por dar luz verde a permisos y progresiones de grado, si se dan las condiciones que exige la ley. La mayoría de las progresiones de grado concedidas por el Gobierno Vasco, en todo caso, han obtenido el aval de los jueces. AMPARO A DE PRADA La flexibilización de las condenas es el último gran caballo de batalla de la izquierda abertzale. A final de 2021 se trasladó la necesidad de que hubiese cambios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para frenar la cascada de recursos que se estaban planteando y que frenaban las progresiones de grado. En el punto de mira también se puso a la Sala de lo Penal del tribunal. Y ahí sí que ha habido cambios. La doctrina que se había fijado establecía que para que un preso etarra pudiese obtener el tercer grado debía expresar un perdón explícito a las víctimas. Pero el juez José Ramón de Prada recalcó hace unos días que no es así y concedió un permiso a un recluso. Ante los ataques verbales sufridos, Jueces para la Democracia ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que ampare al magistrado.

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Presos de ETA en Navarra piden su traslado a Euskadi para tener más fácil beneficios

La gestión de la cárcel de Pamplona está en manos de Instituciones Penitenciarias mientras que en Euskadi depende del Gobierno vasco

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