Diario de Navarra

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha condenado al departamento de Educación del Gobierno de Navarra a indemnizar a las empresas del transporte escolar por los servicios cancelados durante los meses del confinamiento por la covid-19, entre marzo y junio del año pasado. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, recurrible, admite la demanda de la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística (Anet), y dictamina que el Gobierno foral tendrá que abonar el 50% del importe del precio diario pactado para esos meses, tal y como figura en el pliego de condiciones firmado en su día. El pleito se centraba en lo ocurrido a partir del 13 de marzo de 2020, cuando el Gobierno foral decretó “la suspensión de toda actividad educativa presencial” y, en consecuencia, la suspensión “por motivos de interés público” de los contratos de los servicios de transporte escolar y comedor desde el 16 de marzo . Para paliar los daños y perjuicios ocasionados por la crisis sanitaria, el Gobierno de Navarra aprobó en abril una Ley Foral de medidas urgentes que contemplaba una compensación (sobre todo en cuanto a salarios, seguros y costes sociales) para todos los contratistas afectados por la suspensión de servicios públicos, incluido el transporte escolar. Sin embargo, los representantes de este sector (los de vehículos de más de 9 plazas) rechazaron que se les aplicara esta ley. En su opinión, a ellos había que indemnizar de acuerdo a las condiciones específicas que figuraban en la cláusula 14 de su contrato, y que contemplaban “el abono del 50% del precio cuando no se pueda realizar el servicio de forma completa o parcial, por causa mayor, o por motivos de inclemencias meteorológicas o de seguridad de los usuarios”, una cantidad bastante más elevada que la que les correspondía por la ley de abril. El Gobierno se opuso a la aplicación de la cláusula 14, argumentando que se refería a suspensiones de servicios concretos y no para una suspensión general del transporte escolar, como ocurrió al inicio de la pandemia. Defendidos por el abogado Fernando Isasi, de Iore Abogados, el TSJN ha dado la razón a los transportistas. Los magistrados afirman que la declaración del estado de alarma y la suspensión de la actividad educativa presencial “debe calificarse como causa de fuerza mayor, toda vez que la emergencia decretada por la covid-19 constituye un evento externo, ajeno y no provocado por las partes contractuales, imprevisto e irresistible, que impide el cumplimiento del contrato por parte de los contratistas”. La sentencia reconoce que la causa de fuerza mayor afecta al servicio completo y no a determinadas rutas, “pero la cláusula 14 no limita sus efectos a la imposibilidad de realizar el servicio en determinadas rutas”, afirman. Por tanto, que exista un sistema general de indemnización (la Ley Foral de abril) “no impide ni desplaza la aplicación de un régimen de indemnización diferente contenido expresamente en el pliego de condiciones” del contrato.

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Condenan a Educación a indemnizar al transporte escolar por la covid-19

El TSJN dicta que hay que aplicar el contrato y abonar el 50% de los meses del confinamiento

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