El proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética que el Ejecutivo navarro remitirá al Parlamento tras su aprobación este miércoles en sesión de Gobierno recoge medidas concretas para la mitigación y adaptación al cambio climático que comprometen a la sociedad navarra en su conjunto, tanto a las personas como a las entidades públicas y privadas. Medidas que afectan desde a la edificación, hasta el alumbrado público, la movilidad, las energías renovables, el medio natural y la biodiversidad, pasando por el entorno urbano y las personas más vulnerables.

En el ámbito de la movilidad, la norma obligará a todas las entidades locales de más de 1.000 habitantes a disponer, en el plazo de dos años, de al menos un punto de recarga de 7,4kW, como mínimo, de uso general público por cada mil habitantes “que permita la recarga de ciclomotores, bicicletas eléctricas y otros vehículos de movilidad personal”. Además, los municipios que superen los 5.000 habitantes, deberán adoptar individualmente o de forma conjunta con otros colindantes, planes de movilidad sostenible.

La futura Ley Foral busca dar un nuevo impulso a las energías renovables y priorizar el transporte sostenible. Prevé la creación de empresas públicas y mixtas de generación de energías renovables, la Ley promoverá la instalación de parques eólicos y obligará a instalar placas de energía solar en nuevas construcciones. Al objeto de priorizar el transporte sostenible, las grandes empresas y centros comerciales deberán articular planes de transporte para sus usuarios.

Será, en palabras de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, “la herramienta más importante con la que contará Navarra para encarar los retos climáticos presentes y futuros”. Establece medidas concretas que afectan a las administraciones, las empresas y las personas para avanzar en la mitigación de gases de efecto invernadero, la articulación de un nuevo modelo energético en la Comunidad foral y la adaptación al cambio climático. “La emergencia climática exige pasos concretos, firmes e inmediatos y ese es el camino que ha iniciado Navarra con esta ley”, remarcó.

En el ámbito residencial y terciaria, destaca el hecho de que la iluminación ornamental, publicitaria y comercial deberá permanecer apagada durante el periodo nocturno en el que disminuya la actividad. Antes del 1 de enero de 2025 todos los edificios de Navarra de uso comercial o terciario deberán contar con el certificado de calificación energética registrado en el Registro público de certificados de Navarra. Para ello, el Departamento competente destinará una línea de ayudas para la realización de los certificados durante los años 2022, 2023 y 2024.

El Gobierno de Navarra establecerá los medios para que a partir del 1 de enero de 2030 los edificios de vivienda colectiva de Navarra tengan la calificación energética clase “C” o superior. Asimismo, antes del 1 de enero de 2026 el Gobierno foral aprobará un Plan de Rehabilitación de la Vivienda de Navarra.

Además de las medidas concretas que el texto desarrolla, dentro del apartado de Gobernanza, el proyecto de ley establece que en el plazo de un año el Gobierno de Navarra deberá iniciar los trámites para la creación de la Agencia de Transición Energética de Navarra. Por otra parte, el Gobierno de Navarra se dotará de dos instrumentos de planificación como son: la Oficina de Cambio Climático de Navarra, como instrumento ejecutivo de las acciones necesarias y el Fondo Climático, como instrumento de cofinanciación de los planes e iniciativas.

El proyecto de ley navarro recoge, además, un régimen sancionador dada la repercusión que las infracciones a esta ley generan en la lucha contra el cambio climático.

De esta manera, el texto explicita una serie sanciones, desde leves, hasta graves o muy graves y que contemplan multas desde 600 euros hasta un millón.