Representantes de las asociaciones de pensionistas Sasoia, Pentxionistak Martxan y Oneka han rechazado la caridad este martes en el Parlamento y reivindicado el derecho a contar con pensiones "dignas y suficientes" a través de un sistema justo.

Para Patxi Erdozain, de Sasoia, tener pensiones dignas requiere evitar gastos como los del TAV y una "fiscalidad justa" , por lo que ha lamentado que haya pensionistas "viviendo de la beneficencia" porque "aquí manda el capital por encima de los gobiernos y es difícil obligarle a una fiscalidad justa" cuando "no hay otra salida".

Y ha criticado que la reforma de las pensiones aprobada recoja un IPC "con triquiñuelas con las que nos han robado el 3%", una edad de jubilación "abriendo las puertas a después de los 65 años" y unos planes privados de pensiones "incentivados" desde las instituciones que "relegan a la larga el sistema publico a un segundo plano".

Después de tanto tiempo "salen con esta chapuza ¿qué podemos esperar?", se ha preguntado y advertido de que "no es cuestión de poner parches de caridad sino de crear condiciones de justicia" y en la actualidad que existan Cáritas, el Banco de Alimentos y otras organizaciones "por desgracia es necesario porque no hay justicia" y para que la haya "la fiscalidad es fundamental".

Ana Sarobe, de Oneka, ha asegurado que este proyecto no se tiene en cuenta a las mujeres y ni siquiera se habla en la ley de la pensión mínima cuando las hay "inferiores a 500 euros", al tiempo que ha aseverado que la cara de la pobreza en las pensiones es de mujer, que ademas asume de forma gratuita los cuidados y por tanto no tiene cotización.

En este sentido ha comentado que los cuidados son una aportación a la sociedad que equivale al 30% o más del PIB, por lo que ha reclamado que se den por cotizados, ha criticado que pensiones complementarias que sirven para reducir cuantías, y destacado que "todos tenemos derechos porque todos pagamos impuestos, pero según quien está en el poder se mete el dinero en diferentes bolsas y quien tiene muchos ingresos no paga lo que le corresponde", algo que "no es demagogia, es una realidad".

Benito Uterga, de Pensionistak Martxan, ha lamentado que el gobierno haya " ignorado por completo las demandas de los pensionistas mientras las pensiones se han reducido con respeto a la situación anterior a la reforma" y que haga "oídos sordos también a la realización de una auditoría real a la Seguridad Social cuando paga miles de millones en prestaciones que le corresponde asumir al Estado propiciando así su déficit".

Ha reivindicado además la pensión mínima de 1.080 euros porque "aumentar un punto no recorta la brecha salarial ni reduce la diferencia entre pensiones mínima y medias" cuando la reforma laboral "profundiza en el deterioro alargando la edad de jubilación y los años de computo, lo que puede suponer un 12% en 10 años, igual que la pérdida de poder adquisitivo desde 2011", a lo que también influyen "unos salarios de miseria".

"Esta es la reforma más agresiva de los once último años y también la que más va a deteriorar el sistema publico de pensiones" por la "pérdida de ingresos" que tendrá la Seguridad Social debido a lo planes privados de empresas a pesar de que el sistema ya "ni es justo ni es suficiente", "no garantiza el IPC" y "queda por ver si está anulado el factor de sosteniblidad de 2011 que entra en vigor en 2027".

Jorge Esparza, de Navarra Suma, ha pedido "honestidad y responsabilidad" a quienes gobiernan y apoyan a los gobiernos ya que "no han cumplido sus compromisos", ha abogado "por un sistema publico de pensiones suficientes y sostenibles, con una fuente de financiación cierta y en un marco de solidaridad y transparencia", ha recordado las mejoras que gobierno de UPN aprobaron en materia de pensiones y señalado que se podrían evitar "gastos superfluos" como la estructura del Gobierno foral mientras el TAV genera puestos de trabajo.

"Esta es una reforma ambiciosa y absolutamente necesaria", ha afirmado la parlamentaria del PSN Nuria Medina, que ha puesto en valor la revalorización por ley, recordado que "solo votó en contra la parte derecha del Congreso que no cree en el sistema publico de pensiones" y sostenido que volver al Pacto de Toledo "da estabilidad y garantiza las pensiones de hoy y de futuro", para lo que también ha valorado la subida del SMI que al mismo tiempo ayuda a terminar con la brecha de género.

Para Geroa Bai, ha dicho Isabel Aranburu, la reforma de las pensiones "ha traído algunas mejoras" porque "ha quitado la espada de Damocles", remite el cálculo de la revalorización al IPC aunque no al anual, establece un mecanismo de equidad intergeneracional y elimina gastos impropios, pero sin embargo ha considerado "preocupante" alargar el cálculo de la pensión de 25 a 35 años, criticado los planes privados y denunciado que sigue pendiente la brecha de género.

Patricia Perales, de EH Bildu, ha compartido la lectura "crítica" de los pensionistas con la última reforma, "insuficiente totalmente" ya que permite pensiones inferiores a los 800 euros cuando es posible contar "con pensiones dignas para todas las personas", y ha subrayado que hay pensionistas "sufriendo pobreza" y la mayoría tienen rostro de mujer, por lo que la solución es "una cuestión de prioridades" y fiscalidad.

Marisa de Simón, de I-E, ha afirmado que "efectivamente manda el capital" y así hay muchas más pensiones por debajo de los 1.000-1.200 euros al mes que por encima, entre ellas las pensiones de viudedad que de media superan por muy poco los 800, y ademas "ha advertido del "riesgo" para las pensiones del futuro, cuya garantía pasa por una "fiscalidad justa" y por que tengan como "referente el coste de la vida".