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Tribunales

Las 10.000 multas impuestas entre marzo y junio de 2020 en Navarra, en el aire

El Constitucional declara ilegal el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma

Vecinos de Erripagaña aplaudiendo a los sanitarios desde sus balcones durante el confinamiento
Vecinos de Erripagaña aplaudiendo a los sanitarios desde sus balcones durante el confinamientojOSÉ a.goñi
Actualizado el 15/07/2021 a las 07:58
Los agujeros legales derivados de la gestión de la pandemia de la covid-19 en España siguen creciendo. Un Tribunal Constitucional dividido casi por la mitad declaró ayer -por seis votos a favor y cinco en contra- que el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez entre el 14 marzo y el 21 de junio de 2020 para frenar la primera oleada del coronavirus fue ilegal por no tener el amparo de la Carta Magna. Entiende que aquel encierro estricto solo podía haberse hecho con un estado de excepción porque fue una suspensión de derechos fundamentales y no una simple limitación.
La cuestión no es baladí y afecta de lleno a Navarra con efectos prácticos para sus ciudadanos porque abre la puerta a la anulación de miles de sanciones que se impusieron en la comunidad durante los tres meses de confinamiento. Fueron en torno a 14.000 multas y la mayoría, más de 10.000, por incumplir las restricciones de movilidad establecidas en los apartados del artículo 7 del decreto del estado de alarma relativo a la limitación de la libertad de circulación de las personas que ha sido declarado inconstitucional y, por consiguiente, nulo.
La polémica está servida. A la espera de conocer el texto de la decisión que no se espera hasta la vuelta de las vacaciones -lo que se conoció ayer fue un adelanto de la parte dispositiva-, los expertos consultados se muestran cautos a la hora de valorar el alcance de la decisión. Coinciden en que pese a considerar que el confinamiento domiciliario fue ilegal todavía no está claro si esa decisión permitirá anular todas las denuncias que se impusieron en base al artículo ahora declarado inconstitucional o sólo una parte de las mismas. Para que caigan todas tendría que especificarlo así la sentencia del Constitucional, que puede hacerlo. Si no llega a ser tan explícita, lo normal, según las fuentes consultadas, es que no se anulen aquellas multas que ya están cobradas (es decir, no se devolvería el dinero), pero sí las que están en proceso de recurso o las que no llegaron a abonarse. Lo mismo podría suceder con los procedimientos penales aún abiertos por desobediencia a las autoridades. Los que aún no estén cerrados en firme deberán concluirse con el archivo o la absolución.
En todo caso, según apunta el abogado penalista Eduardo Ruiz de Erenchun, el tribunal podría optar por restringir o limitar el ámbito de las reclamaciones que se pudieran realizar tras la sentencia algo, dice, factible en supuestos que puedan afectar a la economía nacional. Permitir la revisión de todas esas multas, asegura, supondría “paralizar la justicia de este país por lo que quiero entender que el tribunal lo regulará”. Esa posibilidad cerraría la puerta a la devolución cuando menos de las multas ya pagadas.
Las causas de utilidad pública o interés social que la ley menciona para permitir expropiar los derechos reconocidos en una sentencia firme son el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional.
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