Navarra y el Estado formalizarán en una firma, este mismo jueves, que la Comunidad foral asuma la gestión económica del Ingreso Mínimo Vital, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2022. La parte navarra de la Junta de Transferencias ha avalado por unanimidad el acuerdo este lunes por la tarde. Esto no supone que Navarra reciba la transferencia de esta prestación de la Seguridad Social; sólo, como se señalaba, asumirá su gestión económica.

La mayoría del Parlamento de Navarra respalda sin fisuras que la Comunidad foral asuma esa gestión, algo que han aplaudido los portavoces de PSN, Geroa Bai y Podemos, el tripartito que integra el Ejecutivo, pero también de Navarra Suma. Su hoy portavoz, el líder de Ciudadanos Carlos Pérez Nievas, ha indicado que es “lógico” que para “mayor eficiencia y eficacia” la Comunidad foral asuma la gestión administrativa, dado que esta prestación está relacionada con la Renta Garantizada que da Navarra.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha recalcado que no se trata de una transferencia para Navarra de personal o medios materiales, sino sólo de asumir la gestión económica de esta prestación de la Seguridad Social.

INFORME DE VALORACIÓN

El Ejecutivo ha trasladado a los representantes de los diferentes grupos políticos el informe realizado por el Gobierno de Navarra en torno a la valoración sobre la asunción por parte de Navarra de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Dicho informe concluye que a la Comunidad Foral le corresponderían en 2022, tomando como referencia de un año completo, 48,35 millones de euros. Esta cifra es la resultante de aplicar el índice de imputación previsto en el Convenio Económico (1,60%) al coste estimado a nivel estatal del programa Ingreso Mínimo Vital (3.021,9 millones de euros).

Mientras tanto, en lo relativo al gasto, el informe explicita que se estima que el gasto anual pudiera estar en torno a los 41,2 millones de euros, teniendo en cuenta también, además de la propia prestación, que a lo largo del año puede haber nuevos reconocimientos, y bajas en la misma.

GESTIÓN DESDE NAVARRA

Por otro lado, desde el punto de vista de la gestión, el Ejecutivo foral ha informado de que el traspaso se va a realizar en dos fases. En una primera, hasta el mes de septiembre, los pagos los seguirá realizando la Seguridad Social si bien se procederá a un ensamblaje de los sistemas informáticos de la seguridad social con el sistema de información y gestión de prestaciones del departamento de Derechos Sociales.

Igualmente, se crearán unidades administrativas de tramitación en las áreas de servicios sociales con la finalidad de asesorar a las personas interesadas en la tramitación de la solicitud, así como a los servicios sociales de base para una progresiva adaptación integrada de tramitación entre renta garantizada e ingreso mínimo vital, facilitando así la gestión a la ciudadanía navarra.

A partir del 1 de octubre, el departamento de Derechos Sociales deberá tener los dispositivos y recursos para realizar todas las funciones que en este momento viene realizando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) relativas a la información y orientación a particulares, tramitación de solicitudes, reconocimiento de derechos, abono de cuantías, control y seguimiento de expedientes.

De esta forma, Navarra "va a reforzar el nivel de manera importante" su nivel de protección social, "mejorando tanto la gestión de las prestaciones como la inclusión social y laboral de las familias navarras con más dificultades y/o en situación de pobreza".