El Gobierno de María Chivite ha negociado con EH Bildu con el fin de contar con los votos suficientes para que el Parlamento de Navarra convalide este jueves el decreto de ley foral que recoge una serie de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania.

Navarra Suma ya anunció que votará en contra de esas medidas y al Ejecutivo le bastaría con que EH Bildu se abstuviese. Según el portavoz del Ejecutivo, el socialista Javier Remírez, la negociación se está llevando a cabo a través de los grupos de la Cámara y ha señalado que las conversaciones "siguen abiertas". 

El Ejecutivo ya ha dado luz verde a una de las demandas de Bildu, la de dar ayudas por 4,2 millones a municipios y concejos navarros ante la subida de los precios del gas y la luz que están sufriendo. Se distribuirá en proporción al número de habitantes. Por ejemplo, Pamplona recibiría 309.500 euros y Tudela 82.800. Esta propuesta ha sido acordada y firmada por los socios del Gobierno (PSN, Geroa Bai y Podemos), con EH Bildu e I-E.

QUÉ RECOGE EL DECRETO DE LEY FORAL QUE CONVALIDARÁ EL PARLAMENTO ESTE JUEVES

El decreto de ley foral ya entró en vigor cuando se publicó en el BON, pero debe ser convalidado por el Parlamento, algo que se abordará mañana en el pleno. Incluye medidas urgentes para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, aunque sólo una de esas actuaciones tendrá efectos sobre la Hacienda Foral. Se trata de una deducción de hasta 3.000 euros para autónomos y microempresas para este año, por lo que será efectiva en 2023, que tendrá un coste estimado en 17,5 millones de euros.

La norma que este jueves votará la Cámara incluye además actuaciones para dar liquidez a las empresas con aplazamientos excepcionales de deudas tributarias o la exoneración a los autónomos de realizar el pago fraccionado del segundo semestre de este año. También se amplía en el Impuesto de Sociedades el plazo para acogerse a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios.

Por otro lado, declara exentas las ayudas derivadas del plan nacional de medidas urgentes; amplía a las viviendas de protección oficial el límite para la subida del precio del alquiler fijado en el 2%; simplifica y agiliza los procedimientos para poner en marcha instalaciones de energías renovables y establece medidas para agilización la gestión y ejecución de fondos europeos.

Por último, modifica la ley de contratos públicos para que en determinadas circunstancias se puedan revisar los precios del contrato al margen del régimen establecido en los pliegos.