Los sindicatos LAB, AFAPNA, ELA, UGT, CC OO y USAE denunciaron este miércoles conjuntamente “el ninguneo y la política de hechos consumados” que la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), dependiente del departamento de Derechos Sociales, viene aplicando a las plantillas de las residencias, una política que está provocando consecuencias “muy perjudiciales” tanto para el personal afectado como para “el funcionamiento de los propios centros”. Según explicaban, lejos de contribuir al “modelo centrado en la persona” del que se ha hecho bandera por parte del Gobierno de Navarra, Derechos Sociales parece haber apostado por “un modelo centrado en ahorrar costes”.

Entre otras cuestiones, culpan a la gerencia de la ANADP “destruir empleo” amortizando plazas “absolutamente necesarias” para crear “puestos de trabajo precarios con contratos solo de fines de semana”, a lo que se une la modificación de calendarios y jornadas diarias “impidiendo conciliar la vida laboral con la personal y familiar”. Además, aseguran que las medidas impulsadas por la ANADP están obligando a los trabajadores de categorías inferiores a asumir responsabilidades y funciones de niveles superiores. A ello se une la grave acusación de incumplir la normativa laboral del personal al servicio de las administraciones públicas y, sobre todo, pasar por encima de la ley de prevención de riesgos laborales. El contundente comunicado de los sindicatos también constata una “falta de transparencia absoluta en la contratación de personal” y las continuas “faltas de respeto que se dan en las relaciones con la plantilla”.

Según la nota firmada por la representación social de las plantillas de la residencia El Vergel, residencia Santo Domingo, centro San José y residencia Lur-Gorri, la ANADP está actuando “a espaldas de la representación de los trabajadores”. Asimismo señalan las contradicciones del discurso de la consejera del ramo, Carmen Maeztu, que defiende públicamente por “crear más empleo de calidad y disminuir desempleo”, al tiempo que aboga por “incrementar sustancialmente las plazas concertadas”, algo que, a juicio de los sindicatos, puede suponer la destrucción del servicio público de atención residencial.

Los representantes legales de las plantillas de las residencias señalan la flagrante contradicción del discurso público del Gobierno de Navarra frente a la realidad diaria que se vive en los centros, cuyas direcciones actúan “en connivencia” con las políticas promovidas desde “la gerencia” de la ANADP.

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