Las asociaciones de víctimas han dado la espalda al acto convocado por el Gobierno de Navarra por los 10 años del final de ETA y no ha asistido ninguno de sus representantes. El martes ya había avanzado ANVITE, la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA que no iba a asistir al considerar que era un “movimiento más” en el “blanqueamiento” de ETA y Bildu.

La declaración del Gobierno de Navarra con motivo de este día no ha incluido en ningún momento la palabra condena, algo que para Navarra Suma tiene un objetivo, que es “no incomodar a Bildu”. Por esa razón y la ausencia de las víctimas tampoco ha acudido ningún representante de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP.

El acto ha tenido lugar en la Plaza del Baluarte, frente al Monumento a las Víctimas, a las 10 de la mañana. Han asistido los miembros del Gobierno con la presidenta María Chivite al frente, el presidente del Parlamento Unai Hualde y parlamentarios de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E y el parlamentario de Bildu, miembro de Eusko Alkartasuna, Maiorga Ramírez. Estaba también el Defensor, Javier Enériz; un representante de la Delegación de Defensa y la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo del Gobierno central, Monserrat Torija.

En la declaración, que ha leído en castellano la presidenta María Chivite y en euskera la consejera Ana Ollo, se hace una referencia a EH Bildu, pero no pidiéndole que condene el terrorismo, sino reclamándole que haga “una reflexión ética integral”. Literalmente, se dice en el acuerdo que ha leído Chivite: “Valoramos los pasos dados desde hace una década por la izquierda abertzale, también el último de esta semana de reconocimiento de que el dolor y el sufrimiento causado a las víctimas de ETA nunca debieron producirse. Es necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan una reflexión ética integral”.

Este punto se ha añadido tras la declaración que el pasado lunes leyó el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. El resto, queda como el Ejecutivo hizo llegar al Parlamento al inicio de semana. En ella, el Gobierno manifiesta que la violencia terrorista de ETA, además de "injusta e ilegítima" supuso "una violación de los derechos humanos" y fue "una amenaza a la democracia y a la convivencia".

El Gobierno señala que va a "continuar con el apoyo y la atención a las víctimas de ETA" en políticas públicas que hagan efectivo su derecho a "la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

Acuerda, además, "rechazar cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y sus familias" y afirma que va a fomentar "una memoria plural y crítica con el pasado, asentada en el reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas de ETA".

El Ejecutivo destaca que va a desarrollar "una estrategia integral para la convivencia que, frente a la violencia terrorista consolide el compromiso con los valores democráticos, respeto mutuo y diálogo y el respeto a los Derechos Humanos".

Por último acuerda "promover que las nuevas generaciones conozcan el impacto del terrorismo, fomentando la empatía con las víctimas", en el marco del programa que "impulsa la presencia en la aulas de víctimas del terrorismo educadoras".