ANET y TRADISNA han denunciado la falta de diálogo del Gobierno de Navarra con el sector a la hora de decidir la instalación de peajes para camiones en las vías de gran capacidad, una media que consideran "una imposición" que "terminará pagando toda la sociedad".

Esta mañana el Parlamento ha tomado en consideración la proposición de ley que regulará este nuevo canon para vehículos pesados en la A-1, A-10, A-15, A-68 y N-121-A cuando según estas dos organizaciones "nadie apoya los peajes en el transporte" y de hecho a nivel estatal el PSOEpide "consenso", tal y como se recogió en el acuerdo con el Comité Nacional de Transportes por Carretera" (CNTC).

ANET y TRADISNA afirman en este sentido que “a ningún Gobierno se le ha ocurrido obstaculizar todavía más al sector" con la crisis de precios que atraviesan y de hecho subrayan que "la mayoría de los gobiernos" han adoptado medidas "más amplias a las estatales" para paliar la subida de los carburantes, que suponen ya "más de la tercera parte de los costes”.

“Sorprende” por eso, dicen en un comunicado, que “Navarra no haya comprendido la necesidad de dar apoyo al transporte, sector que sostiene al resto de la cadena de suministro” y que requiere analizar la inflación y "tomar decisiones basadas en datos actuales y contrastados, en estimaciones reales, en una escucha real a las partes y reflexión, dado que son muchas las familias que están pasando dificultades económicas y no es el momento de crear un nuevo impuesto a la sociedad en forma de peajes”.

Y es que este nuevo canon, aseguran, “va a encarecer el precio de las materias primas de la industria y la agricultura en Navarra, del transporte y del producto final, lo que repercutirá y terminará pagando toda la sociedad”.

Según los cálculos que aportan, los peajes supondrán un 20% del coste del transporte calculado en 0,2066 euros el kilómetro, y "ese 20% va a repercutir en toda la industria, agricultura y comercio de Navarra”, por lo que consideran necesario contar con un estudio previo que sea preciso.

Temen además que el Gobierno pretenda con estos peajes pagar los 1.300 millones que ha presupuestado para abordar las 250 obras que dice necesita la ed de carreteras de Navarra, y a los que suman el coste que supondrá la propia infraestructura para el control y cobro de los peajes y la nueva sociedad publica que los gestionará.

"Las carreteras se han pagado siempre entre todos a través de los impuestos, porque los transportistas ya pagamos unos impuestos extra de circulación, de hidrocarburos y de beneficios que supuestamente van destinados a la financiación de las carreteras”, indican ANET y TRADISNA, y aseguran que en 2019 "el transporte aportó 275 millones de euros a las arcas forales".

“Por esta razón, nos resulta irónico crear otro impuesto nuevo exclusivo para los vehículos pesados a través de una sociedad pública que, tal y como está redactada la ley, va a poder hacer lo que quiera: ni el sector ni la sociedad tendrán voto cuando se extienda también a los turismos, como ya anuncia Europa”, dicen.

Y añaden que “la proposición de ley ni siquiera tiene reflejados los importes de cada tramo, como sí tienen en Guipúzcoa", por lo que no saben "cuánto nos costará cada trayecto ni podemos determinar claramente el impacto que tendrá en la economía navarra”.

Al respecto se muestran convencidos de el pago de peajes "se acabará extendiendo a los turismos por no haberse priorizado el plan de carreteras en los presupuestos y por haber dado otro destino a los impuestos del transporte”, como sucede en Gipuzkoa con la A-636, donDe la sociedad pública Bidegui "ya está cobrando a todos los vehículos" salvo motos.

Por último critican “la urgencia" de la tramitación en el Parlamento de Navarra, "que sólo se explica porque el año que viene hay elecciones y esta medida no sería muy popular en periodo electoral”.

"En estos momentos de inflación no es hora de encarecer las exportaciones navarras, los costes de los productos locales manufacturados y finales a través de toda la cadena de suministro, ni de poner palos en las ruedas a un sector esencial que todavía no ha salido de la crisis", subrayan, y piden "detener esta medida precipitada, peligrosa y de legalidad dudosa que atenta además contra los principios de cohesión territorial, estrategia de desarrollo y libre circulación”.